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La crisis de la educación
Otro de los problemas que son muy importantes para los nicaragüenses —mucho más que los bochornosos pleitos de los diputados— , y por lo tanto los que merecen la atención pública, es el de la crisis de la educación nacional, que se expresa en situaciones lamentables como la enorme proporción de bachilleres reprobados en los exámenes de admisión universitaria.
Este problema, que es estructural y recurrente, estalla siempre a principios de año, ocupa durante unos días la atención del público, pero nunca se resuelve. Al respecto LA PRENSA informó el miércoles de esta semana que en la UNAN-Managua “de 6,778 jóvenes que se presentaron a efectuar la prueba de matemáticas, solamente 402 lograron aprobarlo, es decir 5.93 por ciento”. Y agregó que esta cifra es menor que la del año pasado, que fue de nueve por ciento. Además, el problema no es sólo en la UNAN sino que lo mismo ocurre en todas las universidades financiadas por el Estado.
El Ministro de Educación reaccionó a esta información acusando a las universidades de hacer negocio con la reprobación masiva de los bachilleres, ya que éstos tienen que pasar por los cursos de nivelación “que son exigidos pero no gratuitos”. Además, el Ministro se preguntó —y dejó flotando en el aire su propia respuesta— “qué tan interesadas están en tener el mayor número de alumnos posibles” (ya que) “si las universidades se reparten el seis por ciento, independientemente del número de alumnos, pues es mucho más sencillo tener el menor número de alumnos posible”.
Funcionarios de alto nivel de las universidades acusadas por el Ministro de Educación, replicaron con las descalificaciones personales e institucionales que se acostumbran en estos casos. Pero también aclararon que para las universidades financiadas por el Estado tener menos alumnos no puede ser negocio, porque la distribución de la asignación presupuestaria del seis por ciento se hace, entre otros criterios de reparto, de acuerdo con la cantidad de matrícula de cada universidad que recibe los recursos públicos. No obstante, los funcionarios universitarios no negaron que los cursos de nivelación —por los que obligatoriamente tienen que pasar los alumnos reprobados en los exámenes de admisión a la enseñanza superior—, son pagados por los estudiantes y representan una considerable cantidad de dinero extra que ingresa a las finanzas de las universidades financiadas por el Estado, cuyo manejo sigue siendo un misterio para el público debido a la interpretación y uso político partidista que se le da a la disposición constitucional de la autonomía universitaria.
Entre los dimes y diretes del Ministro de Educación con los funcionarios universitarios, ambas partes han presentado argumentos veraces, evidentemente, pero también algunas medias verdades que confunden el problema, en vez de esclarecerlo como es indispensable para buscar cómo resolverlo.
A nuestro juicio, lo que se debería hacer es pedirle a una entidad que esté estrechamente vinculada a la educación nacional pero que sea independiente del Gobierno y del Consejo Nacional de Universidades —como por ejemplo la ONG Eduquemos o el Foro Nacional de la Educación, que es es un organismo institucional que representa a diversos sectores de la sociedad y el Estado—, que investigue éste y otros graves problemas de la educación pública de Nicaragua, y que propongan las medidas apropiadas para enfrentarlos y tratar de resolverlos.
Por ejemplo, hay que determinar cuáles deben ser las prioridades en la atención a los subsistemas educativos y establecer el mecanismo apropiado para su coordinación; poner en claro si es correcto o no que las universidades financiadas por el Estado tengan sucursales o anexos privados; dictaminar si las universidades deben cobrar por los cursos de nivelación, o proporcionarlos gratuitamente, y a partir de qué puntuación alcanzada en el examen de admisión universitaria que se reprobó se puede tener derecho a nivelar; obligar a todas las universidades que reciben fondos del Estado, a que le rindan cuentas al público; promover un mayor ingreso a las carreras técnicas; mejorar la formación y la remuneración de los maestros; recomendar cual debe ser el porcentaje adecuado del Presupuesto General de la República que se asigne a la educación nacional, etc.
Desde tiempos remotos se sabe que la educación es el instrumento insustituible para el desarrollo del pensamiento de las personas y para promover la integración y el progreso de la sociedad. Ya es tiempo de comenzar a tratarla como tal.