A lgunos políticos malinterpretaron lo que dijimos en el editorial de LA PRENSA del martes de la semana pasada (“Que se vayan todos”) acerca de que sólo con acciones drásticas es que los ciudadanos podrían romper el círculo vicioso de la crisis institucional en que se encuentra el país, por culpa del pacto libero-sandinista.
La mala interpretación consistió en que confundieron acciones drásticas con violencia, tal vez por mal conocimiento del idioma español aunque personas que ocupan las más altas posiciones de poder político, social, económico, cultural o religioso, no deberían desconocer la semántica de la lengua que hablamos todos los nicaragüenses.
Drástico, dice el Diccionario de la RAE, significa riguroso, enérgico, radical y draconiano. De manera que cuando nosotros decimos acciones drásticas que a nuestro juicio deberían emprender los ciudadanos para romper el círculo vicioso de la crisis institucional y política causada por los caudillos del PLC y el FSLN, estamos hablando —en el buen sentido del idioma español— de medidas “rigurosas, enérgicas y radicales”. Eso no significa acciones violentas porque —repetimos— drástico no es sinónimo de violencia, como lo sabe cualquier persona que domina el idioma español aunque sea básicamente.
En realidad, LA PRENSA jamás ha sido promotora de la violencia en ninguna de sus formas. Por el contrario, LA PRENSA ha sido la víctima de acciones violentas en muchos tramos de sus ochenta años de existencia. Sobre todo en las épocas de las dictaduras liberal y sandinista — que fueron feroces enemigas de la libertad de expresión e información— LA PRENSA sufrió la violencia en sus peores modalidades, pero aún ahora ha soportado los asesinatos de dos de sus periodistas, el terrorismo fiscal del gobierno corrupto de Arnoldo Alemán, la sandinista Ley Arce contra la libertad de prensa y, más recientemente, las agresiones de turbas organizadas y encabezadas por el alcalde sandinista de Granada.
Cabe señalar que los pactistas y sus aliados corruptos están empujando el país hacia el pasado, a situaciones de partidarismo institucional, de corrupción y autoritarismo caudillista que deberían estar enterradas para siempre. Hasta un monumento para exaltar el crimen político como forma de “resolver” los problemas nacionales, está erigiendo ahora uno de los dos partidos autoritarios y caudillistas, al que por cierto están asociados algunos personajes que, sin embargo, se rasgan las vestiduras porque en un comentario editorial se dice que los ciudadanos necesitan realizar acciones drásticas para poder resolver la crisis institucional y política que está sufriendo el país.
Nosotros, cuando hablamos de acciones drásticas, estamos pensando en que no sólo los desacreditados e inconfiables magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), sino también los de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los cabecillas de las demás instituciones estatales que han sido degradadas por la politización partidarista, deberían ser sustituidos con personas que por su profesionalismo y probidad gocen de la confianza de los ciudadanos.
Sin embargo, todos esos altos funcionarios son nombrados por el Poder Legislativo y como muy bien se sabe la mayoría de los diputados son sus camaradas y correligionarios, de modo que lo que harían sería designar otros magistrados y demás funcionarios iguales o peores que los de ahora.
Eso significa que la más importante acción drástica que los ciudadanos podrían y deberían realizar para sacudirse el yugo corrupto y autoritario del pactismo y el caudillismo libero-sandinista, sería la de barrer en las elecciones del próximo 5 de noviembre al FSLN y el PLC. Así se podría elegir nuevos diputados que vayan a la Asamblea Nacional a ejecutar la voluntad popular y a transformar drásticamente —mediante una reforma constitucional parcial pero profunda o una constituyente— la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos.