- Después de una larga espera, la Ley General de Educación fue aprobada con algunos artículos que han causado desacuerdo, desilusión y preocupación dentro del sector educativo. La nueva ley establece un incremento en el presupuesto de este sector y una serie de beneficios para el magisterio nacional. Ahora la ley espera su aprobación o el veto presidencial, porque se espera que después cambie la forma de enseñar y aprender en las escuelas del país.
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siempre habrá una mala educación
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A pesar de una espera de más de cien años, la llegada de una Ley General de Educación no causó la alegría que se pensó causaría, porque para algunos de los actores del sistema educativo esta ley trae desventajas que podrían desviar el camino de la educación.
La Ley Fundamental de Instrucción Pública, aprobada en 1894 y derogada en 1910, fue lo más parecido a la Ley General de Educación que Nicaragua está pronta a tener, porque aunque fue aprobada el pasado 22 de marzo, el proyecto de ley ahora está en una nueva espera: la de su aprobación o derogación presidencial.
Sin embargo, algunos actores de la educación ya han manifestado desacuerdo con lo que la nueva ley establece.
El Ministro de Educación, Miguel Ángel García, por ejemplo, considera que la ley es buena o mala “dependiendo de la esquina en que esté parado uno”.
“Para empezar está poniendo muchas de las funciones del ministerio en manos del Consejo Nacional de Educación (CNE), cuyo rol no es precisamente la administración de la educación, sino planificar junto al ministerio la educación. Ahora eso se va a restringir aún más a una planificación que va a estar en manos del consejo. Se desvirtúa la esencia de lo que es la educación”, opinó García.
El especialista en educación, Carlos Tünnermann, compartió la opinión de García en cuanto a las atribuciones que la ley le asigna al CNE y señaló que existe una serie de artículos que dan pie a interrogantes.
Como ejemplo señaló que la ley en su artículo 17 establece que el subsistema de educación básica, media y formación docente es administrado y dirigido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) y en el artículo 60, inciso b, le atribuye al CNE administrar los planes de desarrollo para el sistema de educación nacional.
De acuerdo con Tünnermann, la ley se contradice a sí misma y contradice la Constitución Política en lo que se refiere a las contribuciones voluntarias, porque en el considerando uno establece que la educación es gratuita, pero admite las contribuciones voluntarias en secundaria, como se establece en el artículo 121 de la Constitución, sin embargo, en el artículo 90 esta ley prohíbe las contribuciones voluntarias.
Criticó además el hecho de que la ley tiene artículos que le quitan su carácter general y la convierten en una “camisa de fuerza”, como el establecer el número de alumnos por aula y delimitar cuáles son los cargos de confianza.
EL PRESUPUESTO
El artículo 91 de la Ley General de Educación establece que el presupuesto de la educación no superior se incrementará en un cinco por ciento de los ingresos tributarios hasta el 2015.
Según García, no es posible porque en primer lugar el presupuesto del MECD para el 2015 sería el 36 por ciento del Presupuesto General de la República y sumado con las otras asignaciones constitucionales se habría comprometido el 50 por ciento para el MECD, las universidades y la Corte Suprema de Justicia, dejando la mitad del presupuesto para más de diez ministerios y demás instituciones.
El diputado Orlando Mayorga, presidente de la Comisión de Educación, Medios de Comunicación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, afirmó que García ve mal este incremento presupuestario porque será él quien lo administre.
“Por primera vez en la historia un ministro dice que no le demos plata para invertir en educación. Qué calidad de mentalidad del ministro que le estamos dando el presupuesto por ley. El problema es que no lo va a administrar”, expresó Mayorga.
Admitió que los diputados están pensando que el Presidente de la República, Enrique Bolaños, vetará la ley en lo que a presupuesto se refiere. “Queremos llegar a una negociación responsable porque estamos abiertos a una negociación. No tiene lógica que él vete y aquí lo matamos”.
“La idea es que podamos sentarnos el Ministerio de Hacienda, la Comisión de Educación y el Ministerio de Educación y decir mirá hagamos numeritos, hagamos numeritos más reales”, añadió.
El economista René Vallecillo contradijo a García y aseguró que el incremento del cinco por ciento de los ingresos tributarios para educación sí es viable.
Calculó que el incremento en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, MECD, será cercano a los mil millones de córdobas.
Expresó que además de este cinco por ciento hay que considerar el incremento natural de las diferentes partidas que tiene el Ministerio de Educación, como las donaciones y el incremento en materiales y servicios públicos.
Advirtió que si hay un incremento sustancial en las otras partidas, además del incremento del cinco por ciento, sí se debe considerar que tendrá un impacto en el Presupuesto General de la República.
De acuerdo con Vallecillo, algo que podría causar un incremento en el presupuesto del MECD y que ya no haría viable la nueva ley es la cancelación de las cuotas voluntarias, porque muchos de los institutos públicos dependen de estas contribuciones y al no recibirlas el costo recaería en el presupuesto del MECD.
“Hay que medir las consecuencias que eso tiene en la distribución del gasto y lo que es el déficit fiscal. Si no hay un aumento sostenido, tanto por la vía de las recaudaciones y la vía de las donaciones y préstamos, entonces lo que hacemos es aumentar el déficit fiscal y crear inestabilidad en la economía”, aseguró.
Rechazó el cálculo de García que en el 2015 el presupuesto del MECD alcance un 36 por ciento del Presupuesto General. Y manifestó que el incremento del cinco por ciento está en consonancia con el aumento que el Presupuesto Nacional está teniendo anualmente.
“Es viable en cuanto las otras partidas no sean tan significativas (incrementos del MECD). Sí se puede administrar, sobre todo pensando que la educación es una prioridad nacional, sobre todo la educación básica”, remarcó Vallecillo.
“Hay que ir pensando que la educación es la base del desarrollo del país y que debe tener claridad sobre cualquier cosa”, agregó.
LOS MAESTROS
En medio de la discusión por la Ley General de Educación se encuentran una serie de beneficios para más de 35 mil maestros, quienes han estado esperando la creación de esta ley.
Muestra de ello es que en 1988 se trabajó un capítulo de una propuesta de Ley General de Educación, que en 1990 se convirtió en la Ley de Carrera Docente, por la que actualmente se rige el magisterio nacional.
El artículo 102 de la Ley General de Educación establece que el salario de los maestros se incrementará hasta alcanzar el promedio de los docentes centroamericanos en un período de cinco años.
García asegura que no es posible igualar el promedio del salario de los maestros a nivel centroamericano, porque no se considera el hecho de que los países de la región tienen economías diferentes.
Tünnermann por su parte indicó que es justa la igualación del salario al promedio centroamericano.
“Hay que ser congruentes con lo que siempre decimos. Se dice que el maestro ejerce un apostolado, son los forjadores del futuro a través de las nuevas generaciones. Seamos congruentes con el discurso y reconozcamos eso económicamente”, apuntó Tünnermann.
Vallecillo por su parte enfatizó este punto porque calculó que si el incremento del salario de los maestros no está incluido en el aumento del cinco por ciento, eso incrementaría el presupuesto del MECD aún más y no lo haría sostenible.
De acuerdo con el economista, si el incremento del cinco por ciento de los ingresos tributarios incluye el aumento del salario del magisterio se requieren más años para alcanzar el promedio centroamericano.
“Creo que uno de los puntos es que a las leyes no se les hace un cálculo económico o cuál es el costo fiscal que tiene la medida. Hay una voluntad, hay un deseo, es legítimo, pero no se hace el análisis técnico económico respectivo para medir el costo fiscal”, enfatizó Vallecillo.
El artículo 102 de la Ley General de Educación establece además que los maestros se jubilarán con el ciento por ciento del último salario.
De acuerdo con García, esto llevaría a la quiebra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, porque otros sectores pedirían este beneficio.
El diputado Orlando Mayorga indicó que ésta es únicamente una forma nueva de calcular la jubilación de los maestros. Porque además del salario básico los educadores reciben otras prestaciones como el zonaje, la titulación y la antigüedad. La jubilación de acuerdo con la Ley General de Educación se haría en base al salario total.
Vallecillo por su parte no ve la posibilidad de una quiebra del INSS porque existe un límite para la jubilación que es de 1,500 dólares y apuntó que no se trata de jubilar a los más de 35 mil maestros de una sola vez.
“Creo que todas estas prestaciones son salarios y debe ser con el total que se debe calcular. Cuántos maestros se pueden jubilar cada año. La crítica que se puede quebrar el INSS no es válida”, argumentó.
CNEA, ÚNICO EN SU ESPECIE
El Título VI de la Ley General de Educación, referido al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), es uno de los más esperados y criticados.
La Ley General de Educación establece que el CNEA además de acreditar a las universidades evaluará al MECD y al Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
En este capítulo se establece además que los cinco miembros del CNEA serán nombrados por la Asamblea Nacional, que además elegirá al presidente y vicepresidente de este organismo.
El CNEA rendirá cuentas a la Asamblea Nacional.
Nicaragua participó en la creación de un Sistema Centroamericano de Acreditación (CCA), un organismo de segundo piso para acreditar agencias y organismos de acreditación.
Sin embargo, esto no se menciona en la ley y al crearse el CNEA se establece que este organismo autorizará a cualquier agencia de acreditación, incluido el CCA.
El CCA es presidido por Carlos Tünnermann, quien ha señalado que el CNEA es un organismo “especial” porque no existe en la región nada parecido.
Según Tünnermann, no existe en Centroamérica un organismo que además de acreditar a las universidades evalúe los otros subsistemas de educación.
La Ley General de Educación establece que dos o más universidades sumen sus capacidades físicas materiales o académicas para fines de acreditación.
“Esto en el CCA causó estupefacción, que en Nicaragua una ley establezca eso. Seguramente se trata de proteger a universidades pequeñas o de garaje que no tienen los recursos y facilitarles el acceso a la acreditación”, advirtió Tünnermann.
El presidente del CCA hizo énfasis en que el CNEA será demasiado dependiente de la Asamblea Nacional, lo que no ocurre en ninguno de los países de la región.
Mayorga respondió criticando al CCA, diciendo “se han lucrado y se han beneficiado de muchos fondos que ellos han logrado a través de ese sistema de acreditación”.
“La máxima autoridad es la entidad del Estado y en este contexto el consejo va a ser la máxima autoridad y estas agencias serán acreditadas o evaluadas o autorizadas por el consejo nacional”, remarcó el diputado liberal.
Mayorga explicó que el CNEA rendirá cuentas a la Asamblea Nacional, porque es la primera entidad del control y revisión del cumplimiento de las leyes. “Tanto que el presidente anualmente, sea quien sea el presidente, todos los 10 de enero viene a rendir su informe a la Asamblea Nacional. Si el presidente por ley tiene que venir a rendir su informe a la Asamblea Nacional, porqué no lo va a hacer un órgano de menos peso”, se preguntó el diputado.
ESFUERZO CONJUNTO
En 1997, con horas de diferencia, el MECD y la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua presentaron sus propuestas al parlamento.
La del MECD se llamaba Ley General de Educación Básica y Media y la ANDEN: Ley General de Educación.
Buena parte de la Ley General de Educación, aprobada el 30 de julio del 2005, en lo general recoge el contenido de esos proyectos por lo que existen acuerdos en algunos puntos, como el del establecimiento de un sistema educativo, que incluye las diferentes formas de educación como la educación formal y no formal.
“Propone una nueva estructura totalmente diferente hasta como hoy se ha concebido al sistema educativo nacional. Abre la posibilidad de incluir la educación no formal como parte del sistema educativo. Además da la posibilidad de unir esfuerzos que hacen los medios de comunicación”, comentó Miguel De Castilla, especialista en educación.
Una de las ventajas que da la ley, de acuerdo con De Castilla, es la consulta con padres de familia, maestros y alumnos de las reformas que se realicen en la educación.
“Cada nueva idea educativa llega al Ministerio de Educación, viene del extranjero, hay dinero para financiar esa nueva moda y se impone la moda. Llámese constructivismo, educación en competencias es ahorita el grito de la moda, llámese estándares educativos, educación para la comprensión, todos son grandes temas de moda. Ninguna de estas cosas fue consultada”, afirmó De Castilla.
Añadió que la ley obliga que padres de familia, alumnos y maestros “quienes van a ejecutar la moda en el salón de clases” sean consultados.
Por su parte Tünnermann admitió que la ley recoge algunos principios como la gratuidad de la educación, introduce el concepto de “inversión” educativa y ratifica que la educación es un derecho humano.
“Me parece que esa parte es quizá la mejor elaborada en la ley. Porque está en la línea de los avances más recientes en materia educativa y pedagógica. La parte que se refiere a los principios de la educación, los fines de la educación, los objetivos de la educación y las definiciones que aparecen en la parte doctrinaria me parecen bastante bien logrados y que están de acuerdo con los convenios internacionales que Nicaragua ha suscrito”, opinó.
NICARAGUA ATRASADA
Mientras la Ley General de Educación de Nicaragua espera que el Presidente la vete o apruebe, los demás países centroamericanos están en proceso de reformar las leyes similares que rigen sus sistemas educativos.
“Tenemos una Ley General de Educación que en este momento se le están presentando modificaciones”, comentó Floridalma Meza, Viceministra de Educación de Guatemala, y añadió que a diferencia de la ley aprobada en Nicaragua, la de Guatemala no establece los montos económicos para educación.
Manifestó que se está formando el sistema nacional de investigación y evaluación para la educación básica y en el caso de la acreditación superior se está trabajando con el esfuerzo centroamericano con el Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA).
Darlyn Xiomara Meza, Ministra de Educación de El Salvador, explicó que la Ley General de Educación de este país establece la obligatoriedad del Estado de brindar educación parvularia, inicial, preescolar y básica, gratuita a todos los salvadoreños.
Además establece un sistema de carrera docente que obliga a los maestros a graduarse a nivel de la universidad. “Todos nuestros maestros son graduados universitarios, se gradúan con una especialidad, además establece varias modalidades de contratación”, relató.
En el caso de Honduras, la Viceministra de Educación de ese país, Liliam Girón, comentó que la Ley General de Educación hondureña también está en proceso de reforma.
Mientras unos consideran que lo más difícil estará en el tema presupuestario, otros como el especialista en educación, Miguel De Castilla, cree que lo más difícil será el cambio de mentalidad.
El futuro de la educación de Nicaragua podría cambiar con la Ley General de Educación, pero para eso es necesario que ésta llegue por fin a La Gaceta, Diario Oficial, donde miles de maestros, estudiantes, padres de familia, han esperado verla publicada.
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