No son pocas las personas, sobre todo extranjeras provenientes de países democráticos, que se preguntan cómo es posible que desde ahora tantos nicaragüenses estén dispuestos a votar por el FSLN y Daniel Ortega (más o menos 25 por ciento, según la última encuesta de M&R), en las próximas elecciones nacionales, a pesar de todas las desgracias que sufrió la mayor parte de la población durante el régimen sandinista de 1979 a 1990.
Tampoco se explican por qué muchos otros nicaragüenses (más de 20 por ciento, de acuerdo con la misma encuesta), siguen también al PLC y a su líder Arnoldo Alemán, no obstante el inmenso daño que éstos le hicieron al país, particularmente a la población más pobre y necesitada del país, al apropiarse para su beneficio personal de cuantiosos recursos del erario nacional, inclusive de cooperación externa, en vez de ocuparlos para mejorar los miserables servicios sociales del Estado.
Además, es asombroso que muchas personas crean el cuento de que el PLC de Arnoldo Alemán es la única opción válida para impedir el triunfo electoral del FSLN y salvar la democracia, en la próxima elección presidencial. Al respecto cabe preguntarse: ¿es que ya se les olvidó que Alemán y el PLC pactaron con Daniel Ortega y el FSLN, no sólo para compartir los beneficios del botín estatal sino también para darle al caudillo sandinista antidemocrático la facilidad de volver a ocupar la Presidencia de la República con sólo el 35 por ciento de los votos?
Cabe señalar que el asombro ante estos absurdos políticos de Nicaragua nos lo manifestó una alta funcionaria europea de un organismo no gubernamental internacional, quien vivió en Nicaragua durante los años ochenta del siglo pasado y tuvo la oportunidad de conocer en forma directa las penurias que sufría la gran mayoría de las personas nicaragüenses comunes y corrientes bajo la dictadura de los comandantes sandinistas.
Lo que no dijo dicha funcionaria pero nosotros se lo hicimos ver, para completar su asombro, es que algunas personalidades que durante las dictaduras somocista y sandinista se distinguieron en la lucha por la libertad y la democracia, ahora se han unido a los antiguos opresores y promueven la restauración del régimen dictatorial que otrora combatieron aún a riesgo de sus propias vidas.
Ahora bien, la principal explicación al hecho de que mucha gente siga todavía a los caudillos autoritarios y corruptos, es que éstos tuvieron la “habilidad” de repartir entre algunos sectores de la población parte de los beneficios obtenidos por medio de la corrupción. Así ocurrió tanto con la piñata sandinista como con la huaca liberal.
Pero en lo fundamental se trata de un problema sociocultural. En realidad, el caudillismo hunde sus raíces en lo más profundo de la historia y la cultura política nicaragüense, indígena e hispanoamericana. Por atavismo la gente cree que necesita un caudillo, un líder carismático, un benefactor que le solucione los problemas, no importa que sea corrupto, chabacán, autoritario y enemigo de la libertad. Para muchas personas el líder ideal es aquel que “roba pero comparte” y les han infundido el perverso concepto de que “con la libertad y la democracia no se come”.
Los expertos en cultura política dicen que el autoritarismo forma parte de la misma naturaleza humana. Aseguran que todas las personas y todos los pueblos del mundo son intrínsecamente autoritarios. Y que si algunos pueblos han dejado de ser autoritarios —como los anglosajones, por ejemplo— es porque se volvieron democráticos por medio de la educación, mediante la creación de una cultura política basada en la tolerancia, en el respeto mutuo, en la convivencia pacífica, en el culto y la práctica de la libertad, en la creación de una arquitectura social basada en la institucionalidad y el imperio de la ley, no en la voluntad de los líderes y los caudillos.
Y es cierto. Por eso es que la lucha por la democracia no debe ser sólo para impedir que caudillos autoritarios y corruptos como Ortega y Alemán sigan manejando el poder, ya sea directamente o por interpósita persona. La lucha por la democracia tiene que ser también para erradicar la cultura política autoritaria, para reeducar a los ciudadanos en el espíritu del respeto a la ley y la institucionalidad; y para asegurar que los bienes públicos sean administrados con honradez y eficiencia, en beneficio de toda la sociedad y no de unas cuantas personas aprovechadas.