La Asamblea Nacional ha sido el escenario principal y determinante de las frecuentes crisis políticas de los últimos años , debido a que cualquier decisión de importancia que pacten los políticos debe convertirse en ley para tener eficacia.
De manera que no es por casualidad que la profunda y prolongada crisis del año pasado, la cual fue causada por la reforma constitucional que aprobaron los diputados del PLC y el FSLN para alterar en su beneficio el balance de los poderes estatales, terminó —temporalmente— en la misma Asamblea Nacional después que la intervención de la OEA obligó a los diputados a aprobar una ley marco para postergar la puesta en vigencia de dichas reformas hasta el 20 de enero del 2007, o sea 10 días después que asuma el nuevo Presidente de la República que será electo el 5 de noviembre de este año.
Ahora, de la próxima Asamblea Nacional dependerá que el pacto de Arnoldo Alemán y el PLC con Daniel Ortega y el FSLN —mediante el cual pusieron a su servicio particular las instituciones del Estado—, se pueda mantener vivo para seguir socavando las bases de la institucionalidad democrática del país, o que sea extirpado desde sus más profundas raíces. Dicho con otras palabras, para poder abolir la reforma constitucional pactista se necesitará el voto de al menos 57 diputados a la Asamblea Nacional, que representan el 60 por ciento que manda la misma Constitución para aprobar su reforma.
Pero con sólo anular la reforma constitucional pactista no se resolvería el grave problema creado por el pacto de Arnoldo Alemán y el PLC con Daniel Ortega y el FSLN, pues aunque se derogara la reforma no se podría hacer cambios en las instituciones del Estado y, por lo tanto, esos organismos estatales seguirían integrados de acuerdo con la voluntad y el interés de los caudillos y las cúpulas de los partidos pactistas.
Para erradicar el pacto hace falta que las fuerzas verdaderamente democráticas —de derecha, izquierda y centro—, alcancen dos tercios de los diputados a la Asamblea Nacional; pero además, se necesita que esos nuevos diputados tengan la voluntad y el interés de reorganizar la Corte Suprema de Justicia y demás organismos estatales tomados por los pactistas. Es decir, que sustituyan a los actuales magistrados y demás altos funcionarios con personas que por sus cualidades individuales, por su capacidad profesional y su integridad comprobada, merezcan ocupar las magistraturas y demás cargos superiores del Estado.
En realidad, lo peor que le podría ocurrir a Nicaragua, o más bien al pueblo nicaragüense, sería que la mayor parte de los diputados electos en noviembre próximo decidieran dejar viva la reforma constitucional pactista en vez de, por lo menos, derogarla. Y esta incertidumbre se mantendrá mientras la ciudadanía no tenga información acerca de quiénes serán los principales candidatos a diputados que los partidos democráticos presentarán para las elecciones del 5 de noviembre. El silencio al respecto no se compadece con la necesidad patriótica de abolir la reforma constitucional pactista y erradicar las consecuencias nefastas del pacto libero-sandinista.
Es cierto que faltan todavía seis meses y medio para la celebración de las elecciones; y que a estas alturas del tiempo ni siquiera se han inscrito los partidos y alianzas que participarán en la próxima contienda electoral. Pero precisamente por eso es que la ciudadanía ya debería conocer a los candidatos o precandidatos a diputados por los partidos y alianzas democráticas, a fin de tener tiempo para discernir sobre ellos, para conocer sus antecedentes, para impugnar a los que no califiquen públicamente y para lograr que las candidaturas que se inscriban sean de las mejores personas de esos partidos.
Los partidos y alianzas políticas democráticas, y personalmente sus candidatos a diputados, deberían comprometerse públicamente, por ejemplo: a que derogarán la reforma constitucional pactista y erradicarán las consecuencias del pacto de Arnoldo Alemán y el PLC con Daniel Ortega y el FSLN; a que rebajarán los sueldos de los altos cargos del Estado, incluyendo los de ellos mismos, de conformidad con la realidad económica del país; a que suprimirán la regalía de 420 mil córdobas que reciben anualmente para gastos de proselitismo político; a que suprimirán la inmunidad de los altos funcionarios estatales y dejarán para ellos sólo la inviolabilidad por sus opiniones y votos en el ejercicio de sus funciones.
¿Podrían aceptan este reto los partidos democráticos y sus candidatos a diputados?