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Gobierno y empresarios acuerdan reforma de consenso, confirma presidente de Caconic [doap_box title=»El Código» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] La Asamblea Nacional aprobó el Código Tributario el 28 de octubre, después de casi diez años de discusiones, negociaciones y reformas. El primero de diciembre el Ejecutivo envió una propuesta de ley de reforma de este Código, aún cuando […]

  • Gobierno y empresarios acuerdan reforma de consenso, confirma presidente de Caconic
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La Asamblea Nacional aprobó el Código Tributario el 28 de octubre, después de casi diez años de discusiones, negociaciones y reformas.

El primero de diciembre el Ejecutivo envió una propuesta de ley de reforma de este Código, aún cuando el mismo no había entrado en vigencia, argumentando que no estaba a la medida de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los puntos de discordia eran los silencios administrativos, el establecimiento de multas y garantías, la certificación de las firmas de consultores y su entrada en vigencia. Se espera que el Ejecutivo envíe el proyecto de reforma al Código, consensuado con los empresarios.

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Se espera que el Ejecutivo envíe hoy propuesta a la Asamblea Nacional para su aprobación

La empresa privada mostró su satisfacción sobre los acuerdos alcanzados con el Gobierno referidos a las reformas al Código Tributario, informó José Adán Aguerri, presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic) y representante del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en estas negociaciones.

Aguerri informó que superaron el último punto del conflicto relacionado con los silencios administrativos. “Eliminamos los silencios administrativos”, dijo.

Esta figura se utiliza en la actual legislación para indicar que, cuando la administración pública no da respuesta a un recurso interpuesto por un ciudadano afectado por la dirección general de Ingresos (DGI) en el tiempo establecido, se asume que el ciudadano tiene la razón (silencio administrativo positivo).

Sin embargo, el Gobierno argumentó que eso afectaba las recaudaciones y estableció inicialmente el denominado silencio administrativo negativo, que significa que si el Gobierno no responde se entiende que tienen la razón.

No obstante, según Aguerri, lograron destrabar este punto al eliminar los denominados silencios administrativos, obligando a la administración pública a dar respuesta a los recursos de forma obligatoria.

De esta forma se cumplen todas las etapas administrativas sin tener que recurrir ante los tribunales de justicia, al agotarse toda las instancias, aseguró.

LA PRENSA intentó, sin éxito, obtener la versión del ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Flores.

No obstante, fuentes de este Ministerio adelantaron que hoy el Gobierno estará enviando las últimas mociones que acordaron con los empresarios, a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.

Hace algunas semanas el diputado Wálmaro Gutiérrez, aseguró que su bancada no apoyaría una propuesta que incluyera los silencios administrativos a favor del Gobierno, ya que provocaría un desbalance en la tributación.

Por otro lado, expertos en temas fiscales y la misma DGI han reconocido que esta institución nunca a dejado de responder a los recursos interpuestos por los contribuyentes, aunque la DGI aclara que esto ha significado más esfuerzos y personal administrativo.

El Código Tributario, apenas aprobado en octubre pasado, establece los deberes y obligaciones de los contribuyentes y el fisco.

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