- Por planear toma de la reserva río Indio-Maíz
CORRESPONSAL/RIO SAN JUAN
Los 11 líderes procesados en el Juzgado Local de El Castillo por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación del dominio público, quienes han organizado a los precaristas en Nueva Guinea, San Carlos y territorio costarricense para invadir la reserva Indio-Maíz, están circulados por la Policía Nacional, no obstante, se movilizan y realizan reuniones públicamente.
La comisionada Concepción Tórrez, segunda jefa de la Policía en el departamento de Río San Juan, aseguró que cuentan con la orden de captura girada por la juez María Elena Hernández. “Están circulados en las delegaciones y hay orden de que, tras verificar su identidad, sean remitidos ante la juez, pero se ha dificultado su captura porque se movilizan de un lugar a otro”, afirmó.
La jefa policial consideró que “hay un movimiento bien raro” por parte de los cabecillas de unos 120 precaristas, pues han tratado de legalizar su actividad con el apoyo de autoridades y delegados institucionales, desde Bluefields. “Tratan de protegerse, pero sabemos que con los precaristas están amenazando la reserva de biosfera Indio-Maíz”, valoró la comisionada Tórrez.
A juicio de la jefa policial, el caso debe ameritar un plan de búsqueda y captura, puesto que se movilizan en varios lugares del país, lo cual contemplará el órgano del orden y seguridad.
ESPERAN ACTUACIÓN DE PODER JUDICIAL
Por su parte, José Luis Galeano, delegado del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), manifestó que después de haber entablado acusación y reunir pruebas contra los 11 líderes que inicialmente crearon la organización Fundación Luchadores por la libertad, democracia y reconciliación de América, y después lo que han dado en llamar Comunidad Indígena Bartola-Indio Maíz, sólo les queda esperar que actúe el Poder Judicial.
Galeano les señaló de dirigir a un grupo comprendido entre 40 y 50 personas que invadieron el 19 de octubre del 2004 una parte de la reserva conocida como La Penca.
“Ha sido público que además de Nueva Guinea están organizándose en Costa Rica y ¿qué podemos hacer como Marena? Nosotros no somos una fuerza pública para detener a alguien”, reflexionó el funcionario.
A juicio de Galeano, ante la latente amenaza de invasión, están limitados a seguir manteniendo el personal protegiendo las áreas que podrían utilizar para penetrar a la reserva.