Corresponsal / El Salvador
La forma de evitar que los celulares robados sean reactivados es un problema aún pendiente de resolver tanto por las mismas empresas de telecomunicaciones en Centroamérica como por las autoridades que rigen el funcionamiento de la telefonía móvil, aunque en El Salvador se han mostrado avances significativos en las últimas semanas.
Si bien la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica (Comtelca), resolvió en meses anteriores que las empresas operadoras de la región no activarán los celulares robados y acordaron crear una base de datos, a fin de evitar el delito, estas medidas aún no están siendo efectivas en todos los países.
Una de las dificultades que se conoció durante la reunión de Comtelca realizada ayer en El Salvador, es la diversidad de instancias que llevan el registro, control y aplicación de penas de los que cometen ese delito, detalló Carlos Eduardo Valle, jefe del departamento de planificación e ingeniería del espectro radioléctrico de El Salvador.
Por ejemplo, en Guatemala el robo de celulares es atendido por el Ministerio Público, en El Salvador por la Policía, y así varía en cada país, de forma que un acuerdo alcanzado es que dentro de 15 días, todos los representantes de telecomunicaciones deberán informar cuáles son las instancias, leyes, y mecanismos aplicados para penalizar el delito, debido a que actualmente la información es muy difusa.
La idea es que exista una instancia específica para cada país que se encargue del tema, pero es necesario hacer modificaciones legales de acuerdo a las competencias de cada una.
También acordaron que Comtelca, cuya oficina regional se ubica en Honduras, se encargará de centralizar la información de la base de datos del istmo a fin de propiciar el intercambio entre los países, una vez que tenga el software necesario, del cual se espera que los servidores serán financiados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones dentro de tres meses.
En tanto, las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil están obligadas a invertir unos 500 mil dólares para instalar su propio software, que podrán utilizar en toda la región.
Solamente Costa Rica tiene hasta la fecha un software, que impide la activación de celulares una vez que son reportados como robados, sin embargo, el representante de ese país, Marco Fernández, expresó que la pena por ese delito no es muy fuerte porque la población no tiene mayor interés en la denuncia y aplicación de la ley.