- La percepción de impunidad que existe entre la ciudadanía por las denuncias que no prosperan o no son remitidas en los tribunales, podría causar que los perjudicados tomen la justicia por su propia mano, según advierte la institución policial
[/doap_box]
injusticia e impunidad
El seis de marzo de este año, un hombre de 23 años acusado de haber raptado a unas hermanitas gemelas que padecen retardo mental y de haber abusado sexualmente de una de ellas, fue liberado por una juez, porque la acusación que el Ministerio Público presentó en su contra no cumplía con los requisitos establecidos por la ley.
“Mire cómo se ríe de nosotras, quiere decir que ese hombre puede hacer lo que quiera con las jóvenes porque sabe que lo van a dejar libre. Entonces ¿cuál es la ley que hay en Nicaragua?”, se preguntó la madre de las dos menores que fueron supuestamente raptadas por Erick Francisco Bustamante Duarte.
El caso se ventiló el pasado jueves seis de abril en el Juzgado Cuarto de Distrito Penal de Audiencia, a cargo de la juez Martha Martínez, quien debió dejar libre a Bustamante Duarte por las inconsistencias que presentaba el escrito acusatorio que formuló la Fiscalía.
Según la acusación, el pasado primero de abril, la víctima de iniciales K.A.S.P. de 16 años, y quien según sus padres padece de retardo mental, se encontraba junto a su hermana gemela de iniciales K.P.S.P., también con problemas de retardo mental, en la escuela Aldea S.O.S., donde se celebraba una kermesse patrocinada por el centro.
Supuestamente de allí fueron raptadas ambas hermanas por Bustamante Duarte, quien con la ayuda de un desconocido subió a las adolescentes a un taxi y las trasladó al barrio Los Martínez, donde habita. “No griten”, les dijo el hombre.
El acusado supuestamente condujo a su habitación a K.A.S.P., y allí sostuvo relaciones sexuales con ella, delante de la hermana de la víctima.
Bustamante Duarte retuvo a las niñas dos días más, para seguir abusando sexualmente de una de las menores, hasta que la Policía lo capturó.
Entre los argumentos que utilizó la defensa de Bustamante Duarte para obtener su libertad, se encuentra el hecho de que la acusación no es específica en cuanto a la manera en que el sospechoso obligó a las jóvenes a abordar el taxi.
“El escrito tampoco dice qué hace mi representado para mantener raptadas a las víctimas”, expresó la abogada defensora.
Otra debilidad que mencionó la defensa de Bustamante fue la falta de un documento médico que indique el retardo mental de las jóvenes afectadas y que la tipificación del delito de rapto no se corresponde con los hechos descritos en la acusación.
Ante los alegatos de la defensa, la juez Martínez se vio obligada a rechazar la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenar la libertad inmediata del acusado. “La acusación debe ser mejorada”, comentó la judicial.
El padre de las víctimas, que había pedido la cárcel para Bustamante, se mostró frustrado con el resultado de la audiencia. “No tengo palabras para decir cómo me siento, yo no quería que dejaran libre a ese hombre porque lo que hizo con mis hijas no tiene perdón”, expresó.
PREOCUPACIÓN
La Fiscalía mantiene “engavetados” gran cantidad de casos en los que, además, no figuran detenidos o los informes policiales son rechazados por falta de méritos.
Esta situación es motivo de preocupación para la Policía Nacional, expresó el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado mayor Julio González Sandoval.
La Policía asumió el compromiso de revisar esa situación “porque a lo mejor nuestros informes no están llevando todo lo que el fiscal requiere”, dijo González, quien no ofreció cifras de la cantidad de casos archivados, pero estima que existe mora policial y de la Fiscalía.
VIOLENCIA AUMENTA
González aduce que en el país ya hay indicios de violencia, similar a la que se aprecia en países centroamericanos, como Guatemala, donde la ciudadanía ha perdido la confianza en el sistema judicial.
“Es peligroso que tengamos justicia por nuestras propias manos; recordemos que el fin último del modelo procesal penal es la armonía ciudadana y la paz jurídica; la convivencia social es el fin último del modelo procesal nicaragüense (…), esto conlleva a un campanazo de alerta para empezar a revisar cómo se aplica la justicia”, advirtió González.
La Policía y la Fiscalía se han reunido para analizar el problema y como resultado integraron una comisión y programaron un calendario de visitas a los departamentos, las que iniciaron en febrero y concluirán en junio próximo.
Según González con las primeras visitas han observado que algunos operadores no interpretan de la mejor manera la norma jurídica, por lo que como comisión tienen la función de corregir esa situación.
DE FISCAL EN FISCAL
Normalmente la investigación de un caso está a cargo de la Policía, señala el jefe de la DAJ. El fiscal es muy poco lo que hace en actos de investigación, pues únicamente se limita a revisar desde el punto de vista jurídico si la Policía tiene los elementos de convicción necesarios, para hacer uso del ejercicio de la acción penal a través de la acusación.
A criterio del jefe de la DAJ, la organización que tiene el Ministerio Público no es la más adecuada. Mencionó como ejemplo, que en Managua un caso es visto al menos por cinco fiscales.
Hay fiscales en las sedes policiales que son supervisados por otro fiscal, quien remite los casos a la delegación Managua, donde asignan el expediente a otro fiscal que lleva las audiencias ya sea preliminar o inicial.
POBLACIÓN PERCIBEQUE ALGO ANDA MAL
Una vez que un caso lo remiten a juicio, lo retoma otro fiscal quien al final estará en el debate. “Y nosotros, al igual que la población, percibimos que esa organización no es la más adecuada”.
El jefe de Auxilio Judicial considera que lo que se obtiene de las investigaciones policiales se pierde al pasar por varios fiscales, porque lo que queda es una limitada actuación en un juicio oral y público, ya que el fiscal se va a limitar a repetir lo que él observa en el escrito.
“Recordemos que el proceso nicaragüense es oral, entonces vos no te podés formar un buen criterio sobre tres páginas de un informe policial o de una acusación que presentó un fiscal en la audiencia preliminar y en la audiencia inicial”, manifestó el comisionado mayor González.
El jefe policial considera que en una investigación es de suma importancia el contacto directo con el denunciante, escuchar de viva voz su testimonio, ya que le permite percibir gestos, miradas, todo un lenguaje corporal que le lleva a determinar cuando el denunciante dice la verdad o medias verdades y mentiras.
El segundo jefe del Distrito Cinco de la Policía, comisionado Horacio Sobalvarro, opina que todo depende de cómo se maneja la información desde el inicio de un caso. Es decir que si se recaba la información suficiente, se podrá presentar un buen informe policial y permitirá que el fiscal haga un buen análisis. A su vez garantizará que esa información pase a un segundo fiscal y en el juicio no haya mayores problemas.
las famosas 48 horas
Otra situación que la población percibe de manera negativa, en lo que respecta al sistema de justicia penal, es que cuando no hay detenidos, el fiscal medio lee el informe que la Policía le presenta.
En muchos de los casos, si en las 48 horas establecidas no hay reos detenidos, el expediente es engavetado por ambas instituciones, pues no es obligatorio remitirlo a los tribunales y la prioridad es la causa con reo detenido.
Pasamos el informe policial y donde no hay detenidos el fiscal lo engaveta, pese a que en una causa investigada existen cinco posibilidades: falta de mérito, desestimar, archívese por ahora, ofrecer un principio de oportunidad y en última instancia acusar.
“En la Policía pasa igual, como el investigador está viendo un hecho ocurrido en el día, cuando el fiscal le devuelve un informe policial que dice: ‘a profundizar actos investigativos’, lo que hace es archivarlo y esa espera se convierte en una mora policial, tan fuerte como la que tiene la Fiscalía”, manifestó González.
“Ante la población va creciendo una percepción de inseguridad jurídica, una percepción de impunidad para llamarlo con su nombre y apellido y eso involucra tanto a la Policía como a la Fiscalía, algo que no es saludable para el sistema de justicia penal nicaragüense”, reconoció González.
El jefe de la DAJ estima que debido a que la Fiscalía es una institución muy joven dentro del sistema penal, no se ha acomodado a un sistema de trabajo más adecuado.
REVISAR SISTEMA
Considera que la cantidad de casos que les pasa la Policía de manera directa sobrepasa la capacidad del Ministerio Público, debido a los pocos fiscales que poseen.
“De no ver el problema creo que estaríamos haciendo lo del avestruz: meter la cabeza. Pero esa no es la solución, tenemos una responsabilidad social ante la población nicaragüense, si el sistema tiene problemas pongámoslo en la mesa, revisémoslo”, recomendó el jefe policial.
A la Policía le preocupa que la ciudadanía se desestimule y no haga uso de la acción penal. El problema se acrecienta debido a que la mayoría de la población no puede contratar los servicios de un abogado particular, para acusar ante el juez una vez que el fiscal emita una resolución.