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Los efectos del despale empiezan a sentirse en el río San Juan. ( LAPRENSA/ARCHIVO)

Centinelas del bosque

Mientras el Gobierno de Nicaragua necesitó de un estado de emergencia económica para detener el exterminio de los bosques, en Costa Rica la sociedad civil avanza en la protección de los mismos, de la única manera en que se puede lograr: actuando. Repetir planificaciones les quitaba demasiado tiempo [doap_box title=”Regentes deben ser supervisados” box_color=”#336699″ class=”archivo-aside”] […]

  • Mientras el Gobierno de Nicaragua necesitó de un estado de emergencia económica para detener el exterminio de los bosques, en Costa Rica la sociedad civil avanza en la protección de los mismos, de la única manera en que se puede lograr: actuando. Repetir planificaciones les quitaba demasiado tiempo
[doap_box title=”Regentes deben ser supervisados” box_color=”#336699″ class=”archivo-aside”]

Recientemente el Instituto Nacional Forestal (Inafor) reconoció que los regentes forestales están entre los grupos que más daño le hacen a los bosques, ya que abusan del poder que se les otorga, o bien se equivocan de manera sospechosa a favor de los madereros, que son los que al fin de cuentas les pagan el salario.

En Nicaragua hay 440 regentes, según ha dado a conocer Indalecio Rodríguez, director del Inafor. Algunos de ellos han mentido en la información forestal, provocando daños irreparables en las zonas boscosas, cercanas a las áreas protegidas.

Debido a que no se puede controlar a los regentes en medio de la montaña, Rodríguez considera seriamente la posibilidad de que estos desaparezcan.

En Costa Rica, según Carlos Herrera, Subdirector Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica de Costa Rica (Fundecor), hubo problemas con los regentes porque “caían” en la trampa de los dueños de fincas, quienes cortaban la vegetación menor de sus bosques para que estos fueran catalogados como “potreros arbolados”, y así poder talar los árboles.

Después de varios años cayendo en la trampa, Fundecor resolvió el problema de regentes y madereros de una forma creativa, utilizando tecnología sencilla.

“Se cogió un mapa del uso de suelo del año 2000, se le puso la cartografía básica oficial, se metió en un chip que se introdujo en un GPS (Sistema de Posicionamiento Global), ahora sabíamos dónde había bosque en el año 2000, si después no había es que habían cambiado el uso de la tierra, habían violado la Ley”, explica Herrera.

Sin embargo, aclara que el uso de una tecnología tan sencilla como un GPS, con la que cuentan los técnicos del Gobierno, no es la solución integral al problema, sino una parte importante, pues lograron mermar el ímpetu de la deforestación en Costa Rica.

Para evitar el despale indiscriminado en el país vecino del sur se “criminalizó” el corte de árboles y se hizo conciencia en la población de los beneficios que otorgan los bosques.

Hoy en día, un finquero en Costa Rica puede ganar hasta dos mil dólares por árbol cortado. En Nicaragua un campesino logra un poco más de 200 dólares.

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Pedro González Chaverri y Víctor Araya Balladares son dos especialistas forestales costarricenses que han estado en varios talleres sobre manejo y preservación del medio ambiente en Nicaragua. Una parte importante de los conocimientos adquiridos en este país la implementan en Costa Rica, y ahora están orgullosos de haber desarrollado con éxito uno de los proyectos más efectivos en la parte sur de la cuenca del río San Juan.

Su proyecto contribuye a que Costa Rica tenga un balance positivo entre la deforestación y la reforestación, pues han poblado de árboles cuarenta kilómetros lineales a orillas del río Sarapiquí, afluente del San Juan.

En cambio, en Nicaragua, donde los talleres sobre conservación no faltan, el Gobierno necesitó decretar un estado de emergencia económica en la mayor parte del territorio nacional para frenar la pérdida de más de ochenta mil hectáreas de bosques cada año, mientras algunas instituciones de la sociedad civil se oponen a la medida.

En otras palabras, mientras Nicaragua destaca en planificación, Costa Rica lo hace ejecutando.

Para González Chaverri no es de extrañar el contraste entre los dos países, basado en su experiencia de talleres y acciones.

“actuar más”

“Volvemos a lo mismo que trajo mucho atraso, eso de mucha organización, mucho taller para planificar cosas, y el tiempo que se destina para hacerlas es muy corto, entonces como que deberíamos actuar más y hablar menos”, comenta González Chaverri, quien además es Director de Operaciones de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica de Costa Rica (Fundecor).

Con 56 mil dólares esa organización logró cambios significativos en el Sarapiquí, a través del Proyecto de Recuperación y Manejo del Río Sarapiquí.

El dinero se invirtió en gastos operacionales: 12 mil dólares en 180 mil arbolitos que se sembraron en 28 hectáreas, una lancha para transportar la planta, financiamiento a los productores y costos administrativos.

LOS BENEFICIADOS

En menos de tres años los resultados, todavía sin ser medidos, son evidentes, aún para quien recorre el río dos a tres veces por día, como el lanchero Ramón Durán Mejía.

“Uno tiene más que enseñarle al turista, ahora hay más animales y eso aumenta el turismo porque hasta los lugareños salen a pasear”, comenta Durán, quien es beneficiado de forma directa, pues al aumentar las visitas el río tiene más trabajo y mayores ingresos.

González Chaverri advierte que los beneficios de la reforestación no han sido determinados científicamente. Ni siquiera se sabe si la operación benefició al río San Juan con la disminución de los sedimentos que acarrea el Sarapiquí, pero Víctor Araya Balladares no tiene dudas de los beneficios.

“Si alguien volvió después de dos años puede ver el impacto de una llena, cómo ha aminorado en los sitios donde ha habido vegetación (reforestación), yo puedo ver el impacto positivo que tiene sobre las márgenes del río”, afirma Araya Balladares.

La presencia de monos congos, iguanas verdes, árboles de chilamate y palos de agua, que antes no habían en el lugar, hoy son comunes, al menos en el trayecto de cuarenta kilómetros del río Sarapiquí que va desde Puerto Viejo hacia el norte, buscando el río San Juan.

Denis Guerrero es dueño de la finca La Morenita, en la ribera del río Sarapiquí. La crianza de animales era su negocio, por lo que sus tierras eran potreros. Aceptó que reforestaran un área de 15 metros desde el borde del río y ahora es un pionero del manejo sostenible de los bosques.

Su finca tiene unas 36 hectáreas, de las cuales 2.5 las dedica a la reforestación y posterior conservación, tres más están reforestadas para extraer madera a mediano plazo, y otras tres las dejó como bosque secundario que le generan 180 dólares por año en pago por servicios ambientales.

VIVIR DEL BOSQUE

La cantidad que Guerrero percibe por mantener el bosque puede considerarse baja, pero es “algo” si se toma en cuenta que en su país la ley prohíbe el despale. Incluso algunos creen que la paga es muy alta.

Costa Rica se gasta 12 millones de dólares al año en pago por servicios ambientales. Con eso cubre el setenta por ciento de los dueños de bosques.

Según González Chaverri el precio por hectárea por año se fijó para actuar de inmediato, pues si el Gobierno empezaba a dar valor a cada aspecto del bosque todavía estarían planificando.

Esa valorización es uno de los obstáculos que Nicaragua no ha podido superar para echar a andar el pago por servicios ambientales a los dueños de bosques.

A eso se suma la visión que los finqueros tienen de los árboles, ya que los consideran más valiosos convertidos en materia prima para muebles.

Pero la visión en Sarapiquí es que un árbol cortado otorga una sola ganancia, mientras que en pie da beneficios toda la vida.

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