- Autoridades de la RAAS solicitaron se nombre un Procurador Especial para investigar engaño que costó C$20 millones
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CORRESPONSAL/ BLUEFIELDS
Las autoridades de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) solicitaron ayer a la Procuraduría General de la República (PGR), el nombramiento de un Procurador Especial Penal para que investigue la estafa que por 20 de millones de córdobas fue víctima el gobierno regional.
El propósito de esta petición es que se acuse criminalmente a los responsables de este delito. Según las autoridades públicas, el principal responsable de la corrupción gubernamental es el anterior coordinador del gobierno regional, Alejandro Mejía Gaitán.
El Procurador Civil de la PGR en esta ciudad y asesor legal del gobierno regional, Fernando Ortega Castro, confirmó que envió los hallazgos de presunta corrupción contra algunos funcionarios de gobierno, hasta la sede central de esa institución en Managua.
“Por orientación del coordinador de gobierno, Pablo Avendaño, se procedió a remitir la documentación a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República. Hay que señalar que yo no tengo facultad para iniciar el proceso, porque mi calidad es de Procurador Civil y Laboral, yo mandé (el 22 de junio) un oficio al Procurador General para que envíe a un Procurador Especial Penal para que inicie las investigaciones”, confirmó Ortega, quien también aseguró que entregó la misma documentación a la Dirección de Investigaciones Económica (DIE) de la Policía Nacional.
Marcha anticorrupción
En Bluefields, decenas de pobladores marcharon por sus principales calles demandando que las autoridades autonómicas acusen a los responsables de la presunta estafa en el gobierno regional y nacional.
Erasmo Flores, funcionario del gobierno que investiga el caso, dijo a LA PRENSA que la estafa fue consumada presuntamente por varios funcionarios públicos, contratistas y un abogado, a través de los proyectos de desarrollo social.
“Estamos hablando de varios documentos de fianzas que fueron falsificados. Para que el gobierno construyera una obra, tenían que contratar a una empresa para realizar la obra, éstos tenían que depositar una fianza ante una compañía aseguradora para garantizar que la obra se cumpliera. No lo hicieron, más bien falsificaron firmas, sellos y formatos de fianzas y el dinero quién sabe a dónde fue a parar. Esa fue la estafa”, documentó Flores.
En tanto, Yadira Flores Reyes, jefa de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el Consejo Regional Autónomo de Atlántico Sur, anotó que los valores de las fianzas pueden rondar entre los 15 a 20 millones de córdobas.
Las empresas aseguradoras que supuestamente fueron afectadas por algunos funcionarios del gobierno de la RAAS, bajo el mando del ex coordinador de gobierno, Alejandro Mejía Gaitán, junto a los gobiernos regionales y central, son Metropolitana S.A. y Seguros del Pacífico S.A.
“Que instituciones actúen”
La concejal Flores Reyes llamó a las autoridades policiales, Contraloría General de la República y Procuraduría General, a no “dejar que este caso quede en la impunidad”.
“Aquí cada quién tiene que cumplir con su papel, nosotros ya hicimos el nuestro con dar a conocer esto públicamente, ya le entregamos la documentación a las autoridades, ahora ellos (la Policía, la Fiscalía, la Contraloría General y la Procuraduría) tienen que hacer lo suyo”, demandó Yadira Flores.