- El embalse tendrá un área de 330 kilómetros cuadrados y almacenará 9,275 millones de metros cúbicos hasta la elevación de 195 metros sobre el nivel del mar
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El proyecto Copalar supone la construcción de una represa frente al cerro Ubú, en la comunidad Perro Mocho, a siete kilómetros del poblado Ubú Norte, actual sede del gobierno municipal de Paiwas.
Estimaciones de la llamada comisión contra la represa, fundamentadas en el estudio de factibilidad realizado en la década de los 70, bajo la administración gubernamental de Anastasio Somoza Debayle, indican que el proyecto Copalar inundaría un área de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados, equivalentes a la mitad de la superficie del lago de Managua.
Según esa hipótesis, la inundación que provoque el proyecto desaparecería a los poblados Bocana de Paiwas, Anito y Villa Siquia. Sólo en estos tres sitios, más de seis mil personas serían afectadas. Pero, la represa en Perro Mocho también afectaría el sector conocido como David Tejada, además de otros caseríos dispersos y las fincas aledañas a todos esos sitios, porque inundaría parte de la cuenca del río Grande de Matagalpa y supuestamente otros 21 ríos que desembocan en éste.
Yamileth Chavarría considera que la población afectada se aproxima a las 35 mil personas, más de la mitad de la población total del municipio, “porque no es una comunidad la que será afectada y ni siquiera se han dignado a decirnos la dimensión de este proyecto”.
La Alcaldía carece de ese dato y, según el alcalde Escoto, “estamos en proceso de realizar un censo. Ya iniciamos en Perro Mocho y próximamente me reuniré con los pobladores de Villa Siquia para abordar este tema”.
En la descripción del proyecto hidroeléctrico Copalar, con capacidad para generar 350 Mw, un documento de la Dirección de Políticas Energéticas de la Comisión Nacional de Energía (CNE) indica que las personas afectadas serán 9,199.
330 KILÓMETROS CUADRADOS DE EMBALSE
El texto también señala que “hasta el sitio de presa, el proyecto cuenta con un área de drenaje de 7,125 kilómetros cuadrados y el embalse tendrá un área de 330 kilómetros cuadrados, permitiendo el almacenamiento de 9,275 millones de metros cúbicos, hasta la elevación de 195 metros sobre el nivel del mar”.
De la capacidad total de almacenamiento, sólo 2,300 millones de metros cúbicos corresponden al “volumen útil del proyecto, lo cual permitirá obtener un caudal regulado sustancial de agua de 176 metros cúbicos por segundo”, reza el texto de la CNE.
El mismo documento señala que “actualmente, la mayor parte del área a inundarse tiene poco uso agrícola y bajo rendimiento”, sin embargo, las autoridades municipales, productores y miembros de la comisión antirepresa contradicen a la CNE.
El productor Luis Cisneros, dueño de una finca situada a tres kilómetros del poblado Bocana de Paiwas, expresa que “ésta es una zona productiva, aquí se produce leche, ganado gordo, el cerdo, el maíz, el frijol”.
Datos del Censo Nacional Agropecuario (Cenagro), realizado en el 2002, confirman la reacción de Cisneros. Según el censo, en todo el municipio de Paiwas hay 2,538 fincas, de las cuales 2,329 son ganaderas, totalizando la presencia de 161,164 cabezas de ganado.
Don Polo, como le llaman, vive en la comunidad Perro Mocho, donde sería construida la represa en el río Grande de Matagalpa, y dice que desde 1974 llegaron a ese sitio dos compañías a realizar los estudios.
“Primero estuvo una compañía que se llamaba ‘Rosario’ y después estuvo otra compañía llamada ‘Lanzas’, recuerda Apolinar, y agrega que “esas compañías estaban haciendo estudios (…) hicieron unos hoyos a los dos lados del río”.
Pero, según Apolinar, en los últimos dos años han llegado expertos mexicanos a Perro Mocho, para recuperar muestras de rocas de las que habían extraído en los 70. Entre ellos recuerda el nombre de Federico Monser, de quien dijo que “ese anduvo como revisando, viendo dónde era, porque parece que habían perdido las muestras que habían sacado”.
“En aquel tiempo habían perforado hoyos de hasta 300 metros (de profundidad) y habían sacado unos como tubos de piedra, que por allí andan algunos pedazos como de unas dos varas (de largo) y los echaron en unas cajas y se los llevaron”, explica el productor, quien añade que otras personas “estuvieron viniendo, pero se han retirado pues tienen días que no vienen”.
COMPROMISO DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ
Según los datos de la CNE, la ejecución del proyecto Hidroeléctrico Copalar costaría, sin intereses durante la construcción, 571.443 millones de dólares, estimando los costos “para las obras más representativas según la composición de los mismos, tales como presa, vertedero, obras de desvío, obra de toma, casa de máquina, obras de desfogue, equipo electromecánico y líneas de transmisión”.
El documento refiere que el proyecto Copalar adicionaría al Sistema Interconectado Nacional, 350 Mw.
Algunos miembros de la comisión contra la represa en Bocana de Paiwas, dicen que la energía de Copalar sería exportada a través del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (Siepac) que conectaría proyectos similares desde Panamá hasta México, que es uno de los compromisos del llamado Plan Puebla Panamá (PPP), una iniciativa impulsada desde el 2001.
“No es cierto que este proyecto es para solucionar ni salvar a Nicaragua, a como lo están manejando. Este proyecto pertenece al Plan Puebla Panamá y nadie habla de eso. ¿Quiénes son los dueños del Plan Puebla Panamá? ¿para beneficiar a quién? ¿cuál es el desarrollo que va a haber para nosotros? Siempre nos preguntamos estas grandes incógnitas y por eso es que nosotras nos oponemos”, expresa Yamileth Chavarría, de la comisión contra la represa en Bocana de Paiwas.
Chavarría, quien además labora en la radio Palabra de Mujer, en Bocana de Paiwas, dice que “tenemos seis años de trabajo, concientizando a la gente. No nos oponemos al desarrollo (…) pero Nicaragua tiene otras alternativas más viables para el desarrollo, y la generación de energía geotérmica, la energía eólica. Pero, construir una represa hidroeléctrica en las mejores tierras de Nicaragua, en el futuro va a tener impactos increíblemente dañinos”.
“(La represa) tendrá impacto social, impacto ambiental, impacto histórico porque aquí tenemos una riqueza arqueológica increíble. Hay montones de tumbas indígenas que quedarían sepultadas, hay muchos vestigios indígenas sobre las riberas del río Grande, pero también está el amor que le tenemos a nuestras tierras”, agrega.
EXPERIENCIAS SIMILARES EN OTROS PAÍSES
La profesora Pérez cuenta que gracias a la organización no gubernamental, ha estado en la represa hidroeléctrica de Chixoy, en Guatemala; y en otros sitios de El Salvador y Honduras donde pretenden construir proyectos similares al de Copalar.
“En Chixoy, la represa fue construida hace 27 años y a la gente todavía no se le han pagado las propiedades”, dice Pérez, añadiendo que, igual que en el caso de Bocana de Paiwas, “a la gente le propusieron ser socios del proyecto, que se les iba a pagar sus tierras; es más, a los primeros finqueros que les compraron tierras les pagaron bien, pero después le bajaron el valor de las tierras al resto de la gente”.
“Esa gente todavía están plantadas esperando que les paguen, entonces, les prometen ser socios del proyecto, que se les va a vender energía barata, que les van a reubicar en lugares ya urbanizados, con mejores condiciones de vida, pero en los lugares donde yo he estado, ninguna de las promesas que les han hecho antes se las han cumplido y la gente más bien se ha hecho más pobre de lo que era”, señala Pérez.
A criterio de la profesora, una vez construidas las represas hidroeléctricas se convierten en “focos de contaminación, porque todos los sedimentos y basura van al río, se mueren los peces y toda la vegetación”.