En su portada del lunes 28 de agosto, LA PRENSA destacó el caso de una niña de 12 años, residente en los alrededores de Matiguás, departamento de Matagalpa, que fue sexualmente abusada presuntamente por dos adultos. Como resultado, la niña está embarazada y por ello fue trasladada por su madre a una casa materna de la ciudad de Matiguás, donde espera que esté a salvo de sus abusadores y, además, reciba el trato médico y humano necesario hasta que dé a luz, probablemente por medio de una cesárea.
La partera, responsable de dicha casa materna, dijo: “Así nos vienen esos casos de niñas de 12, 13 y 14 años y con muchas más responsabilidad las cuidamos porque sabemos que son niñas”. Y aunque la actitud de esta mujer es loable, lo cierto es que cuando las niñas llegan a este centro, el daño ya ha sido hecho. Un daño que pudo haberse evitado con la ayuda de su familia, de la sociedad y del Estado. En efecto, un alto porcentaje de abuso infantil se puede prevenir. Sin embargo, historias como la de esta niña se repiten en Nicaragua con más frecuencia de lo que se piensa. El abuso infantil no ocurre solamente en las áreas rurales. También se ve en las grandes ciudades como León y Managua.
Los padres de la niña embarazada dijeron que “ahora cuidan más a sus hijos (una niña de 11 años y tres varones más pequeños) evitando dejarlos solos en la casa”. Pero no basta con evitar que los niños se queden solos porque éstos van a la escuela, al vecindario y visitan a sus parientes. Más importante que pasar las 24 horas del día con los hijos es desarrollar con ellos, desde muy temprano, una relación abierta, de confianza y de continua comunicación e información. Por lo general, los niños abusados tienen miedo de que sus padres no les crean, sobre todo, cuando el abusador es un familiar o alguien de confianza y por eso se quedan callados. Pero si un niño sabe que sus padres confían en él o ella, les van a contar lo que les pasa.
Además, la sociedad civil y el Estado deben implementar una permanente campaña educativa e informativa de prevención del abuso infantil a través de talleres, seminarios, medios de comunicación masiva, centros educativos y cualquier otra instancia. En el mismo artículo de LA PRENSA, la jefa de la comisaría de la mujer de León, capitán María Alejandra Bustamante, informa que en esa ciudad se reportan al año un total de 163 casos de abusos sexuales y que de los 5 casos reportados en el mes de agosto, dos corresponden a menores de 10 años; uno de ellos, en un centro escolar donde el victimario fue un trabajador. Este dato es importante porque las escuelas deben ser lugares muy seguros para los niños que asisten a ellas. El Ministerio de Educación lo sabe y por ello debería tomar medidas encaminadas a prevenir que ni siquiera por excepción se den casos de abuso infantil en los centros de estudios. Tal vez una de las cosas más importantes sea obligar a los directores de escuelas públicas y privadas a contratar sólo personal docente calificado, tanto académico como emocionalmente.
Actualmente se ha puesto de moda entre muchos directores de escuelas —por escasez de maestros graduados o para ahorrarse unos cuantos córdobas— contratar a profesores empíricos, principalmente para las clases de Educación Física y Danza que, por lo general, son hombres jóvenes, sin vocación de docentes y, en algunos casos, emocionalmente inestables, que buscan o aceptan ese tipo de trabajo sólo por necesidad económica. Esta práctica es censurable y debería de ser severamente sancionada porque expone a los niños al abuso. Los profesores de primaria y secundaria deben ser personas aptas en todo sentido para tratar con menores. Sería ideal que el Ministerio de Educación diseñara un examen de perfil sicológico para ser aplicado obligatoriamente a toda persona que sea contratada como maestro, y que luego sea evaluado por profesionales.
Una niña de 12 años debe estar haciendo cosas propias de su edad y no sometida al estrés físico y emocional de un embarazo. El abuso infantil debe castigarse severamente y puede prevenirse, lo cual es tarea de todos.