- OIJ confirma tráfico de armas, pero desmiente planes de matar al presidente Arias
Autoridades policiales y judiciales desmintieron la versión de un supuesto plan elaborado por dos nicaragüenses detenidos la semana pasada con municiones, para asesinar al presidente Óscar Arias, a su ministro de Seguridad, Fernando Berrocal y al jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) Roberto Solórzano.
“Lo que se dice del atentado al Presidente es falso”, declaró ayer el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas, mientras que el viceministro de Seguridad, Rafael Gutiérrez, dijo estar sorprendido por la publicación que menciona el intento de asesinar a Arias y al resto de funcionarios públicos.
Asimismo, la Presidencia dijo que “el Ministerio de Seguridad desestima categóricamente el supuesto complot contra el mandatario y otros funcionarios, denunciado en un diario de circulación nacional, toda vez que se comprobó que no se encontró ninguna evidencia en ese sentido”.
El rumor corrió injustamente ayer, luego que el local Diario Extra publicara que Arias, Berrocal y Solórzano eran los objetivos de dos nicaragüenses de apellidos Obregón Cerda y Martínez Uriarte.
Los dos nicaragüenses que ayer un juzgado les dictó tres meses de prisión preventiva por introducción y tráfico de material prohibido, fueron detenidos el jueves por la tarde en San José, la capital, mientras trasladaban fusiles AK-47 y diez cajas de municiones de alto calibre, cuya cantidad aún no se precisa.
Como consecuencia de las investigaciones, un día después, el viernes, la Policía allanó una casa en la ciudad de Alajuela y retuvo unas 50 mil balas de fusil AK-47 y varias dinamitas, hecho aparentemente relacionado con la detención de los nicas.
Citando “fuentes cercanas a las pesquisas” y vinculando los dos casos, Diario Extra publicó ayer que en esa casa allanada en Alajuela, la Policía encontró una hoja de cuaderno de resortes con los nombres de los funcionarios mencionados, sus direcciones y recortes de periódicos con sus fotografías, pero además indica que los detenidos pretendían liberar a un guerrillero colombiano detenido el 10 de agosto pasado, acusado de participar en una masacre en la que fallecieron 110 personas en Colombia.
Rojas también fue enfático en negar que “en la casa allanada en Alajuela no se encontró lista, números de teléfonos, direcciones o fotografías” de los funcionarios mencionados.
“Puede ser un caso de tráfico internacional de armas, de Nicaragua a Colombia, pero jamás se decomisó un documento que mencione el presunto complot. La publicación (de Diario Extra) no es veraz y no sé con qué intenciones se publicó”, dijo el viceministro.