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Defección política

La defección de algunos dirigentes del Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN) que se pasaron de la Alianza Liberal Nicaragüense, encabezada por Eduardo Montealegre como candidato presidencial, a la coalición sandinista que lidera Daniel Ortega, va más allá de las tácticas de campaña que los expertos electorales llaman “plan de adhesiones públicas al candidato”. El propósito de estas adhesiones es sumarle votos al candidato que se beneficia con ellas, pero el resultado depende más que todo de la importancia política y la calidad moral de quienes dejan un bando para adherirse a otro. Y en algunas ocasiones, el trasiego político tiene un impacto propagandístico y coyuntural pero no alcanza a modificar la intención de voto de los electores.

A las personas que se pasan de un bando a otro se les llama tránsfugas si lo hacen por razones ideológicas o políticas, y chaqueteros si su motivación es un vulgar interés económico y material. Además, los tránsfugas y chaqueteros existen en todas partes del mundo, sobre todo en aquellos países donde no se paga ninguna consecuencia por esas conductas políticas, aparte del desprestigio personal cuando resulta evidente que el motivo de la defección es tan sólo alguna gratificación material.

Otra cosa es el derecho de las personas a escoger sus opciones políticas y a cambiarlas cuando lo consideren necesario. Los derechos humanos fundamentales consagrados en las declaraciones internacionales y en las constituciones de los estados democráticos, incluyen la libertad de asociación política. Pero se sobrentiende que se trata del ejercicio sano y honesto de la libertad individual, no de un tráfico político con fines mezquinos y deshonestos.

Lamentablemente, en la actualidad se está abusando de manera desmedida del derecho a la libre opción política, pues vivimos en una época en la que cada vez más la política se practica para buscar el poder por el poder mismo —o mejor dicho por los beneficios económicos y los privilegios que se derivan o pueden derivarse de su ejercicio—, y cada vez menos por ideales, principios y vocación de servicio a la sociedad.

Por otro lado, en el sistema democrático de gobierno los partidos políticos son instituciones indispensables para facilitar la participación política de los ciudadanos. En realidad, los ciudadanos sólo pueden ejercer su derecho de participación en la formación de los poderes públicos, por medio de los partidos políticos. Y quienes aspiran a ser presidente, vicepresidente, diputado nacional y centroamericano, alcalde y concejal —que son los cargos gubernamentales de elección popular directa—, obligatoriamente tienen que ser postulados por un partido o una alianza electoral multipartidista.

Ahora bien, esa función que el sistema democrático delega en los partidos políticos no es ni debe ser gratuita. Los partidos políticos, que son instituciones de derecho público porque conectan a los ciudadanos con el Estado, tienen la obligación de actuar de manera honesta y responsable y deben dar cuentas de sus actuaciones a sus propios militantes y a los ciudadanos en general.

Por su parte los candidatos a ocupar cargos públicos de elección popular tienen que estar plenamente identificados con la ideología y el programa de los partidos y alianzas que los postulan. Pero si en el transcurso de la campaña electoral algún candidato deja de sentirse identificado con el programa y la ideología que él mismo escogió voluntariamente, tiene derecho de cambiarse hacia otro partido en el que se sienta a gusto. Si este fuera el caso del señor Salvador Talavera y sus compañeros que lo acompañaron en su traslado de la ALN hacia la alianza del FSLN, no habría nada que objetar públicamente. Pero si es cierto que, como dicen sus antiguos correligionarios y aliados, esa decisión fue tomada a cambio de gratificaciones económicas y materiales, entonces no estaríamos ante una opción política legítima y respetable, o al menos entendible, sino que sería una inmoralidad política que por lo menos debe ser reprochada públicamente.

En todo caso, el señor Talavera tiene la obligación moral y política de renunciar a la candidatura a diputado por la alianza electoral de la que defeccionó y pedir su inscripción como candidato del FSLN, con el que evidentemente ahora él se siente más cómodo. Hay tiempo para hacer ese cambio. Además, el FSLN controla el CSE y sus magistrados no deberían tener ningún problema para pasar a Talavera a la lista de candidatos a diputados por el FSLN.

Editorial
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