Son sumamente preocupantes las repetidas amenazas de muerte contra el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, por las denuncias que ese organismo anunció que hará en contra de varios dirigentes sandinistas, incluidos los hermanos Ortega (Daniel y Humberto) así como otros dirigentes del Frente Sandinista por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en la Costa Atlántica de Nicaragua contra comunidades miskitas en los años ochenta.
Por medio de LA PRENSA y otros medios de comunicación masiva, el señor Carmona ha denunciado que está recibiendo mensajes de texto en su teléfono celular, en los que le dicen que él y sus asesores están “fichados”. Y a este respecto, sería importante determinar si en efecto existe en Nicaragua una organización que, al estilo “mano negra” de la época de las dictaduras latinoamericanas, estuviera fichando a personas cuyas actuaciones afectan de alguna manera al Frente Sandinista y, si así fuera, saber quiénes la financian y dirigen.
La amenaza es una forma de violencia en contra de quienes algunos regímenes y organizaciones perciben como disidentes o enemigos políticos. Es un método de disuasión propio de dictadores y delincuentes. Es el arma preferida de quienes carecen de argumentos; de los intolerantes y arbitrarios; de los improcesables por causa de sus inmunidades e impunidades legales o de hecho. La amenaza es, en realidad, un tipo de terrorismo sicológico, definido como el uso de violencia o amenaza de violencia con el propósito de sembrar el pánico en un individuo o grupo de individuos para obligarlos a quedarse callados y que desistan de denunciar irregularidades, crímenes y abusos.
Leon Rozitchner, eminente filósofo y escritor argentino, dice en este sentido: “La acción sicológica del terrorismo sicológico es definida como una forma de guerra presente en el campo de la política, cuyo objetivo es alcanzar el dominio de la voluntad del otro. Para conseguirlo, acude a medios habitualmente no calificados de guerreros: la dominación del espíritu. Su acción consiste entonces en transformar la subjetividad de cada ciudadano —considerado como blanco— en el lugar ocupado como propio por el enemigo”. Sin embargo, sería un grave error dejarse amedrentar por políticos terroristas y quedarse callados, porque cuando el miedo nos paraliza los tiranos se agrandan, fortalecen y establecen. De ahí que se hace necesaria una acción más amplia y enérgica de parte de la sociedad en contra de estos métodos que siguen llegando desde el pasado oscuro de nuestra historia reciente. Una manera de hacerlo es manifestando su apoyo y solidaridad a las personas u organizaciones denunciantes. El secretario de la CPDH, Marcos Carmona, ya ha interpuesto la denuncia de las amenazas de muerte en su contra ante la Policía Nacional pero, al parecer, ésta no ha dado ningún fruto. Algo que también es preocupante.
Puesto que la denuncia que interpondrá la CPDH en el ámbito internacional es en contra de dirigentes sandinistas, es lógico pensar que las amenazas procedan de individuos simpatizantes del orteguismo. La Policía podría comenzar una investigación del caso interrogando, al menos informalmente, a algunos dirigentes del partido sandinista, quienes hasta el momento han guardado silencio. Cuando un ex miembro de la Seguridad del Estado sandinista asesinó al periodista Carlos Guadamuz, en febrero del 2004, los portavoces de ese partido dijeron que ellos no tenían control de todos sus simpatizantes y que a veces éstos actúan por su propia cuenta. Sin embargo, la dirigencia sandinista al menos debería manifestar abiertamente su repudio al uso de la amenaza de muerte y de la violencia para callar denuncias contra la posible violación de los derechos humanos.
En días pasados, el arquitecto Eduardo Chamorro Coronel, quien es candidato a diputado por una de las alianzas electorales democráticas, reportó que había sido amenazado vía telefónica por el Alcalde de Managua, porque en atención a su invitación recogida en los medios de comunicación fue a realizar medidas en el muro de contención del paso a desnivel que la Alcaldía sandinista construye a la altura de la Colonia Centroamérica. El arquitecto encontró deficiencias en dichas estructuras y las hizo públicas, provocando de esta manera la molestia del Alcalde.
La amenaza de cualquier clase es un delito que hay que denunciar y repudiar con energía por todos los medios posibles. Pero además, las autoridades policiales que juran no ser partidistas, deberían tomarlas muy en serio y hacer las investigaciones pertinentes.