Zoilamérica Narváez acusó ayer al presidente Enrique Bolaños de retrasar su denuncia contra el candidato presidencial del Frente Sandinista, Daniel Ortega, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el delito de violación sexual.
Narváez dijo en Primera Plana, de LA PRENSA y Canal 2, que su caso ha llevado demasiado tiempo por “las tácticas dilatorias” que el gobierno de Nicaragua ha aplicado durante las administraciones de Arnoldo Alemán y ahora de Bolaños.
Narváez denunció en 1998 a Ortega por el delito de violación. Pero en el 2001 una juez de tendencia sandinista resolvió que el caso había prescrito.
Acuerdo amistoso
En octubre de 1999, Narváez en calidad de peticionaria, denunció ante la CIDH al Estado de Nicaragua por denegación de justicia.
En marzo de 2002, la CIDH instó al Estado de Nicaragua a que llegara a un acuerdo de solución amistosa con Narváez.
Según Narváez, en el acuerdo se establecían cinco puntos. Uno era establecer la verdad de su historia a través de una comisión de la verdad formada por un grupo de notables.
Otro punto era retornarle el apellido paterno porque legalmente aún lleva el apellido Ortega.
Además, indemnizarla por los daños provocados por la denegación de justicia, impulsar reformas legales en relación a los delitos sexuales. Esta medida incluía “modificar la ley de inmunidad, para que no funcione en caso de violencia sexual ni de derechos humanos”, señala Narváez. También el acuerdo establecía el respaldo para la Fundación Sobrevivientes que ayudaría a víctimas de violación.
Sin embargo, Narváez dice que Bolaños “por razones de hipocresía o porque ya tenía el cálculo político” nunca firmó ese acuerdo amistoso.
Cuando se le preguntó por el hecho de que Bolaños haya manifestado que ella ya se había arreglado con alguien, Narváez dijo que “esa fue una completa irresponsabilidad, porque él de esa forma insinuó ante la opinión pública (…) que Daniel Ortega me entregó dinero”.
Además, se conoció que la indemnización del Estado sería de 150 mil dólares. Al respecto, expresa que esa cantidad la había calculado el Estado para un proyecto de la Fundación Sobrevivientes.
Utilizada por Bolaños
Además, mostró una resolución desconocida de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH), del 27 de febrero del 2003, firmada por el (ex) procurador Benjamín Pérez, que establecía la aceptación de la violación de los derechos humanos de Narváez. Pérez aceptó la existencia de dicho documento y manifestó que las instancias aplicaron “la torpe decisión de engavetar las cosas”.
Narváez manifiesta que el 24 de febrero del 2003, en conferencia darían a conocer esta resolución, pero que fue cancelada el mismo día, por supuestas presiones a la PPDH.
LA PRENSA intentó comunicarse con el actual procurador, el sandinista Omar Cabezas, pero no contestó su celular.
Según Alberto Araica, esposo de Narváez, el presidente Bolaños, a través de Julio Vega, Leandro Marín y Mario de Franco, usaron la resolución de la PDDH “para presionar al Frente Sandinista” y conseguir sus votos para desaforar a Alemán.
Al respecto, Marín dijo a LA PRENSA que no se acuerda de eso. Por su parte, el vocero presidencial, Lindolfo Monjarretz, dice que Alemán fue desaforado en diciembre del 2002 y que esa resolución de la PDDH no pudo haber sido utilizada para chantaje.
“El Presidente (Bolaños) ha demostrado que él jamás utiliza ese tipo de métodos para alcanzar cualquier objetivo que vaya en beneficio del pueblo”, expresa Monjarretz. Además, manifiesta que el gobierno ha sido “de los que más ha procurado que haya una accesibilidad a la justicia para todos”.