Los partidos políticos democráticos y todas las personas demócratas de Nicaragua tienen el complejo pero ineludible desafío de consolidar y desarrollar la todavía incipiente democracia nicaragüense, de convertirla en un instrumento que sea eficaz no sólo para garantizar el ejercicio eficiente y transparente de los poderes públicos, sino también para enfrentar y resolver los ingentes problemas económicos y sociales de la población, que es el sujeto principal del sistema democrático.
Como es muy bien sabido por la propia experiencia nicaragüense, cualquier persona o partido político sin ser demócrata puede aprovecharse de las facilidades de la democracia en beneficio de sus objetivos particulares, inclusive con el propósito de destruir a la misma democracia. Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania gracias al mecanismo electoral de la democracia, pero impuso uno de los sistemas de gobierno más totalitarios de toda la historia alemana mundial. Para no ir tan lejos, actualmente en países tan lejanos entre ellos, como Zimbabwe, en África y Venezuela, en América, con Joseph Mugabe y Hugo Chávez han utilizado —y falsificado— el procedimiento democrático de las elecciones, para subir al poder y quedarse en él. Pero ellos no son demócratas. Lo que quieren es quedarse en el poder para siempre e imponer sus “democracias” populares, que no son sino despiadados sistemas de opresión.
Esos dictadores, igual que los hermanos Castro en Cuba prometen una sociedad igualitaria pero en el más bajo nivel de pobreza, no en los rangos de progreso y bienestar, prosperidad e igualdad de oportunidades para el acceso al trabajo y la movilidad social, que sólo ofrece el sistema capitalista, llamado neoliberalismo por los izquierdistas de toda clase. Y además, estos dictadores suprimen o restringen todas las libertades republicanas y los derechos humanos, obligan a sus pueblos a vivir sin libertad de expresión, ni de reunión, ni de viajar dentro y fuera del país, ni de elegir libremente a sus gobernantes entre una propuesta plural de partidos políticos y candidatos.
Todo lo contrario es el propósito de los verdaderos demócratas, opuesto totalmente a la propuesta y la realidad de los izquierdistas y populistas de cualquier clase. El objetivo de los auténticos demócratas es afianzar la democracia, depurar las instituciones democráticas y mejorar su funcionamiento. Pero no deben limitarse a eso. Los demócratas también deben proponerse realizar programas que permitan —de verdad, no de mentira como los izquierdistas— reducir la pobreza y la desigualdad social.
En algunos países se habla de reformismo democrático para definir a un movimiento político de auténticos demócratas, que apunta a defender y fortalecer la democracia pero al mismo tiempo se propone producir profundos cambios sociales y estructurales sin menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Los movimientos izquierdistas y populistas tienen bastante simpatía entre las capas más pobres de la sociedad, porque son los únicos o los que más hablan de sus problemas y les prometen sacarlos de la degradante situación en que se encuentran. Pero, precisamente los izquierdistas y populistas sólo hablan de los problemas de los pobres y prometen fantásticas soluciones, y en la práctica lo que hacen es aprovecharse de ellos —de los pobres— para subir al poder u obtener importantes cuotas del mismo, a fin de enriquecerse y darse la buena vida a expensas del presupuesto público y la industria del “pobrecismo”.
Los partidos y los líderes políticos democráticos tienen que acercarse más a la gente pobre y humilde, deben identificarse con los problemas y anhelos de la gente humilde, ayudarles a que sean ellos mismos quienes los resuelvan, más por su propio esfuerzo que por el asistencialismo estatal, el cual termina convirtiendo a las personas en crónicas dependientes del Estado y de los políticos.
La gente tiene que comprender que el Estado no produce riqueza, sólo la consume. Que únicamente la economía de mercado, la empresa privada, los negocios capitalistas de todos los tamaños, son los que crean empleos y producen riqueza y bienestar. Y que el Estado, lo que debe hacer es facilitar el desarrollo libre de la economía y procurar una distribución cada vez más equitativa de la riqueza producida.