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La independencia del Poder Judicial

La correcta administración de justicia es un elemento esencial de la democracia. Para que esto sea posible se requiere de un Poder Judicial independiente, esto es que los jueces emitan sus fallos basados únicamente en la ley, independientemente de sus simpatías o inclinaciones políticas. Pero sin esta independencia del Poder Judicial no se puede hablar de Estado de Derecho. Según lo expresa el Banco Mundial, el Estado de Derecho prevalece donde (1) el mismo gobierno se obliga ante la ley, (2) existe igualdad de justicia para todos, (3) la ley reconoce y protege la dignidad humana de cada persona y (4) todos tienen acceso a la justicia. En Nicaragua, el Estado de Derecho ha sufrido debido a que tenemos un Poder Judicial que obedece a los intereses de los partidos pactistas que los pusieron en el cargo, esto es, el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista. Por lo tanto, no hay igualdad de justicia para todos ni todos tienen el mismo acceso a la justicia. Esto se ha visto reflejado numerosas veces en la actuación parcial de algunos jueces, dependiendo de quién es la persona que demanda justicia.

Precisamente porque muchos de quienes administran justicia no son necesariamente personas idóneas desde el punto de vista ético-moral, nuestro Poder Judicial también se ha visto involucrado en actos de corrupción escandalosos, especialmente conectados con dinero procedente de narcotraficantes y otros delincuentes internacionales. En difícil encontrar en nuestra historia un Poder Judicial más desprestigiado que el que existe actualmente. Por eso, una de las tareas prioritarias de las bancadas democráticas en la Asamblea Nacional debe ser rescatar el Estado de Derecho y devolver al país la seguridad jurídica necesaria para la convivencia pacífica y para atraer la inversión extranjera, pues donde el debido juicio no está garantizado, tampoco está garantizada la propiedad privada ni el capital de inversión.

¿De qué manera se puede llegar a tener un Poder Judicial independiente? Como ha sido el caso de otros países, en Nicaragua es necesario un programa global de transparencia del Poder Judicial. Este programa debe comenzar por garantizar la transparencia del proceso de selección y nombramiento de las autoridades judiciales. Los jueces deben ser personas independientes, idóneas e imparciales. Hay que terminar con la tradición de escoger jueces en base a su color político y a su vocación de someterse a las directrices de un partido o de un caudillo. Formación técnico-profesional y probidad comprobada deben ser los únicos criterios para la elección de jueces y magistrados. Así se garantiza, además, el derecho a la igualdad de oportunidades que propugna nuestra Constitución.

Sería deseable la formación de una comisión multipartidaria encargada de seleccionar a jueces y magistrados como en Argentina, donde existen los Consejos de Magistratura encargados de evaluar, sin discriminaciones, a los candidatos a ocupar un cargo en el Poder Judicial. Estos Consejos están integrados por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces, del Ministerio Público, de abogados y de las facultades de Derecho de las universidades nacionales y del ámbito académico y científico. Todos los que aspiran a jueces deben concursar ante este Consejo y ganarse el puesto en base a méritos. Este es un buen ejemplo que Nicaragua podría seguir para rescatar el Estado de Derecho y la imparcial administración de justicia.

Además de contar con un mecanismo adecuado para la selección y nombramiento de los jueces y magistrados, hay que exigir de ellos declaraciones juradas de bienes para protegerlos contra tentaciones de enriquecimiento ilícito, especialmente relacionado con el soborno. Estas declaraciones de bienes deben ser de carácter público, es decir, que cualquier ciudadano tenga acceso a ellas. Asimismo, se les debe garantizar un salario acorde con la dignidad de su cargo y garantizarles estabilidad laboral estableciendo períodos más largos en el ejercicio del cargo de juez y tal vez haciendo vitalicia la funcion de magistrado de la Corte Suprema de Justicia —como ocurre en Estados Unidos— estableciendo como causales de remoción , únicamente la incapacidad física o mental, negligencia en sus funciones o la comisión comprobada de delito.

Sin independencia del Poder Judicial, la democracia no podrá avanzar en nuestro país, independientemente de quién esté al frente del Poder Ejecutivo.

Editorial
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