Negligencias médicas impunes por pobreza legal

Las debilidades del sistema sanitario nicaragüense repercuten en los usuarios más pobres, víctimas de la mala praxis médica, un problema que por años está a flor de piel y que, en el peor de los casos, se traduce en negligencias médicas. Numerosos juicios ventilados en los juzgados concluyen con sentencias favorables a los galenos. Médicos, […]

26/11/2006
  • Las debilidades del sistema sanitario nicaragüense repercuten en los usuarios más pobres, víctimas de la mala praxis médica, un problema que por años está a flor de piel y que, en el peor de los casos, se traduce en negligencias médicas. Numerosos juicios ventilados en los juzgados concluyen con sentencias favorables a los galenos. Médicos, abogados y jueces se enfrentan. Unos tachan a los otros de falta de conocimiento científico, pero el conflicto parece tener su raíz en la falta de legislación
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En el tema de las negligencias médicas, las empresas médicas previsionales también forman parte del problema.

Este modelo de salud diferenciado, copiado de Chile y aplicado en Nicaragua desde 1992, ha mostrado muchas fallas que en algunos casos son negligencias médicas. La mayoría no trascienden al ámbito judicial y se reducen a procesos administrativos.

Jaime Fuentes, director de Seguridad y Salud Previsional del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), explica que cuando hay fallas en el proceso de atención se realiza una investigación que puede culminar con sanciones que van desde una amonestación hasta un castigo económico a la empresa.

Las sanciones más severas implican la suspensión temporal hasta por un año del contrato que tiene el INSS con la empresa y la extremadamente grave representa la suspensión definitiva del contrato. Que un caso llegue a manos judiciales es una decisión personal en la cual el INSS no interviene directamente.

Datos curiosos

En lo que va del año, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Socia (INSS) ha impuesto sanciones hasta por 1.2 millones de córdobas en total a distintas empresas médicas previsionales en todo el país.

1,200 quejas a nivel nacional al año se realizan en un universo de tres millones de atenciones en estas clínicas, según estimaciones del INSS.

8,000 casos son reportados al año como expedientes clínicos en los que se han encontrado fallas en la atención médica a los usuarios de estas empresas. Esto representa el 80 por ciento de los casos que resuelve esta institución. Las sanciones van desde 4,000 hasta 40,000 córdobas.

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50 por ciento del total de casos reciben amonestaciones por fallas, como falta de orden en los expedientes clínicos.

¿Y los juicios?

No muy contenta estaba la muchacha, de oficio pintora, con lo que la naturaleza le había dotado, y recurrió a las bondades de la ciencia para mejorar su apariencia mediante una cirugía estética.

Quería unos glúteos perfectos, muy bien delineados , definidos y del tamaño ideal. Venció los nervios, se puso en manos de un cirujano plástico y convencida entró al quirófano, donde le fueron implantadas un par de prótesis para aumentar el tamaño.

Aquel día marcó su vida y su cuerpo con una gran cicatriz . En ese momento empezó la experiencia más traumática.

La misma escena en la sala de operaciones se repitió un mes después, pero esta vez el objetivo era retirar uno de los implantes debido a que su salud iba en detrimento cada día.

Las curvas que había soñado tan perfectas, eran una pelota en la nalga derecha. La otra había perdido su color normal. Estaba morada.

Obviamente, los resultados de la cirugía no fueron los esperados y hubo que realizar otra operación con tan mal resultado que se le realizó una tercera intervención quirúrgica un mes más tarde.

Y así como aumentaron los dolores también se elevaban los costos operatorios y la figura soñada se transformó en un cuerpo deformado, con dos heridas verticales en cada glúteo en estado infeccioso.

En una ocasión, la joven ya con desconfianza, le pidió al médico que le mostrara el empaque del implante. Sospechaba que no era nuevo y fue entonces cuando, al leer las indicaciones escritas en el empaque, se enteró de que se trataba de un implante para mamas. ¡Tenía bustos en sus nalgas! Se horrorizó

Tres meses habían transcurrido desde la primera intervención, cuando tomó la decisión de dar parte a la Fiscalía, sin éxito alguno. Su caso fue desestimado. La ausencia de un contrato cerraba la posibilidad de una acusación criminal. Para la Fiscalía ésta era la prueba fundamental.

Decidió actuar por su cuenta e introdujo una denuncia en los juzgados de Managua, por los delitos de lesiones y exposición de personas al peligro, contra el cirujano.

En el debate legal ante el juez el médico rechazó los cargos y atribuyó la responsabilidad a la paciente, argumentando que había roto las indicaciones, provocando un trauma.

El médico alegó también que este tipo de implantes era realizado en el extranjero.

La sentencia dictada por el juez favoreció al galeno, por lo que fue apelada por la joven. Hoy, la muchacha que quedó con una lesión de por vida en el glúteo izquierdo, espera una segunda resolución.

Éste es sólo uno de los casos dramáticos que se tramitan en los tribunales de Managua. Aunque no existen estudios estadísticos de las negligencias médicas por falta de control y acceso a los expedientes judiciales y clínicos, es innegable que son un problema en ascenso.

El tema fue objeto de estudio por el médico Juan José Carvajal Rubio, quien realizó un análisis del fenómeno desde el punto de vista jurídico, científico y técnico.

CONOCIMIENTOS POBRES Y TIPIFICACIÓN

Para este médico y abogado, la relativa frecuencia con que son denunciados estos delitos y la impunidad de que disfrutan los actores, son consecuencia de varios factores.

La escasa o nula orientación de quien sufre el daño, los altos costos económicos que implican los trámites judiciales y la falta de argumentos jurídicos de los profesionales, son parte de estos factores que le motivaron a investigar.

El punto de partida de Carvajal para intentar solucionar el problema está en hacer un análisis integral tomando en cuenta el Código Penal, el Derecho Médico, desconocido en nuestro país, los códigos de ética y deontología médica, las normas médicas para el ejercicio de la profesión, las normas de medicina legal y la pobre jurisprudencia existente sobre este tema.

EL CÓDIGO PENAL

Generalmente, los médicos objeto de procesos judiciales son procesados por los delitos de lesiones u homicidios culposos, cuado está de por medio la pérdida de una vida. En otros casos suele incluirse el delito de exposición de personas al peligro y delitos contra la salud pública.

Carvajal cree que de esa manera no se toman en cuenta las circunstancias especiales en que se produce este tipo de daños en los pacientes y los delitos deberían ser más específicos contra los profesionales de la rama.

Para el director de Hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) Ramiro López, es un error encausar a un médico bajo el mismo Código Penal con que se procesa a “cualquier delincuente”.

“Son dos cosas diferentes. No podés juzgar a un médico que en el ejercicio de su profesión, tratando de hacer el bien, cometió un error y falleció una persona, que a aquél que anda manejando o atropella a un niño o a una persona mayor, o a aquel delincuente que agarró una pistola y por asaltar te metió un balazo, con dolo”, señala López.

“Definitivamente, yo creo que dentro del Código Penal hacen falta algunas leyes muy específicas”, añade el funcionario.

Esta opinión no es compartida por el juez Octavo Local Penal de Managua, Sergio Palacios, quien considera que en realidad los médicos desconocen el Derecho.

“Para resolver un caso que se plantea la jurisdicción de juez, existe en el marco legal la figura del perito médico y en casos que tienen cierta consideración de complejidad, hasta por la ley de Médicos Forenses (…) que emita un dictamen un cuerpo colegiado donde interactúan médicos”, refiere Palacios.

Los médicos deben comparecer al juicio y aclarar las dudas, lo cual desvirtúa, para el juez Palacios, la necesidad de ser un especialista en estos temas.

“Los peritos son un auxiliar de la administración de justicia y del juez que no tiene el conocimiento técnico científico”, opina el judicial.

PROTOCOLO “AL BOLSAZO”

Un punto toral de esta discusión es el tema de la ausencia de protocolos de enfermedades.

La investigación de Carvajal determinó que el sistema de salud ha implementado algunos protocolos o formularios pero no cumplen con los requerimientos internacionales de una norma.

López reconoce que no existen criterios uniformes ni están recogidas todas las patologías, pero considera que el Ministerio de Salud no es la excepción.

Y en efecto no lo es. El sistema de medicina previsional tiene este grave problema también.

Jaime Fuentes, director de Seguridad y Salud Previsional del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), señala que en la mayoría de los casos se han encontrado con que no existen protocolos que ayuden a los médicos a determinar a qué tipo de exámenes deben someterse los pacientes, cuál será la forma de proceder o qué criterios se deben tomar en cuenta para que una persona vaya a un quirófano, por ejemplo.

“Contar con protocolo puede ayudar muchísimo a disminuir estas posibilidades en estos casos, entonces estamos trabajando en elaborar protocolos de las enfermedades más frecuentes y más importantes”, apunta Fuentes.

LAS INVESTIGACIONES Y SANCIONES

Muchas son las quejas de parte de la población de la falta de transparencia de las investigaciones que a lo interno del Minsa se realizan de los médicos que incurren en una mala praxis.

Los medios de comunicación se han convertido en centros de denuncias de los usuarios del sistema de salud. Hasta se mencionan nombres de supuestos profesionales de la medicina que ejercen sin estar siquiera registrados en la Dirección de Regulación para los Profesionales, del Ministerio.

Esta es otra de las debilidades. La efectividad de los Silais es puesta en duda cuando no ejercen la función de supervisar los establecimientos públicos y privados periódicamente.

“Tenemos debilidades definitivamente, como Ministerio. No tenemos capacidad de recursos, ni personal. Necesitamos contratar una gran cantidad de personas para que anden inspeccionando y supervisando todo eso”, sostiene López.

El abogado Ricardo Flores es del criterio que el Minsa no aplica sanciones administrativas en los casos donde se detectan fallas y si después de la investigación se concluye que, en efecto, hay una responsabilidad del médico, el Minsa determina que la persona siga el caso de manera unilateral, lo cual se torna en un problema.

Flores basa su tesis en que la víctima de una negligencia debe recurrir a la Fiscalía para que ejerza la acción penal pero ésta no lo hace por tratarse de delitos de naturaleza culposa, por tanto la persona tiene dificultades para llevar un caso a los juzgados por la situación económica, lo cual es una gran limitante.

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