Uno de los temas más discutidos en los últimos años y con más intensidad después de las elecciones nacionales del 5 de noviembre recién pasado, es el que se refiere al derecho de los ciudadanos al acceso a la información de interés público que se maneja en las instituciones estatales.
El tema se viene discutiendo desde hace varios años y se concretó por fin en una iniciativa de ley presentada en el Poder Legislativo en noviembre del año 2003. El proyecto de ley fue dictaminado en mayo de este año, pero hasta ahora no se le ha puesto a discusión en el plenario de la Asamblea Nacional, pues se ha venido posponiendo por diversos motivos. Y a pesar de que líderes parlamentarios de las distintas bancadas han prometido aprobar dicha ley antes de que termine la actual legislatura, no sería raro que se la dejaran a la nueva Asamblea Nacional que se instalará el 9 de enero del año próximo.
En realidad, es característico de los gobernantes y legisladores que son poco democráticos y están acostumbrados a gobernar a base del ocultamiento de la información, negarse a reconocer legalmente el derecho básico de los ciudadanos al conocimiento de la información de importancia pública. O la regatean de múltiples maneras, incluso por medio de leyes y reglamentos que supuestamente son para regular el acceso a la información gubernamental pero que más bien lo dificultan o imposibilitan.
El acceso a la información pública es un derecho básico de los ciudadanos pero también un instrumento para fortalecer la democracia participativa y disuadir la corrupción gubernamental. Y en el caso específico de Nicaragua, una buena ley de acceso a la información pública podría servir para fortalecer nuestra incipiente democracia que es obligada a cohabitar con una cultura política autoritaria y con instituciones que formalmente son democráticas pero están deformadas por el caudillismo y la corrupción institucionalizada.
Cabe señalar que a última hora algunos diputados muy influyentes en el Poder Legislativo están proponiendo enmiendas al dictamen sobre la iniciativa de ley de acceso a la información pública, que podrían distorsionar el sentido del proyecto e incluso impedir su aprobación en lo que resta de la actual legislatura que concluye su mandato el 15 de diciembre próximo.
Una de las principales enmiendas que han sido propuestas repentinamente, es la de que los periodistas que obtengan información de las dependencias gubernamentales obligatoriamente deben darla a conocer al público, íntegramente y sólo hasta que completen la investigación correspondiente. En principio esta enmienda pareciera correcta, por cuanto el derecho de acceso a la información de interés público es de todos los ciudadanos y no sólo de los periodistas y medios de comunicación social que en todo caso son únicamente sus intermediarios. Pero cualquier persona que tenga al menos nociones de comunicación social, o que debe legislar sobre el asunto, tiene la obligación de saber que en la práctica del periodismo no toda la información que se obtiene puede ser publicada, sobre todo por las limitaciones objetivas que imponen el tiempo en los medios electrónicos y el espacio en los impresos.
De manera que si hay voluntad de aprobar una ley de acceso a la información pública que garantice realmente el ejercicio de este derecho, y no que lo impida o estorbe con trampas legalistas y burocráticas, no debería haber problema en armonizar el principio de que la información obtenida por los periodistas debe llegar a la población, que es su destinataria, con la regla de que en el periodismo necesariamente la información tiene que ser editada, e incluso, en algunos casos no publicada.
De todas maneras, la mera aprobación de la ley de acceso a la información pública no va a garantizar como por arte de magia que se respete este derecho. Las leyes las aprueban y las aplican las personas y, en nuestro caso, los mismos políticos que han gobernado el país durante largo tiempo precisamente por medio del ocultamiento de la información que a ellos no les conviene. La única garantía de que el ejercicio de ese derecho básico de las personas sea garantizado y respetado, consiste en la vigilancia y la presión que hagan los mismos ciudadanos y ante todo los periodistas y los medios de comunicación social que son sus intermediarios.