- Si un ciudadano tiene derecho a votar a los 16 años, pero no puede ser electo hasta los 25, o casarse sin permiso de sus padres hasta después de los 18 o heredar a los 21, algo busca pies y cabeza en las leyes. Al menos se sabe que detrás de mantener la edad para votar ha operado un oportunismo político, particularmente de aquellos que dicen haberse opuesto al Servicio Militar sandinista, pero se lucran de sus resultados.
Ninguna familia que vio a su pequeño de 16 años ser militarmente reclutado o peor aún verlo regresar al poco tiempo en un ataúd, podrá sentirse compensada con el derecho ganado con sangre por miles de adolescentes que de esa manera ingresaron en la Constitución y la Ley Electoral como integrantes del Padrón Electoral.
Un tercio de los actuales votantes están en las edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, un caudal de votos que ningún político desaprovecha, ni los que un día dijeron estar en contra del Servicio Militar impuesto en los años ochenta.
Las preguntas que surgen a propósito de las urgentes reformas electorales reclamadas por diversos sectores, es si es pertinente mantener ese derecho ganado por los adolescentes en el peor de los escenarios, o si es preciso revisar el actual contexto y readecuar la edad para votar, en coherencia con la edad para ser electo, para casarse, para heredar.
En diversos estudios se ha demostrado que los adolescentes se quejan de que los dirigentes de partidos políticos los usan como activistas, pero nunca los integran en las tomas de decisiones.
Ese aprovechamiento político debe cesar: si se les va a dar derecho a votar a los 16, que tengan derecho a ser electos a esa edad, y si no se quiere un presidente o un diputado adolescente, que las decisiones políticas alrededor del tema empiecen por ser coherentemente respetuosas de este grupo poblacional.