- Establece que las personas que no acudan a citatorias que les hagan los legisladores podrán ser encarceladas
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La nueva Ley Orgánica de la Asamblea Nacional nicaragüense, que ayer aprobaron principalmente las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), establece la obligación de comparecer y rendir informes orales o escritos ante el parlamento, tanto a funcionarios de Estado como a personas naturales y ciudadanos extranjeros, que si desobedecen el llamado podrían ir a la cárcel.
El artículo 53 de la Ley Orgánica, que provocó el rechazo de la bancada de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), estipula que aquellas personas que no atiendan el llamado del Poder Legislativo, serán sancionadas mediante la figura de “desacato”, lo que indica que el Ministerio Público puede ordenar que les apresen.
“Las comisiones de la Asamblea Nacional podrán, a solicitud de uno de sus miembros y aprobada por la comisión, requerir la presencia de cualquier persona natural, nacional o extranjera, o del representante de una persona jurídica o de los miembros de su junta directiva, para que según el caso y bajo juramento, oralmente o por escrito, declare o rinda informe sobre temas que sean del interés de la comisión. La renuencia a responder será sancionada como desacato a la autoridad, debiendo ponerse la denuncia correspondiente al Ministerio Público”, plantea la Ley Orgánica.
El diputado por el PLC, Wilfredo Navarro, no negó que el “desacato” se resuelva con la cárcel, aunque aclaró que no será la Asamblea Nacional la que tome tal decisión, sino que le corresponderá al Ministerio Público.
“El desacato incluye cárcel, pero no somos nosotros, es la Fiscalía la que determina”, dijo Navarro.
La Ley Orgánica tiene 201 artículos y fue aprobada entre las diez de la mañana y las seis de la tarde de ayer.
“Están obligados (los ciudadanos) a asistir y si no asistieran queda una figura aprobada que es el ‘desacato’, que en todo caso le corresponde al Ministerio Público operarlo, no a la Asamblea Nacional (…) El Ministerio Público puede obligarlos, por fuerza de ley, a que asistan”, resumió el sandinista José Figueroa.
ALN EN ‘DESACATO’
Delia Arellano, diputada por ALN, calificó como una violación a los derechos humanos la nueva disposición legal.
“Están aprobando ilegalmente, es una violación a los derechos humanos. El PLC y el FSLN se están convirtiendo en partidos totalitarios (…) Nadie se va a escapar, ni los periodistas, son los que más van a venir, porque es información que ustedes tienen”, aseguró Arellano.
Tanto Arellano como su colega María Eugenia Sequeira, jefa de bancada por ALN, abandonaron el plenario cuando se discutía el artículo 53 de la Ley Orgánica, debido a que no había quórum.
“Vamos a declarar por inconstitucionalidad, vamos a interponer un recurso de amparo y vamos a explicarle a la gente cómo es posible que los diputados tengan que obligar a los ciudadanos a venir aquí, y si no venís, te van a echar preso, vas para la cárcel”, advirtió Arellano.
El coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, justificó la exigencia de rendir informes al Poder Legislativo: “Cuando son cuestiones de Estado, tienen obligación”.
BORRAN EL INDULTO Y LA AMNISTÍA
Los diputados finalmente decidieron eliminar por completo el capítulo diez del Título Cuatro de la Ley Orgánica, referido al proceso que debe seguirse para aprobar indultos o amnistías.
Diputados por la ALN denunciaron la semana pasada que ese proceso, que ayer estaba previsto a ratificarse, relajaba el mecanismo para indultar o amnistiar, en busca de un supuesto beneficio para el reo Arnoldo Alemán, condenado a veinte años de prisión por fraude al Estado.
Pero la bancada del PLC propuso eliminar los artículos relacionados con esos temas.
“No podemos nosotros establecer procedimientos ni camisas de fuerza, además, la Ley Orgánica no tiene por qué estar normando ni regulando temas que son totalmente diferentes del rol propio de la Asamblea Nacional”, justificó Navarro.
Por el sólo hecho de ser un reo valetudinario, la Ley Orgánica estipulaba que una persona como Alemán calificaba para gozar de un indulto o amnistía.
Orlando Tardencilla, el saliente diputado por Alternativa Cristiana, señaló que de haberse aprobado la polémica ley, casi cualquier persona hubiese sido beneficiada.
“La propuesta tenía la gaza abierta (…) Es decir que, leyendo extensivamente, se le podía dar amnistía a cualquiera, pero al retirarse deja la normativa interna que es muy rigurosa con delitos como el lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, el asesinato y hasta la malversación de caudales; está contenido por orden interna que no pueden otorgarse indultos y amnistías”, explicó Tardencilla.
LAS DIRECTIVAS
Los legisladores acordaron que en los próximos cinco años habrá tres directivas parlamentarias. Las primeras dos ejercerán sus funciones por dos años y la última por un año.
Bajo las mismas características serán electos los miembros de las 15 comisiones permanentes.
Aunque representantes por el FSLN y el PLC negaron que la decisión responda a un interés por alternarse la dirección del parlamento, los diputados por ALN insistieron en que todo obedece al “pacto”, un arreglo que firmaron el presidente electo Daniel Ortega y el liberal Alemán en 1999, para repartirse los principales cargos del Estado.
“Que se arreglen ellos (FSLN y PLC), ellos se van a evidenciar (…) No le tenemos miedo a dos dictaduras”, manifestó Sequeira.
Donald Lacayo, legislador saliente por el PLC, sostuvo que el pacto continuará sin “rubor” en el 2007.
“¿De qué se asustan si el FSLN y el Partido Liberal hacen componendas, acuerdos y arreglos? ¿y esa no es la democracia, pues? ¿de qué se asustan si los 38 votos sandinistas más los 25 votos liberales eligen a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿de qué se asustan?”, retó Lacayo.
“Sí hay pacto para elegir a magistrados y otros funcionarios que exige la Constitución y demanda la Constitución. Y si hay que hacerlo con los votos liberales y del FSLN, hay que hacerlo y decirlo sin rubores”, continuó Lacayo.
