[/doap_box]
La aprobación de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional dejó en evidencia el control político que pretenden mantener el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista en el próximo periodo legislativo, aseguró ayer el jurista Carlos Tünnermann.
“La intención política que está detrás de esta ley, así llamada, es mantener un control bipartidista de la próxima Asamblea, porque es curioso que se apruebe ahora en los últimos días de esta legislatura (…) para imponerles una camisa de fuerza”, comentó Tünnermann.
Tünnermann dijo que la Ley afecta y limita los derechos de los diputados, ya que “da la impresión que los que controlan a los partidos tienen su confianza política en los jefes de bancadas y no quieren que alguien se les dispare a la hora de presentar las mociones”.
La Ley establece que las mociones sólo podrán ser presentadas por el jefe de las distintas bancadas.
El jurista señaló que era necesario aprobar una ley que fusionara el reglamento interno con los estatutos de la Asamblea Nacional, sin embargo dicha legislación es cuestionable desde el mismo título.
“De entrada, con sólo el título, contradice una disposición constitucional, porque el artículo 138 de Constitución en su inciso 25, faculta a la Asamblea es dictar o a reformar su estatuto y reglamento interno, o sea, no tiene categoría de ley, que parece ser la intención. Toda ley tiene que pasar por el Ejecutivo para que diga si la veta o no, sin embargo dicen que por tratarse de una norma interna no va a ir al Ejecutivo”, aclaró Tünnermann.
Señaló que la Ley Orgánica debió haberse llamado estatuto orgánico, pero nunca darle un carácter de ley.
Además, Tünnermann no descartó recurrir de amparo, porque considera que contiene roces constitucionales, ya que “los diputados se arrogan la facultad de interpretar cualquier artículo de rango constitucional”, sin cumplir los procedimientos establecidos.
“Es cierto que le corresponde a la Asamblea Nacional la interpretación de la ley, pero es a través de una ley de interpretación, no a través de un decreto de ley”, recalcó Tünnermann.
Otra de las críticas de Tünnermann es que la Ley tipifica el delito de desacato cuando una persona natural, nacional o extranjero se niegue a comparecer ante los legisladores, violentando los derechos humanos y reformando el Código Penal, donde no aparece esa figura.
“Cualquier diputado puede pedir que se cite a cualquier ciudadano nacional o extranjero para exigirle un informe verbal o escrito y si no lo hace, puede pasar a la Fiscalía para que lo acuse ante el juez y el juez dicte la sentencia. Entonces se está agregando al Código Penal una nueva forma de desacatar a la autoridad”, recalcó.
Dijo que el Movimiento por Nicaragua (MpN), del cual es parte, podría recurrir de amparo por la aprobación de la Ley, y en especial por el artículo 53, que “es un artículo represivo, que anuncia la posibilidad de una Asamblea represiva”.