San Salvador/ACAN-EFE
Tras quince años de firmados los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla para acabar con la guerra civil la sociedad salvadoreña vive una paz relativa, determinada por la violencia, impunidad y pobreza.
Tanto el Gobierno como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) reiteraron ayer su compromiso de trabajar para que en el país no se repita un conflicto armado y coincidieron en que los acuerdos, firmados el 16 de enero de 1992, detuvieron el enfrentamiento armado, pero sólo delinearon el camino para la paz.
La Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social, conformada por 28 organizaciones sociales, reiteró su petición para que sea derogada la Ley de Amnistía que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 1993, luego de que la Comisión de la Verdad, creada en virtud de los acuerdos, rindiera su informe.
Esa comisión investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra, desde 1980 cuando ocurrió el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Oscar Romero, pasando por numerosas matanzas de civiles y la de seis jesuitas en 1989.
Las entidades, entre ellas Tutela Legal del Arzobispado, sostuvieron, en rueda de prensa, que sin justicia no puede haber reconciliación, y sin verdad no puede haber perdón.
El Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, declaró el domingo que se logró el silencio de los fusiles, pero que los acuerdos también tenían como fin emprender un proceso de democratización y el respeto riguroso de los derechos humanos, así como la reunificación de la sociedad.
Afirmó que en los campos de la democracia y los derechos humanos se han alcanzado avances y varios aspectos están en proceso, pero no se ha logrado reconciliar a los salvadoreños.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una de las instituciones creadas por los acuerdos, pero su titular, Beatrice de Carrillo, en numerosas ocasiones ha denunciado amenazas de muerte por denunciar abusos.
Sindicatos y organizaciones sociales han denunciado como otro gran déficit de los acuerdos los cambios económicos que permitirían una distribución más equitativa de la riqueza.
El Obispo Auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, sostiene que el Foro para la Concertación Económica y Social es un capítulo sin estrenar de los acuerdos, mientras que la diputada del FMLN, Nidia Díaz, asegura que “la empresa privada fue la última en sentarse y la primera en levantarse”.
El parlamento declaró a 2007 “Año de la Paz Social”, ante la situación de violencia que vive el país, con un promedio de diez homicidios diarios, gran parte atribuidos a pandilleros.
Por primera vez desde hace ocho años el Gobierno y el FMLN participarán juntos en un acto conmemorativo de la firma de los Acuerdos de Paz, mañana, con la asistencia de los presidentes de México y Centroamérica, así como funcionarios de las Naciones Unidas.