Los productores se enfrentan a un ambiente de incertidumbre económica a la luz de la liberalización del sector.
El desmantelamiento de la intervención estatal en la agricultura a fines del decenio de los ochenta y principio de los noventa, reducción de los subsidios, eliminación de los precios de garantía y los servicios, así como la incorporación de la agricultura, en el Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta), han dejado a numerosos campesinos dedicados a la agricultura de subsistencia sin el apoyo estatal que solía preservarlos de las fuerzas del mercado al mantener los precios elevados.
Se presentan varias interrogantes: ¿qué efectos tienen las reformas comerciales en los pequeños productores, en comparación con los grandes agricultores, que disponen de mayores recursos? ¿Permitirá el libre comercio que los pequeños productores superen la pobreza? ¿Tienen éstos la capacidad de adaptarse y diversificar su producción en respuesta a las señales del mercado y, en particular, a la luz de la caída de los precios internacionales?
Para analizar el efecto de la liberalización del comercio en la pobreza, en particular en el ámbito rural, primero deben examinarse los modelos de las unidades familiares rurales (como lo hace, por ejemplo, el modelo Barnum-Squire).
En términos generales, los hogares rurales producen y consumen bienes y servicios con los que la unidad familiar se relaciona, lo cual incluye las ganancias de sus propios productos, el valor de su tiempo agregado y las transferencias e ingresos no devengados, como las remesas que reciben de parientes migrantes.
Por consiguiente, los cambios en los precios afectan a las unidades familiares en la medida que un hogar sea proveedor o consumidor neto del bien o servicio en cuestión. Por otra parte, los hogares obtienen sus ingresos de muy diversas fuentes; optar por actividades más redituables también puede modificar los niveles de ingreso.
Esto conduce al principal elemento analítico de la presente deliberación: que la respuesta de las unidades familiares a los cambios en los precios es un elemento clave para entender hasta qué grado un hogar es vulnerable a la pobreza. De acuerdo con Winters, la respuesta de una unidad familiar está determinada por varios elementos, entre los que destacan los siguientes.
1) Su dotación de recursos, incluidas habilidades, tecnología y tierras.
2) Las políticas que afectan la capacidad de la unidad familiar para responder a las conmociones económicas y los cambios en los precios (por ejemplo, políticas gubernamentales de apoyo agrícola, en áreas como investigación y extensión o instituciones de comercialización).
3) La percepción de riesgos que sus integrantes pueden tener, por ejemplo, respecto de cambiar a un cultivo más redituable pero con mayor volatilidad de precios o mayores riesgos de fracaso en la producción.
El dilema de la liberalización del comercio agrícola, a principios del decenio de los noventa, es que ha ocurrido en un contexto adverso de caída de los precios internacionales de los productores; incremento de los tipos de cambio reales (como consecuencia del flujo de capital extranjero en forma de activos de inversión, dadas las reducidas tasas de ahorro interna); tasas de interés elevadas, falta de crédito al sector rural.
Todos estos factores combinados han creado una crisis de rentabilidad en la agricultura.
Para tener una perspectiva más clara de cómo los pequeños agricultores responden a las señales de mercado, en comparación con los grandes, y comprender el efecto de la apertura comercial en sus medios de vida, es necesario considerar varios factores: los activos (mecanización, irrigación, fertilizantes); la postura de los campesinos dedicados a la agricultura de subsistencia ante el cambio de cultivos; las fuentes de ingreso, y el efecto de la reducción de los servicios gubernamentales de apoyo a estos productores.
La paradoja de la liberalización económica y la consecuente reducción en los controles estatales a la agricultura es que generan una libertad de elección (en el uso de tecnología y la asignación de recursos; el acceso a los mercados de factores, y el compromiso directo con fuentes de financiamiento y la agroindustria), pero restringen el acceso a servicios esenciales otrora provistos por el Estado: créditos, investigación y extensión, aseguramiento y comercialización.
El resultado es la creación de un vacío institucional que está siendo atendido sólo en parte por el sector privado (aunque básicamente limitado a los productores con garantías reales y antecedentes crediticios) y por intervenciones estatales de asistencia social muy dirigidas (de que no llegan a todos los productores).
El Gobierno nicaragüense y la Banca Privada han restringido de manera importante los recursos que asigna el sector rural. El consecuente vacío institucional se advierte en términos de la reducción en el uso de tecnología y mecanización entre los pequeños agricultores en comparación con los grandes. El indicador que más llama la atención en cuanto a esta disminución de los apoyos estatales es el desplome de la asistencia técnica para todos los tipos de finca.
El retorno al trabajo manual en pequeñas propiedades, que ya había incorporado maquinaria, se ha registrado sobre todo para las tareas de desyerbado, deshija y corte de maleza, así como para actividades posteriores a la cosecha.
Este proceso de descapitalización es preocupante, ya que los productores nicaragüenses sean pequeños, medianos o grandes, cuentan cada vez con menos elementos para prepararse en cultivos alternos, tomando en cuenta el precio internacional y las garantías internas, la seguridad jurídica, el estado de derecho que todos estos factores forman una unidad monolítica.