Asamblea debe frenar a Ortega

El presidente Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional, el lunes de esta semana, una iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley 290 (Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo), con la evidente intención de concentrar más poder que el que han tenido los presidentes anteriores, desde 1990, pero sobre todo para controlar directamente a la Policía y el Ejército.

En ese afán el presidente Ortega pretende incluso reformar de hecho la Constitución Política de la República, al proponer en el artículo 2 de la mencionada iniciativa de reforma de la Ley 290, que se le nombre como Jefe Supremo de la Policía Nacional; lo cual reformaría de hecho el artículo 144 de la Constitución que dice textualmente: “El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua”. La Constitución no dice que el Presidente de la República es o debe ser también jefe supremo de la Policía.

Además, el presidente Ortega quiere vaciar al Ministerio de Gobernación de sus funciones primordiales, y a ese efecto pretende modificar el artículo 97 de la Constitución, el cual señala expresamente que la Policía Nacional: “Estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República a través del ministerio correspondiente”. Fíjense bien: la Constitución no dice que el Presidente de la República “podrá” ejercer su autoridad civil sobre la Policía Nacional a través del ministerio correspondiente (en este caso el Ministerio de Gobernación), o sea que no es facultativo sino imperativo que la autoridad civil sobre la Policía Nacional “será ejercida por el Presidente de la República a través del ministerio correspondiente”. Ministerio que en este caso es el de Gobernación.

Al señalar los vicios de inconstitucionalidad de esta iniciativa presidencial de reforma a la Ley 290, el constitucionalista Gabriel Álvarez advirtió ayer en LA PRENSA que “lo que se nota es la vertiente autoritaria y hegemónica por controlar directamente a las armas, a las instituciones armadas, y eso es políticamente relevante y peligroso porque —Daniel Ortega— ni siquiera confía en su propia gente”. En realidad, la reforma que propone el presidente Ortega para controlar autoritariamente a la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, significaría —en el caso de que fuese aprobada por la Asamblea Nacional— un grave retroceso de la institucionalización y profesionalización que estos cuerpos armados de la nación han logrado en los últimos 16 años. Y después que en su toma de posesión presidencial, Ortega le recordó a los mandos policiales y militares su orígenes partidarios, sandinistas, cabe esperar que si ahora se le aceptara su propuesta de controlar autoritariamente los cuerpos armados policial y militar, el siguiente paso sería restaurar la denominación sandinista del Ejército y la Policía, y su subordinación al FSLN.

Pero la propuesta de Ortega tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Al respecto cabe recordar lo que dijimos en este mismo espacio editorial el viernes 12 de enero corriente (El temor vence a la esperanza), acerca de que el nuevo gobierno sandinista tendrá que moverse entre los límites de lo que Daniel Ortega quisiera hacer y lo que él puede hacer realmente, así como también de acuerdo con “lo que la oposición política y la sociedad civil democrática de Nicaragua le permitan hacer”.

Ciertamente, aparte de que Ortega es un presidente minoritario que sólo obtuvo el 38 por ciento de los votos en la elección presidencial del 5 de noviembre pasado, tiene que someterse a la Asamblea Nacional. Y además debe tomar en cuenta a la sociedad civil democrática, la cual más temprano que tarde tendrá que salir a la calle para defender su libertad y sus derechos que conquistó con muchos sacrificios durante muchos años de lucha contra las dictaduras somocista y sandinista, pero ahora están amenazados por el retorno al poder del autoritarismo sandinista.

Para ser aprobada, la iniciativa de Daniel Ortega de reforma autoritaria a la Ley 290 necesita al menos 47 votos, pero el FSLN sólo tiene 38 diputados. Los diputados del PLC, ALN-PC y MRS pueden — y deben— rechazar esa iniciativa de ley, o quitarle los aspectos inconstitucionales y autoritarios. De ellos depende. La ciudadanía observa y espera.

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