“Ordené 336 asesinatos”

Ex jefe paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso, confiesa estos hechos en declaración a la Fiscalía [doap_box title=»El proceso de paz» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] La declaración de Mancuso, ante un fiscal especial de la Unidad de Justicia y Paz, se realizó el lunes en la ciudad de Medellín (400 km al noroeste de Bogotá), con la presencia de […]

Salvatore Mancuso, un connotado líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declaró el lunes en Medellín ante fiscales. (LA PRENSA/AFP/Pool/I. Benavides)

  • Ex jefe paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso, confiesa estos hechos en declaración a la Fiscalía
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La declaración de Mancuso, ante un fiscal especial de la Unidad de Justicia y Paz, se realizó el lunes en la ciudad de Medellín (400 km al noroeste de Bogotá), con la presencia de familiares de víctimas de las AUC y representantes de organizaciones de derechos humanos.

Las AUC culminaron en abril pasado un proceso de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, al cabo del cual según cifras oficiales 31,000 combatientes entregaron las armas.

Unos 6,000 paramilitares desmovilizados, entre ellos 59 de los más importantes jefes, esperan ser procesados por delitos de lesa humanidad en el marco del proceso de paz.

Apoyó a Uribe

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Dice que infiltró Policía, Ejército, Fiscalía y la política

Según la versión de Mancuso, “las AUC invirtieron mucho dinero en buses y logística para llevar a la gente a votar (por Andrés Pastrana)”. “Para el caso (elección) de Álvaro Uribe (en 2002) todo fue más fácil porque su discurso era similar (al de los paramilitares) y sólo le recomendamos a la gente que votara por él”, añadió Mancuso.

El ex jefe de escuadrones de ultraderecha, Salvatore Mancuso, aceptó ante la justicia colombiana haber ordenado el asesinato de al menos 336 personas, intimidar en sus regiones a favor de la elección de los dos últimos presidentes y haber infiltrado al Ejército, la Policía y la Fiscalía.

Según una versión escrita que presentó ante un fiscal, en el marco de un proceso de confesión por el que recibirá beneficios jurídicos entre ellos una condena máxima a ocho años de cárcel, Mancuso admitió haber ordenado asesinar a 336 personas, a los que identificó con nombre propio.

Mancuso —un adinerado ganadero del norte del país de ascendencia italiana— admitió haber ordenado varias masacres, atentados contra sindicalistas, alcaldes, fiscales y miembros de organizaciones de derechos humanos, a quienes acusaba de ser auxiliadores de grupos rebeldes.

En el documento, publicado parcialmente ayer por medios locales, el jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) relató delitos cometidos desde el año 2002 y menciona a varios militares ya fallecidos como auxiliadores de los escuadrones de ultraderecha.

También reveló que su grupo infiltró la Policía, el Ejército, la Fiscalía, el DAS (policía secreta) y otros organismos estatales de donde obtuvieron información sobre personas acusadas de ser cercanas a las guerrillas para luego ordenar su asesinato.

“Si un militar, de cualquier grado, en forma personal, decidió (colaborar con las AUC) debe responder individualmente ante la justicia por sus hechos, pero no a nombre de la institución”, opinó este martes el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León.

El jefe paramilitar desmovilizado dijo que su grupo presionó “fusil en mano” a los pobladores de sus áreas de influencia en las elecciones de 1998 para que votaran, primero, por el aspirante del mayoritario Partido Liberal, Horacio Serpa, quien ganó la primera vuelta electoral y, luego, por Andrés Pastrana, quien a la postre resultó presidente.

“Lo que está tratando de hacer Mancuso es enredar el ambiente, revolver todas las cosas para pescar en río revuelto tendiendo una cortina de humo para que no se hagan las investigaciones apropiadas de lo que pasó en las otras campañas electorales”, opinó Serpa.

También dijo que apoyó la campaña del actual presidente Álvaro Uribe.

Al ser interrogado, Uribe recordó este martes que él perdió electoralmente en los territorios donde ejercían control los paramilitares, en tanto que su ministro del Interior y Justicia calificó las declaraciones de Mancuso como “un mal chiste”.

Mancuso hizo las revelaciones en cumplimiento de lo ordenado por una ley de justicia y paz que ofrece garantías a los miembros de grupos armados que se desmovilicen y confiesen delitos de lesa humanidad y que contempla penas de entre cinco y ocho años de prisión, como máximo, para ser condenados por estos delitos.