- A mineras por “impuestos indebidamente cobrados”
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) no hizo efectiva la devolución de “impuestos indebidamente cobrados”, según dijo en su momento el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), a 14 empresas mineras del grupo Fran Mena, en concepto de Derechos Superficiales de Exploración, informó Alba Aguirre, de Comunicación Social de Hacienda.
Según aseguró, el dinero no se restituyó debido a que primero tenía que pasar por una revisión de la Procuraduría General de la República (PGR) y hasta que le diera el visto bueno se procede a la entrega del dinero.
De esta forma, Aguirre sostiene que no se ha dado ninguna afectación al Estado.
La devolución hubiese ascendido a 12 millones de córdobas.
arana defiende actuación
Por su parte el ex titular del Mific, Mario Arana, aseguró que la actuación de este ministerio se dio en apego a las leyes y además “después de haber sido sometido a una serie de estudios técnicos internos”.
Según insistió, los técnicos determinaron que los mineros habían pagado impuestos de más. No obstante, para evitar juicios largos y en los que el Estado podía perder, se optó por un arreglo con estas empresas “si perdíamos el caso se tendría que pagar más de lo que reclamaban las empresas”, dijo ayer.
Sin embargo, el experto fiscal y autor de un recurso contra esta devolución, Julio Francisco Báez, rechazó esta argumentación afirmando que en derecho tributario no es legal este tipo de “economía judicial”, ya que se presta a discrecionalidades.
No obstante, reiteró que en la resolución del MHCP de noviembre, que ordena restituir estos impuestos, hubo muchas inconsistencias. Una de ellas, es que este reclamo de cobros ya prescribió, puesto que fueron realizados desde 1994, según la resolución 061-2004.
La resolución 061-2004 fue publicada en La Gaceta del 4 de abril del 2006.
Además consideró que, si bien el Mific emitió una resolución a favor de las empresas, quien tiene la última palabra es Hacienda.
No obstante, el ex ministro Arana sostuvo que con la decisión tomada en su momento para devolver los “impuestos indebidamente cobrados” a las empresas mineras, el Estado se ahorró por lo menos 6 millones de córdobas, ya que de perder el caso en los juzgados, implicaría pago de los gastos del juicio, intereses y devaluación, entre otros.