La Asamblea Nacional decidirá hoy sobre la propuesta de la bancada del partido ALN-PC, de prorrogar por un año la Ley Marco que suspende la vigencia de las reformas constitucionales de 2005.
El líder de la bancada de ALN-PC, diputado Eduardo Montealegre, justifica su propuesta de prorrogar la Ley Marco —lo que a simple vista parece beneficiar a Daniel Ortega porque le permite conservar intactas todas las atribuciones presidenciales que le confiere la Constitución, las que al menos formalmente se le reducirían con la entrada en vigencia de la reforma constitucional—, con el argumento de que de esa manera es consecuente con la posición que ha mantenido siempre sobre tales reformas, y con su posición de principios en defensa del sistema de gobierno presidencialista basado en el equilibrio de poderes. Además, Montealegre sostiene que con esa reforma constitucional se crearían nuevas instituciones estatales para beneficio económico particular del FSLN y sobre todo del PLC; y asegura que la prórroga de la Ley Marco permitiría discutir “unas verdaderas reformas constitucionales donde se discuta la elección uninominal de diputados, la no reelección absoluta, la eliminación de los diputados nacionales, entre otros temas”.
Con las reformas constitucionales del 2005 cuya vigencia está suspendida hasta ahora por la Ley Marco, el FSLN y el PLC se proponían restarle atribuciones del Presidente de la República y trasladarlas a la Asamblea Nacional, desequilibrando de ese modo el balance de poderes. De hecho, mediante esa reforma constitucional parcial el FSLN y el PLC querían imponer un nuevo sistema de gobierno, supuestamente semiparlamentario. Por eso fue que la Corte de Justicia Centroamericana declaró inaplicables dichas reformas constitucionales, las que sin embargo fueron validadas por la Corte Suprema de Justicia controlada por el FSLN y el PLC, y como resultado el país se sumió en la peor crisis de gobernabilidad que enfrentó el gobierno de Enrique Bolaños.
Hay que recordar que además de modificar el sistema de gobierno del país —lo cual no se puede o no se debería hacer por medio de una reforma constitucional parcial y en todo caso se debió haber sometido las reformas a un referendo o plebiscito—, el FSLN y el PLC querían someter al presidente Bolaños, dejarle sólo atribuciones formales y obligarlo incluso a renunciar a su cargo.
Sin embargo el presidente Bolaños logró conjurar aquella conspiración parlamentaria libero-sandinista, gracias al apoyo de un amplio sector de la sociedad civil democrática pero sobre todo por el respaldo de la comunidad internacional, que mediante la intervención amistosa de la OEA le impuso al FSLN y al PLC la “solución” de una Ley Marco que postergó la entrada en vigencia de las reformas constitucionales hasta el 20 de enero de 2007 , es decir, mañana.
Sin duda que la Ley Marco es una aberración jurídica porque ninguna ley secundaria puede estar sobre la Constitución ni impedir la aplicación de una reforma constitucional. Pero en Nicaragua lo político sigue prevaleciendo sobre lo jurídico, porque el país vive en una transición permanente —y ahora, al parecer, en transición hacia atrás—, con fuerte predominio del autoritarismo partidista, con instituciones democráticas que no están todavía consolidadas y donde no se respetan las reglas básicas de un Estado de Derecho. Eso explica que en 1995 se impusiera una Ley Marco sobre las reformas constitucionales que fueron aprobadas conforme a derecho por la Asamblea Nacional; y por eso mismo fue que en 2005 se impuso otra Ley Marco de reformas constitucionales, en ambos casos para “ resolver” una crisis política causada por el choque entre poderes estatales,
Ahora bien, en las nuevas condiciones que se han creado en el país a raíz del triunfo electoral de Daniel Ortega, la tarea más importante que tienen por delante las fuerzas democráticas y por lo tanto la ALN-PC, es frenar la tendencia autoritaria del Presidente sandinista de Nicaragua. La verdad es que con Ley Marco o sin ella, con reforma constitucional o sin ella, Daniel Ortega y el FSLN van a seguir impulsando y tratando de imponer su proyecto de restauración del poder autoritario, apoyándose en los votos parlamentarios del PLC mientras éste se mantenga subordinado a los intereses personales de Arnoldo Alemán. De manera que el sector democrático de la Asamblea Nacional debe tener mucho cuidado para no caer en la trampa de Ortega y el FSLN, que evidentemente quieren usar al PLC para unos casos y a la ALN para otros.