- Concejales y Alcaldesa mantienen profundas diferencias
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Corresponsal/ Rivas
Las diferencias entre el Concejo municipal de Tola y su alcaldesa, Loyda García, parecen no tener tregua. La suspensión de la secretaria de ese Concejo, por orden judicial, y la controversia sobre quién debe adjudicar contratos de arriendos, entre otros aspectos, han ocasionado una tensa relación entre los miembros de esa comuna.
Lo más reciente de este caso es la suspensión de la secretaria del Concejo municipal de Tola, Rita Medina, quien fue demandada por injurias y calumnias por un ciudadano identificado como Geovany Loáisiga. El 19 de enero pasado, la juez del Juzgado de Tola, Astrid Fonseca, envió una notificación a la alcaldesa García donde le comunicaba que a la señora Medina “se le habían impuesto medidas cautelares, como era la suspensión en el desempeño de su cargo de secretaria del Concejo de gobierno municipal”.
“Vemos que está el interés que tiene la alcaldesa de desaparecer a Rita Medina del Concejo, porque siendo ella la presidenta de este Concejo municipal al tener en sus manos un documento que le envía la jueza local en el que le dice que está suspendida, debe tomar acciones de defender a sus concejales y hace lo contrario al mandar a convocar a los concejales suplentes para que asistan a la sesión ordinaria programada para el 22”, indicó César Augusto Lumbí, concejal sandinista de la alcaldía de Tola.
EL CASO AMARILLO
Las contradicciones entre los concejales y la alcaldesa al parecer iniciaron con el caso de la costa de Amarillo, un hermoso lugar costero que ha sido escenario de conflictos (incluso armados) entre pobladores e inversionistas privados. Ahí varios ciudadanos reclaman un pedazo de tierra, pero en el lugar ya hay otra persona que tiene contratos de arriendo.
Sin embargo, en esa lista de posibles beneficiados no sólo figuran pobladores de escasos recursos económicos que reclaman la legalización de su lote, sino de personas acomodadas, como es el caso de algunos abogados o sus familiares.
Según Lumbí, durante su campaña la alcaldesa García prometió entregar títulos a todas las familias pobres de la zona y aunque esto se acordó en una sesión del Concejo, hasta el momento no se ha cumplido.
Dada la negativa de la alcaldesa de firmar estos títulos, el Concejo municipal de Tola decidió acordar que serían ellos los que darían permiso de uso de suelo, construcción, contratos de arriendo y cesión de derechos.
Sin embargo en una consulta que hizo la alcaldesa a la Contraloría General de la República (CGR), se dejó claro que la facultad de representación legal del municipio es competencia “privativa” del alcalde.
Tanto Lumbí como los concejales liberales Manuel Antonio Baldelomar y José Dolores Ruiz, señalan a la alcaldesa García como prepotente, arrogante y como abusadora del poder.
Loyda García, alcaldesa de Tola, asegura que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso judicial que se sigue en contra de la secretaria Medina y devolvió la pelota a los concejales, diciendo que éstos invaden “a cada rato” los espacios administrativos que la ley le otorga.
Asegura que los 54 kilómetros de faja costera del municipio de Tola son los que han generado problemas. “Los primeros ‘clavos’ de nosotros se dan con Amarillo, no estoy en contra de los pobres que tienen aspiraciones de vender un lote para construir sus casas, pero sí de gente que se aprovecha de ellos para sacar beneficios personales”.
“Bayardo Argüello, de la manera que haya sido, tiene la parte legal (de Amarillo), ese es un problema no de la alcaldía sino entre pobladores que están ahí y Bayardo Argüello, cuando vine aquí yo dije que sí los apoyaba (pobladores) pero en la medida que me fui asesorando me dijeron varios abogados que legalmente no se podía hacer nada, entonces yo me paré, mientras yo crea que tengo la razón yo no voy a ceder y no es que crea por mí, sino por la ley”, concluyó García.