Ley Porras no toca beneficios

Magistrados, diputados y contralores ganarían 3,000 dólares, según propuesta de diputado Gustavo Porras [doap_box title=»Funcionarios pesados» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] Los 208 millones que el Estado invierte en los funcionarios de más alto rango, son superiores al presupuesto de la Contraloría General de la República del 2006 (146.2 millones de córdobas), al del Ministerio del Trabajo (104.2 […]

El diputado sandinista Gustavo Porras, al momento de presentar su proyecto de ley, ante la primera secretaría, ayer. (LA PRENSA/ G. Miranda)

  • Magistrados, diputados y contralores ganarían 3,000 dólares, según propuesta de diputado Gustavo Porras
[doap_box title=»Funcionarios pesados» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»]

Los 208 millones que el Estado invierte en los funcionarios de más alto rango, son superiores al presupuesto de la Contraloría General de la República del 2006 (146.2 millones de córdobas), al del Ministerio del Trabajo (104.2 millones). Es ligeramente inferior al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores (que tiene que manejar litigios internacionales) que es de 300 millones de córdobas.

La conversión a dólares es de US$11,517,165, lo cual tendría que ser pagado con todas las exportaciones de camarón de mar y un poquito más (US$11.3 millones en 2006). Para pagar los salarios, los productores de frijol tendrían que destinar un poco más de la tercera parte de sus exportaciones de ese año, o sea US$39 millones.

La nueva propuesta apenas busca una reducción de 30 millones de córdobas anuales, lo que equivale a un 14.4 por ciento de lo invertido en salarios.

Pensiones vitalicias

[/doap_box]

Para magistrados del CSE y CSJ significaría rebaja de C$58 mil y C$41 mil, respectivamente, al mes

Sobre las pensiones vitalicias, la propuesta de ley establece la suspensión automática de la misma cuando el funcionario beneficiado ocupe un cargo público, “serán reactivadas únicamente a partir del momento en que los funcionarios dejen de percibir el salario de funcionario público”.

A pesar de que ayer se introdujo al parlamento una iniciativa de regulación salarial, dicha iniciativa permite que los máximos funcionarios de Estado en Nicaragua mantengan una buena cantidad de beneficios a costa de los contribuyentes.

La iniciativa, que ayer quedó en la primera secretaría de la Asamblea Nacional, propone que los diputados, magistrados, contralores y procuradores, entre otros altos servidores públicos, reciban un salario neto equivalente a tres mil dólares mensuales, explicó el diputado sandinista Gustavo Porras, promotor del proyecto.

En el caso de los diputados, el salario neto sufriría una merma que oscila entre los ochocientos y los mil dólares, según aseguró el diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro.

Sin embargo, tanto los diputados como los demás funcionarios de Estado mantendrán firmes otra serie de beneficios.

La regulación salarial no afectará a los legisladores los doscientos galones de combustibles que reciben mensualmente. Tampoco los cuatrocientos mil córdobas anuales que se recetan para “gastos sociales” y de cuya ejecución la gran mayoría no presenta un informe detallado.

El parlamento nicaragüense está integrado por 92 diputados, de los cuales hay 91 en funciones, debido a que el ex presidente Enrique Bolaños todavía no es juramentado.

Los 200 galones de combustible que recibe al mes cada diputado, significan 220,800 galones al año.

Con esa cantidad de combustible, la planta de energía Las Brisas podría generar durante las horas pico por 15 días.

Además, al tomarse como referencia el precio del litro de gasolina súper para esta semana, de 14 córdobas promedio, se obtiene que al año los legisladores consumen aproximadamente 11.7 millones de córdobas en combustibles.

Otro beneficio son los 36.8 millones de córdobas que al año obtienen los 92 legisladores para “gastos sociales”.

Asimismo, los diputados tienen el beneficio de introducir cada cinco años, dos vehículos libres de impuestos.

Martínez enojado

La presentación de la nueva ley para regular los salarios de altos funcionarios del Estado, significa una reducción en los ingresos de los magistrados, lo que provocó una airada reacción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el liberal constitucionalista Manuel Martínez, ya que dejaría de percibir más de 41 mil córdobas mensuales si se aprueba este proyecto.

Martínez Sevilla, calificó de “populismo” y “mentira” la medida del presidente Ortega de reducir los salarios en el Ejecutivo y que solamente aceptaría un reajuste a su salario si se hace a través de una ley general.

“Yo creo que la reducción de salarios es mentira, es una fantasía, una ficción. No han dicho a dónde van a ir los fondos. Me molesta que engañen al pueblo, hombre”, declaró ayer, durante un recorrido realizado en el complejo judicial Nejapa.

“… el Ejecutivo dejó abierta su ventanilla, que en los gastos de representación hay tarjetas de crédito. (…) Ni tengo tarjeta de crédito, ni teléfono celular ni prestación alguna. Todo es de mi salario lo que yo gasto”, añadió el funcionario, visiblemente molesto.

El magistrado recordó que en el pasado, la Corte se pronunció en contra de la reducción salarial a los altos funcionarios del Gobierno, declarándola inconstitucional.

CSE LOS MÁS “SUFRIDOS”

Los más golpeados con esta reducción serán los magistrados del Consejo Supremo Electoral que verán reducido su salario en más de 58 mil córdobas. Ellos ganan 112,950 córdobas y con la nueva ley ganarían 54,180 córdobas.

El espíritu de la propuesta es unificar los salarios de los funcionarios en todo el Estado.

Según el Presupuesto de la República del 2006, el Estado desembolsó para el pago de funcionarios de alto nivel, 208 millones de córdobas, sin incluir el pago de pensiones a ex presidentes y ex vicepresidentes que suman un total de 11,168,076 córdobas. Además se excluye el pago de asesores y consultores que abundan.