- Ortega y Marenco violaron al menos la Ley de Seguridad Social, ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario y la Ley de Municipios
El presidente Daniel Ortega y su equipo de Gobierno habrían violentado, al menos, dos normas jurídicas al “ocupar”, por la vía de hecho las instalaciones del Centro de Convenciones Olof Palme, que pertenece al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
De acuerdo con un análisis jurídico elaborado por LA PRENSA, sobre las leyes que se habrían violentado, Ortega violó la Ley de Seguridad Social, la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario, mientras el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, habría violentado la Ley de Municipios.
La Ley de Seguridad Social brinda especial protección al patrimonio del INSS, y establece en su artículo 15 que “ningún poder del Estado podrá gravar ni enajenar los bienes y rentas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ni exonerar de impuestos que le correspondan”.
Debieron rentar o comprar, pero no ocupar
En consecuencia si el Poder Ejecutivo requiere un inmueble del patrimonio del INSS para el establecimiento de una dependencia pública, debe comprarlo o rentarlo, observando los procedimientos establecidos en la ley 550, ley de administración Financiera y Régimen Presupuestario.
De acuerdo con esa ley el monto del alquiler o la compraventa que el Estado debió realizar al INSS para la instalación de la casa presidencial en el Centro de Convenciones Olof Palme debió ser previamente incorporado en el Presupuesto General de la República 2007, dentro del presupuesto de la Presidencia, al igual que los recursos que serían utilizados para su remodelación
Esa disposición está establecida en el artículo 13 de dicha norma, según el cual “en los presupuestos debe detallarse la totalidad de los ingresos y egresos expresados por su valor en bruto, de manera que no haya compensaciones de ingresos con egresos sino que unos y otros se identifiquen por separado y por su importe total.
En tanto los artículos 18 y 19 de dicha ley especifican que se deben precisar el contenido de los ingresos y los egresos.
Sobre estos últimos la norma indica que “los presupuestos de egresos contendrán todos los gastos a realizarse durante el ejercicio presupuestario, cualquiera que sea su fuente de financiamiento”.
La ley 550 establece en su artículo 176 que la violación de sus preceptos genera responsabilidades para los funcionarios que incurren en ellas.
TAMBIÉN LA ALCALDÍA
En tanto el alcalde de Managua se excedió en las competencias otorgadas a las municipalidades en la ley 40, ley de municipios.
La decisión fue tomada de facto por el alcalde sin participación alguna del Consejo Municipal, instancia a la cual corresponde el gobierno y la administración del municipio, según establece el artículo 18 de la ley de municipios.
Marenco también habría violentado la ley 476, Ley de Régimen Presupuestario Municipal, que en su artículo siete ordena que los créditos para gastos o egresos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para cual hayan sido autorizados en el presupuesto municipal o por sus modificaciones debidamente aprobadas, sin perjuicio de la excepción contenida en el artículo 35 de dicha ley.
Y al no rendir cuentas al Consejo Municipal habría violado el artículo 34 de dicha ley.
Hasta tres mil dólares por evento
El Olof Palme forma parte del patrimonio del INSS, que usualmente lo renta a instituciones públicas y privadas para la realización de eventos, a un costo que oscila ente los mil y tres mil dólares por evento.
Pero pocos días antes de la toma de posesión de Ortega, miembros del equipo de transición del Gobierno entrante ocuparon el centro, sin autorización de las autoridades del INSS, según declaró la entonces presidenta, Edda Callejas.
Posteriormente la esposa del presidente electo, Rosario Murillo, anunció que Casa Presidencial sería trasladada a ese local y que se habían iniciado las reparaciones necesarias, con apoyo de la Alcaldía de Managua.
El alcalde capitalino, Dionisio Marenco, se contradijo diciendo primero que estaban reparando y después que solo estaban haciendo trabajos de “limpieza” en la plaza de los No Alineados.
Al asumir las autoridades entrantes, ni el Poder Ejecutivo ni el INSS han brindado aclaraciones apropiadas sobre el tema, limitándose a afirmar que dicha ocupación es ventajosa para el INSS porque le ahorra costos de mantenimiento del local.
NADIE ACLARA
Murillo dijo este lunes, antes del primer encuentro de Ortega con los periodistas, que “estamos estableciendo una negociación satisfactoria con el nuevo encargado del INSS”, sin brindar mayores detalles de la negociación, incluso giró la cara hacia otro lugar y no quiso seguir respondiendo preguntas sobre el tema, pasando la palabra a otros colegas.
El nuevo presiente del INSS, Roberto José López Gómez, ha instruido a sus voceros que no brindara declaraciones sobre el tema del Olof Palme.
En tanto el procurador Hernán Estrada, al ser consultado por LA PRENSA sobre el tema repitió la versión de las ventajas que significa para el INSS no tener que pagar por el mantenimiento del edificio.
¿Cuál es la lesión que se ha hecho al Estado con que el Presidente haya rescatado un bien?, preguntó Estrada, y dijo que lo posiblemente se vaya a investigar es el cómo se dio en dación en pago ese bien al INSS.
Mientras tanto la Contraloría General de la República (CGR) ha requerido al alcalde Marenco para que les envíe un informe detallado de los gastos que se realizaron en la reparación, mantenimiento o limpieza en el Centro de Convenciones Olor Palme, según dijo el contralor Lino Hernández Trigueros.