- Le achaca fallas al ministro que le sustituyó en el MTI
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Los ex ministros de Transporte e Infraestructura (MTI) del gobierno anterior, Pedro Solórzano, Ricardo Vega y Ariel López tuvieron roces ayer al explicar a los miembros de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, de la Asamblea Nacional, por qué ocurrieron las irregularidades en obras que hicieron las empresas constructoras extranjeras Hispánica, Meco Santa Fe y Tradeco.
Estas empresas están demandando al Gobierno de Nicaragua, por un monto superior a los 25 millones de dólares.
Solórzano responsabilizó a su sucesor, Ricardo Vega Jackson, de las anomalías cometidas por esas tres empresas y sus incumplimientos de contratos.
Lo curioso es que el MTI nunca interpuso una demanda contra las tres empresas, a pesar de que esa institución fue administrada por tres ministros en menos de dos años.
Los roces se agudizaron cuando Solórzano responsabilizó a Vega de permitir la ampliación del contrato de Hispánica, a pesar de las violaciones de los parámetros del contrato.
Eso provocó que Vega aclarara que durante su administración no permitió la ampliación y, por el contrario, solicitó un arbitraje contra Hispánica en los juzgados capitalinos.
Esas compañías fueron contratadas por el Gobierno de Nicaragua, a través del MTI, para la construcción de las carreteras Ticuantepe-Granada, adjudicada a Hispánica por un monto de 27 millones de dólares; la carretera San Benito-San Lorenzo, asignada a Meco Santa Fe por 80 millones de dólares; y la carretera Chinandega-Guasaule, ejecutada por la mexicana Tradeco por 29 millones de dólares.
Ninguna de esas obras fue terminada, y durante la comparecencia de los tres ex ministros del MTI, ayer, ninguno logró explicar por qué fueron adjudicados esos proyectos a esas empresas, si los montos que pidieron en la licitación eran superiores al precio real de la construcción.
Las adjudicaciones fueron hechas durante la administración de Solórzano.
Hubo negligencia
El diputado Edwin Castro dijo que los tres ex funcionarios actuaron con negligencia, porque nunca se preocuparon por exigir la culminación de las obras y permitieron las demandas contra el Gobierno.
Solórzano permitió a Hispánica cambiar el contrato de adjudicación el 19 de agosto de 2002, con la venia del MTI, dejando establecido que en caso de incumplimiento, Nicaragua o la empresa española tendrían que recurrir a la Comisión Permanente de Arbitraje en la Corte Internacional de La Haya, en Holanda.
Como resultado del cambio y ampliación del contrato, la empresa Hispánica demanda ahora al Gobierno de Nicaragua por más de 14 millones de dólares.
La empresa Meco Santa Fe demandó a Nicaragua por un monto superior a los 13 millones de dólares, y la empresa Tradeco contempla efectuar una demanda similar.
Asimismo, permitieron a Hispánica subcontratar personal y maquinarias de empresas constructoras nacionales a un precio inferior.
SE APARTA DEL TEMA
Solórzano reconoció ante la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos que Hispánica “era una empresa primeriza” y no tenía “la mejor experiencia”.
Dijo además que es normal que durante la licitación, para la construcción de una carretera, los montos aprobados sean mayores al recomendado, sin explicar por qué.
Solórzano se esmeró ayer en comparar los gastos de algunas alcaldías en la construcción de puentes, y mencionar las obras que se ejecutaron durante su administración, lo que provocó fuertes llamados de atención del presidente y vicepresidente de la Comisión, Eliseo Núñez y Edwin Castro.
El actual viceministro del MTI, Fernando Valle, aclaró que fue Vega quien presentó la solicitud del arbitraje, pero sin cumplir con los requerimientos debidos en ese tipo de trámites.
Solórzano insistió en que “la mesa está servida” y que “hay gente que la quiere ver mosqueada la mesa”. Dijo que se trata de una trama política en su contra.
“Yo no es que quiera trasladar y decir que esto es culpa de tal y bolearme con culpas ni nada, pero yo me fui un año antes, el 31 de octubre, y pensaba ser diputado”, comentó Solórzano al referirse a los señalamientos que le hizo a su sucesor.
pasa a la Comisión de Probidad
Tanto Núñez como Castro manifestaron estar insatisfechos con los argumentos expuestos por los tres ex funcionarios, ya que consideran que cometieron negligencia, a pesar de que existen más de 30 asesores en el MTI.
Núñez declaró que el funcionario que tiene menor responsabilidad es Ariel López, porque su error fue haber contestado la carta que le envió la Comisión Permanente de Arbitraje de La Haya, y que en todo caso su deber era informar a la Procuraduría y a la Cancillería sobre las demandas y no quedarse callado.
Núñez dijo que pasará su informe a la Comisión de Probidad y Justicia, porque considera que se violentó la ley de contratación de bienes del Estado.
Al concluir el encuentro, Vega y Solórzano evitaron intercambiar palabras.
Solórzano, mientras abandonaba el local, consultó a una de las personas que lo acompañaba: “¿Me defendí bien, verdad?”.
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