- PLC decide reformar el polémico artículo 52 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional
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La bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) resolvió ayer, durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), reformar el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, que faculta al parlamento a convocar y hasta acusar por desacato a los personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se nieguen a comparecer.
El Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del PLC conformó una Comisión Especial que se encargará de preparar la moción que presentarán a la directiva de la Asamblea Nacional.
La Comisión Especial está integrada por los diputados Wilfredo Navarro, primer secretario de la Asamblea Nacional; Oscar Moncada, segundo vicepresidente; Noel Ramírez, diputado del Parlamento Centroamericano, y el diputado Enrique Quiñónez.
El ex presidente y reo Arnoldo Alemán dijo que “es conveniente” reformar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional “ya”, pero hay que realizar un análisis profundo, para que sea aprobada por todas las bancadas parlamentarias.
Wilfredo Navarro manifestó “que ya hay un consenso en la Asamblea Nacional”, para especificar la aplicación del artículo 52 de la Ley Orgánica.
“Hay otra propuesta que es importante, porque esa ha levantado vuelo y es en relación a las citaciones y la facultad que tiene la Asamblea de citar a particulares, aun cuando en el diario debate se establece que el objetivo no es citar a “X” personas para conocer su vida privada, por eso, creemos que hay que redefinir cuándo un particular puede ser citado por la Asamblea Nacional”, comentó.
Navarro recalcó que en la modificación quedará establecido que solicitarán la comparecencia de aquellos ciudadanos “que afecten los intereses nacionales, o cuando una persona o sociedad estén manejando recursos del Estado.
Además, Navarro señaló que el diputado Enrique Quiñónez presentó una moción para que se modifiquen las atribuciones del presidente de la junta directiva del Poder Legislativo, René Núñez, y que sean los siete miembros quienes administren el funcionamiento del parlamento.
“Están proponiendo que la administración de la Asamblea quede en manos de la junta directiva, el manejo de personal y lo administrativo”. Sin embargo, Navarro no se mostró muy de acuerdo con la solicitud de Quiñónez.
“Yo respeto las mociones de los diputados y se le va a dar el trámite que le corresponde, porque no la conocemos”, recalcó el primer secretario de la Asamblea Nacional.
Por su parte, la diputada Jamileth Bonilla, de la bancada de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), manifestó que su partido respalda la modificación del artículo 52 de la Ley Orgánica de la Asamblea, porque considera que “es lesivo y nocivo para los derechos de los ciudadanos”.
“Hoy quieren enmendarlo y creo que es plausible que realmente lo reformemos, porque no pueden estar los ciudadanos sujetos a otra instancia que no le corresponde, porque es el Poder Judicial el que tiene que citar a las personas. La Asamblea Nacional no puede arrogarse facultades que no le corresponden, porque lesiona la seguridad de la ciudadanía”, comentó Bonilla.