El gobierno de Daniel Ortega comenzó su gestión con el pie izquierdo. Sus funcionarios hablan de implementar “planes de emergencia” y lo que buscan en realidad es abrir más puertas al abuso y a la arbitrariedad.
Las situaciones de emergencia justifican medidas de emergencia. Por eso la Constitución faculta al Presidente de la República para decretar Estado de Emergencia en ciertas situaciones específicas extremas. Mientras dura la emergencia, el Presidente recibe poderes extraordinarios que le permiten actuar con rapidez sin tener que seguir los procedimientos ordinarios. Pero en Nicaragua no existe una situación de emergencia. Desde luego que hay cosas que demandan atención inmediata de las autoridades, pero eso es otra cosa.
Por lo demás, Ortega recibió un país con envidiable estabilidad social y macroeconómica. El comercio es pujante. El sistema financiero presenta un comportamiento saludable. El Presidente de Taiwán y el empresario mexicano Carlos Slim, uno de los más ricos del mundo, han visitado el país y anunciado inversiones millonarias en los próximos años. El Banco Mundial confirmó un préstamo de 50 millones de dólares con cero interés y a un plazo tan extenso que prácticamente se convertirá en una donación. La Comunidad Europea ha reafirmado su disposición a seguir ayudando a Nicaragua como hasta el momento. Venezuela ofreció petróleo a plazos concesionarios así como generadores eléctricos que deberán resolver de inmediato el problema energético mientras se trabajan propuestas de mediano y largo plazo a través de la explotación geotérmica y fluvial. El tratado comercial DR-Cafta garantiza que, si las condiciones de estabilidad y legalidad se mantienen, las exportaciones globales de Nicaragua superarán fácilmente los mil millones de dólares este año. Por otro lado, el país goza de estabilidad política e institucional. ¿Qué más puede pedir Ortega? Por lo tanto, en vez de seguir violentando el Estado de Derecho y buscando pretextos para crear un tipo de feudo en el Poder Ejecutivo, debería ponerse a trabajar para comenzar a cumplir concretamente con sus promesas de campaña.
Sin embargo, es evidente que Ortega no le da suficiente libertad de decisión y actuación ni siquiera a sus ministros para que formulen sus propios planes, impongan su estilo, usen a discreción sus presupuestos, asuman la autoridad que les confiere la ley sin tener que consultar con la secretaria de Comunicación de la Presidencia sobre cosas tan baladíes, como si pueden o no dar entrevistas a los medios de comunicación. Ortega está siendo dominado por la tendencia al acaparamiento de poder, uno de sus viejos hábitos que, al parecer, no ha logrado superar. El problema es que la concentración del poder entorpece el funcionamiento de la administración del Estado e impide que las cosas marchen bien. El marasmo de este Gobierno ya es notorio. Ortega creó enormes expectativas durante su campaña electoral, pero aparte de la rebaja de cincuenta centavos al pasaje del transporte público urbano, no ha hecho más nada.
La sobrepoblación de niños en las escuelas públicas se ha presentado como un gran logro gubernamental, pero examinada con detenimiento, esta medida es más bien una mayúscula irresponsabilidad. El problema de mejorar la calidad de la educación básica no se resuelve sobrepoblando las maltrechas aulas de las escuelas ni hacinando niños en sofocantes toldos. Esto es un atentado contra su salud y su seguridad. Que el Estado matricule a más niños de los que puede atender no impresiona más que a algunos padres de familia de escasos recursos que exhiben una docena de hijos a los que mantienen en condiciones deplorables y siguen procreando. Los estudiantes, para funcionar adecuadamente, necesitan zapatos, ropa, cuadernos, lápices, pasajes y, además, mejorar su nutrición.
El Gobierno ha cometido muchos desatinos en un tiempo récord. Habría que detenerse para reflexionar y hacer los cambios y ajustes que sean necesarios. ¿Han sido los nombramientos de funcionarios clave, adecuados? ¿Se ha priorizado la militancia partidaria sobre la capacidad profesional? ¿Es el estilo de este Gobierno un reflejo de las pugnas por el poder al interior del partido? Un país no se saca adelante violentando el Estado de Derecho ni con vítores ni con funcionarios que digan “sí, señor” a todo sino con personas que con vocación democrática y criterio profesional e independiente se atreven a diferir y a aportar de manera crítica.