- Decreto fue firmado el primero de enero de 2007 por Enrique Bolaños y entró en vigencia un día después que Ortega asumió la Presidencia
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CORRESPONSAL / BLUEFIELDS
El Gobierno Territorial rama y creol del Atlántico Sur presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y las autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), por usurpar, a través de decreto ejecutivo, en vigencia desde el 11 de enero de 2007, las tierras indígenas y de las comunidades étnicas.
Lo anterior lo dijo a LA PRENSA la dirigente comunitaria Peral Marie Watson, secretaria del Gobierno Comunal creol de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
“El artículo 68 del decreto ejecutivo 01-2007 deja de lado la protección de las tierras comunales y en su lugar prohíbe la titulación de tierras de dominio público dentro de las áreas protegidas, por lo que las tierras indígenas quedan no solamente desprotegidas sino que más aún son amenazadas por una titulación a favor del Estado”, denunció Basilio Benjamín Ruiz, dirigente del pueblo rama.
El referido decreto 01-2007, reglamento de las áreas protegidas de Nicaragua, deroga expresamente el decreto 14-99, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número 42 y 43 del 2 y 3 de marzo del año 1999.
El decreto 14-99 referente a las Áreas Protegidas otorgaba facultades exclusivamente al Marena sede central para tomar decisiones alrededor de estas áreas.
El 01-2007 que deroga el 14-99, descentraliza las funciones y le otorga poder a los departamentos para la toma de decisiones sobre las áreas protegidas.
“El decreto 01-2007 es inconstitucional porque viola normas establecidas como principios fundamentales de la Constitución Política de Nicaragua, así como derechos esenciales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas sobre sus tierras comunales tradicionales y sobre todo la preservación de sus recursos naturales y del medio ambiente”, reza parte de un documento oficial étnico en poder de LA PRENSA.
Los indígenas locales se quejan que el Gobierno de Nicaragua, a través de decreto ejecutivo, pretende dejarlos sin tierras comunales.
Watson aseguró a varios medios de comunicación e indígenas presentes en una conferencia de prensa, que tal preocupación fue expresada al coordinador del Consejo para el Desarrollo de la Costa Atlántica, Lumberto Campbell y al diputado ante la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera, pero “no hemos obtenido respuestas”.
“Nos dijeron que no sabían nada del decreto”, aseguró a LA PRENSA la dirigente Watson.
ACEPTAN AMPARO
El presidente del Tribunal de Apelaciones de Bluefields (TAB), doctor Rodolfo Martínez, confirmó el recurso de amparo, sin embargo dijo que es contra las autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).
“El recurso reúne los requisitos necesarios, por tanto lo aceptamos, en los próximos días lo retiremos a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para su debido análisis”, indicó.
EJÉRCITO INTIMIDA
Los ramas y creoles denunciaron que durante los años 2005, 2006 y lo que va del 2007, han sido restringidos por parte de funcionarios del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y del Ejército de Nicaragua, de entrar a sus territorios.
Denunciaron públicamente que técnicos de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (Uraccan) y la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), en trabajos de diagnósticos territoriales, llegaron a San Juan de Nicaragua y fueron repelidos a balazos por el Ejército hasta obligarlos a salir del territorio.
El jefe del Estado Mayor del Distrito Naval Atlántico (DNA), del Ejército de Nicaragua, capitán de fragata Blas Hernández Mendoza, señaló que el percance contra los ciudadanos ramas ocurrió a finales del 2005.
CONFIRMAN BALACERA
“Para ese período estaban las invasiones de tierras en las áreas protegidas, nosotros pensábamos que se trataba de invasores y realizamos unos disparos preventivos”, aclaró el alto jefe.
“Nosotros hemos trabajado con los indígenas ramas, les hemos asignado custodias cuando así lo solicitan para realizar sus trabajos, no es cierto que no los dejamos circular ni trabajar”, indicó.
En tanto, la delegada del Marena en Bluefields, Ilenia García Peralta, al ser consultada al respecto, confirmó el incidente, pero lo justificó como “una equivocación”.
“El año pasado unos ingenieros que trabajan en la universidad Uraccan y que apoyan al Gobierno Territorial rama con su autodiagnóstico, al ingresar a la reserva biológica Indio Maíz, fueron detenidos en uno de los puestos y trasladados para averiguar qué andaban haciendo, son mecanismos que utiliza el Ministerio del Ambiente para evitar que personas ajenas a las áreas protegidas ingresen e invadan, como los falsos indígenas tomatierras. “Todo fue una confusión”, aclaró.
MARENA NIEGA
García negó que el Marena oriente al Ejército de Nicaragua no permitir el ingreso de pobladores ramas a las áreas protegidas.
Entretanto, el comunitario Hilario McCrea dijo que ni siquiera a las mujeres y niños que necesitan pasar por los retenes militares de la reserva Indio Maíz para ir al hospital se les han permitido pasar.
“El Ejército los amenaza con armas de guerra para intimidarlos e impedirles el paso”, denunció McCrea.
BOLAÑOS EN RETIRADA
Los dirigentes indígenas rechazan mediante un escrito ante la CSJ que el Gobierno Central, a través del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), pretende ejercer un comanejo de las tierras de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Caribe del país y decidir unilateralmente sobre ellas.
Tal medida gubernamental también está consignada en el artículo 69 del decreto 01-2007, que entró en vigencia el 11 de enero, un día después que Ortega asumió el poder.
“El gobierno del señor Enrique Bolaños elaboró un documento, un decreto, que viene a violentar los derechos de las comunidades indígenas y étnicas, dos días antes de su retirada y es publicado el primer día después que hace entrega al Gobierno”, dijo Wilfredo Jarquín Lang, procurador de Derechos Humanos del Atlántico Sur.
El recurso contra el sandinista Daniel Ortega fue interpuesto ante la CSJ por Sebastián McCrea Ruiz, presidente del territorio rama; Pearl Marie Watson, primera secretaria del Gobierno Territorial rama y creol, y Frank López Monroe, presidente de las autoridades territoriales de las diez comunidades indígenas y afrodescendientes de la cuenca de Laguna de Perlas.
VIOLAN DERECHOS
“Esto viola los artículos establecidos en la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de Nicaragua y de los Ríos Coco, Indio y Maíz, aprobado en el año 2003”, reza parte de un documento-denuncia del Gobierno Territorial rama y creol en poder de LA PRENSA.