- Enrique Quiñónez sostiene que primero buscarán la aprobación de una normativa para solicitar indultos
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El presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Enrique Quiñónez, informó ayer que no introducirá ningún proyecto de indulto hasta que no se elabore y apruebe una normativa que defina quiénes pueden solicitar el perdón de sus penas.
Quiñónez, diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), comentó que ya había introducido un proyecto, pero por cuestiones de forma fue rechazado por la Primera Secretaría del parlamento.
La situación, agregó Quiñónez, le permitirá llamar a sesión de emergencia el martes a la comisión que preside, para solicitarle a sus miembros reuniones con organismos de derechos humanos con el propósito de elaborar una normativa que deje establecido que las personas que cometieron asesinato atroz, traficaron drogas o cometieron violación no podrán ni siquiera ser candidatas a un indulto.
“He tomado la decisión de consultarle a la comisión y cabildear con las asociaciones para crear una normativa que enviaremos al plenario para su aprobación”, dijo Quiñónez.
En una lista actual de 332 personas que solicitan el indulto, están incluidos reos condenados por cometer asesinato atroz o traficar drogas.
Un caso es el de Carelia Castellón, quien asesinó atrozmente al empresario Douglas Guerrero y está incluida por tercera ocasión entre quienes buscan un indulto, lo que provocó el rechazo de los familiares de la víctima.
El diputado por el PLC sostuvo que sin una normativa no se puede negar el derecho de solicitar un indulto a quienes cometieron asesinato atroz o traficaron sustancias prohibidas.
Sin embargo, Quiñónez indicó ayer que no descarta que en estos momentos algunos abogados sobornen a funcionarios públicos para lograr indultos a favor de sus clientes.
“Puede ser que algún tipo de abogado o persona quisiera cobrar para borrar o limpiar (las fichas) por altas sumas de dinero, para conseguir el indulto y podría hasta darse lo que dice (el diputado) Carlos Gadea, que las fichas vienen tipificadas con delitos que no son por los que en realidad fueron sentenciados los reos”, manifestó Quiñónez.
Gadea denunció que el expediente de algunos reos dice que cometieron robo, cuando en realidad ejecutaron asesinato.
Entre otras anomalías está la desaparición de las hojas de evaluación de los reos.
En más de una ocasión se ha denunciado de un posible tráfico con los indultos, sin que hasta el momento se haya realizado una investigación satisfactoria.
En el 2001 se denunció que una red de funcionarios habría cobrado hasta tres mil dólares por cada indultado.