- El nuevo presidente se alinea a las ideas bolivarianas para proponer cambios profundos en Ecuador
Guayaquil
Chamanes invocan a los dioses para limpiar de malas energías al nuevo presidente Rafael Correa. Un pueblo indígena que entrega, por primera vez en la historia de Ecuador, el poder a un presidente. Y un mandatario que da su discurso inaugural en quechua en una parroquia de Zumbahua, a 100 kilómetros de Quito. Si a esas imágenes se le suma el acompañamiento de los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales, ambos vistiendo ponchos similares al de su colega anfitrión, no quedan dudas del inocultable cambio de época que vive Ecuador. Un cambio acentuado al día siguiente en la ceremonia oficial de cambio de mando cuando Correa agradeció la espada de Simón Bolívar entregada por Chávez recordando la frase “Alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por la América Latina”.
Correa necesitará del poder de las comunidades indígenas, de la buena energía y de espadas que lo guíen para alcanzar el impostergable objetivo de darle estabilidad política a un país que está estrenando el octavo presidente en 10 años. ¿Podrá Correa cimentar la gobernabilidad que pide a gritos Ecuador? Es una pregunta que aún no tiene respuesta. Por lo pronto, el flamante presidente, que había moderado su discurso en la segunda vuelta electoral, parece decidido a alinearse con Chávez para cumplir sus objetivos de cambio profundo.
Cuando asumió el poder el 15 de enero pasado, convocó a una consulta popular el 18 de marzo próximo. ¿El objetivo? Decidir si habrá o no una Asamblea, de plenos poderes, que reforme la actual Constitución. La apuesta de Correa pasa por transformar la estructura jurídica y el sistema de representatividad ciudadana en el país. No será una tarea fácil. Las fuerzas opositoras del ex candidato presidencial Álvaro Noboa y del destituido Jefe de Estado Lucio Gutiérrez concentrarán su poder en el Congreso, donde Correa no tiene participación porque concurrió a la última elección sin lista parlamentaria.
El resultado de esa peligrosa pulseada entre dos tipos de populismo y del enfrentamiento entre dos poderes del Estado signará la primera etapa del gobierno de Correa, un economista de 43 años con una maestría en la Universidad de Illinois en Estados Unidos y la Universidad de Lovaina, Bélgica. Por lo pronto, el nuevo gobierno quiere aprovechar su luna de miel con buena parte de la sociedad ecuatoriana para apurar los cambios. De acuerdo a la empresa de análisis Quantum, en Guayaquil y Quito, el 73 por ciento apoya la convocatoria de la Asamblea Constituyente. De este universo, las dos terceras partes piensan que la Asamblea debe reemplazar al Congreso. Son estas cifras la base de lo que Correa llama “la revolución ciudadana”, que exige un cambio ante el descrédito de una dirigencia política tradicional acusada de corrupta e ineficiente.
En todo caso, Correa puede asentar su poder en el buen momento macroeconómico por el que atraviesa Ecuador gracias, fundamentalmente, a los altos precios del petróleo. El país finalizó 2006 con un 3 por ciento de inflación, el nivel más bajo en los últimos 37 años. “Lo ideal sería que el próximo gobierno hiciera un manejo ordenado de las finanzas públicas para mantener la inflación baja en el futuro porque ésta es la mejor política social”, expresa Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal de las Naciones Unidas. “Vamos a necesitar de la inversión privada y para atraerla tendremos que generar condiciones favorables para atraer ese capital”.
Los primeros pasos de Correa no parecen ir en esa dirección. Además de anunciar la reestructuración de la deuda externa para atender objetivos sociales, el nuevo mandatario aboga por una reforma al Banco Central de Ecuador, porque —según dijo— “no se justifica tener un organismo emisor en un país dolarizado”. Esas palabras provocan ruido en los oídos de los empresarios. “El país nunca había vivido una incertidumbre tan grande como la de ahora”, expresa Mauricio Pinto, presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha. Los principales representantes de los sectores productivos desconocen la agenda económica que llevará adelante el presidente Correa, con quien no han concertado una agenda a corto, ni a mediano plazo.
Lejos de los planteos empresariales, los planes del nuevo gobierno pasan por lanzar una reforma tributaria que incluye bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12 por ciento a 10 por ciento, lo que significará una reducción superior a los US$400 millones anuales en los ingresos del Estado. El director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, asegura que esa pérdida se puede compensar con la creación de un impuesto sobre los activos de las empresas. “El sector privado se esfuerza para crecer e insertarse en la globalización, pero lo hace sin la ayuda del sector público y ha debido pagar un costo muy alto por la inestabilidad política del país”, se queja Fabián Albuja, ex superintendente de Compañías.
En la última década, tres presidentes elegidos en las urnas fueron destituidos por el Congreso en medio de revueltas populares. Correa quiere torcer ese destino. Y también deberá meter mano en la resolución de graves problemas estructurales: en el dolarizado país la mitad de la población económicamente activa está desempleada o subempleada, y el 60 por ciento de los ecuatorianos es pobre. Habrá que confiar en que la limpia de los sabios de las comunidades indígenas le acerque a Correa la suficiente buena energía para que pueda cumplir con la tarea.