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El gobierno del presidente Daniel Ortega es señalado de manejar una política de comunicación secretista e intolerante. (LA PRENSA/G. MIRANDA)

El secretismo como política de Estado

El Gobierno y sus aliados imponen su estilo frente a la libertad de expresión: secretismo como política oficial de comunicación, bozal como orden a los funcionarios públicos y despido si desobedecen, y para rematar, diputados pactistas impulsan leyes contra la transparencia pública [doap_box title=”Ataques frontales” box_color=”#336699″ class=”archivo-aside”] Ahora, a menos de 100 días de gobierno […]

  • El Gobierno y sus aliados imponen su estilo frente a la libertad de expresión: secretismo como política oficial de comunicación, bozal como orden a los funcionarios públicos y despido si desobedecen, y para rematar, diputados pactistas impulsan leyes contra la transparencia pública
[doap_box title=”Ataques frontales” box_color=”#336699″ class=”archivo-aside”]

Ahora, a menos de 100 días de gobierno sandinista, hay quienes ven claras amenazas contra la libertad de expresión, y las señales de ello aparecen como nubes negras en un horizonte incierto.

Primero se congeló la publicidad estatal, luego el Gobierno ratificó y aplicó medidas tributarias que limitan los beneficios económicos de los medios de comunicación.

A la par de eso, pusieron en marcha una estrategia de comunicación que tiene por norma no dar información a los medios de comunicación, excepto a “sus medios”.

La misma estrategia divide a los medios de comunicación en dos grupos: aliados y oficiales, y “adversarios de derecha”.

Sin que fuese suficiente, diputados liberales y sandinistas, aliados ambos en sus negociaciones políticas, aprobaron reformas al Código Penal donde dejan oscuridades entre los conceptos de “información pública” e “información privada”.

Algunos analistas consideraron que los legisladores dejaron una trampa contra la libertad de expresión, al aprobar en el nuevo Código penas carcelarias de hasta dos años para los funcionarios que filtren documentos e información de carácter “privado” y para las personas que los divulguen.

Al mismo tiempo, el presidente Daniel Ortega ha lanzado fuertes críticas contra el Diario LA PRENSA y el Canal 2 de Televisión, mintiendo sobre la situación del pago de impuestos de estas empresas al Estado y calificando a dichos medios como “oligarcas” y “mentirosos”.

Durante la campaña electoral del 2006, el entonces candidato presidencial del FSLN, Daniel Ortega, repitió innumerables veces que respetaría la libertad de expresión y a los medios.

En el siglo XX

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El lunes 26 de marzo cayó la primera víctima directa de la libertad de expresión en tiempos del nuevo gobierno sandinista: la ex directora del Instituto Nicaragüense de Cultura, Margine Gutiérrez.

¿Cuál fue su pecado? Haber violado el estricto código de silencio y secretismo que el gobierno de Daniel Ortega instauró como estrategia de comunicación.

Ella dio una entrevista al Diario LA PRENSA y ahí dijo lo que pensaba sobre el regalo de los dos manuscritos de Rubén Darío que el presidente sandinista le hizo a su homólogo venezolano Hugo Chávez.

“No saludar” el hecho y decirlo públicamente a un medio de comunicación a quien el Frente Sandinista (FSLN) considera “enemigo” y “adversario” fue suficiente elemento para ser echada del cargo.

La castigaron y ella misma aclaró la causa de su despido: “Al final estoy muriendo como corresponde, por la libertad de expresión”.

Ello ocurrió en un clima tenso entre el nuevo gobierno y los medios de comunicación. Organizaciones civiles han denunciado como ataque contra la libertad de expresión una serie de medidas y hechos de la actual administración y sus funcionarios.

Lo último contra la libertad de expresión, perpetrado desde la Asamblea Nacional, es la interposición de mociones que pretenden cambiar el espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública y aprobarla como una ley que protege a los funcionarios públicos y limita a los medios de comunicación en su búsqueda de anomalías en el ejercicio de la función pública de los servidores del Estado.

Dardos al corazón

Cristiana Chamorro, periodista y directiva ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, principal institución promotora de dicho documento, analiza el proceso y los peligros que corre la aprobación de la citada ley.

Inicialmente el tema de una ley de este tipo se puso en debate en 1999 por un grupo de periodistas, quienes propugnaban por una ley que principalmente apoyara al Estado a combatir la corrupción, por medio de la facilidad de la ciudadanía en tener acceso a la información pública.

Luego pasaron a una siguiente etapa donde diversas asociaciones de la sociedad civil retomaron el tema y se organizaron como un grupo promotor con iniciativa de promover la ley, como una forma de combatir la corrupción con mecanismos legales.

En el 2006 este grupo logró consensuar un primer proyecto de ley, logró que el documento tuviera todos los estándares de otras leyes a nivel internacional, lo sometió a la Asamblea, el Legislativo la dictaminó y desde entonces se esperó que la Asamblea Nacional la aprobara.

Es en este proceso de aprobación, donde surgen los temores y duda sobre el tipo de ley que buscan aprobar los diputados y aunque Chamorro no se muestra alarmada, sí manifiesta preocupación por las mociones que los diputados están presentando a la ley, mismas que podrían alterar el espíritu original del proyecto.

“Esperamos que en la Semana de Pascua los diputados recojan las observaciones que el Grupo Promotor con la Fundación Violeta de Chamorro le han hecho a las mociones que los legisladores han elaborado, porque el peligro es que esto en vez de apoyar a la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado, retroceda y se vuelva una ley del bozal. Ese es el gran peligro”, advierte Chamorro, quien aclara que entre las mociones hay unas que no contrarían la naturaleza fiscalizadora del proyecto, pero que del mismo modo “hay modificaciones que van directamente al corazón de la ley”.

Por ejemplo, en términos generales, ella señala que a algunos artículos le introducen mayor discrecionalidad, amplían términos que confunden y no precisan algunas situaciones.

Sin embargo, los artículos que sí son directamente preocupantes, a juicio de Chamorro, son aquellos que dicen que no se puede conocer cuánto ganan directamente los funcionarios, sus declaraciones de probidad, sus situaciones económicas y sus posibles actos delictivos.

Además, introducen términos que dejan a la discrecionalidad del funcionario decidir lo que es o no información reservada.

“Sus actos delictivos ellos los califican como derecho privado, entonces da la impresión que están defendiéndose de posibles delitos, yo les digo que ellos están legislando como si van estar ahí toda la vida, y no están legislando para construir un sistema legal de transparencia. No piensan que alguna vez van a volver a ser ciudadanos comunes que van a necesitar de esas leyes”, advierte la periodista.

UNA PLAYA PARA DECIDIR

El tema de la modificación de la ley de acceso a la información pública ha tocado fibras sensibles de la sociedad nicaragüense y los diputados de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, mismos que analizan la ley, han anunciado “mayor atención” a la demanda de los organismos de la sociedad civil al respecto.

Los miembros de esa Comisión anunciaron que pasarían la Semana Santa (del lunes 2 de abril al domingo 8 de abril) en una encerrona en el hotel de playa Montelimar, para discutir las mociones que han generado alarma entre los organismos que defienden la libertad de expresión.

José Pallais, presidente de la Comisión, dijo que en esta reunión se estudiarán los puntos que no se han consensuado sobre la ley, además de avanzar en la aprobación del Código Penal.

Durante la semana la Comisión informó de un conjunto de mociones a la Ley de Acceso a la Información, que incluyen catalogar como “información reservada” decisiones o acuerdos realizados por instituciones del Estado, sentencias que están en proceso, así como información relacionada con defensa y seguridad.

Pallais dijo que estas mociones no tergiversan el objetivo de la Ley de permitir a la población acceder libremente a la información de carácter público, sino que la decisión de incluirlas dentro de la nueva legislación tiene “motivos de seguridad” y “un mejor funcionamiento del Estado”.

El diputado también dijo que las mociones propuestas a la ley no están relacionadas a la política de secretismo que hasta ahora desarrolla la nueva administración, que prohíbe a los funcionarios públicos hacer declaraciones sin el permiso previo de la esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo.

“Se busca que la administración sea efectiva y sana. La Ley da un avance importante en la transparencia y difusión de la información, y en el proceso de discusiones va a resultar la mejor Ley posible, de eso no tengo ni una duda”, dijo Pallais en nombre de la Comisión.

La cruz ante el diablo

A Cristiana Chamorro le preocupa que la Ley nazca muerta, pero asegura sentir esperanzas de que no ocurra así y que la Comisión asuma su promesa y el proyecto no termine como objeto de negociaciones entre las bancadas liberales y sandinistas, dadas a perseguir beneficios políticos en la discusión de leyes de trascendencia nacional.

“A nosotros la Comisión nos presenta las mociones, pero ellos dicen que tienen que ir a negociar con otras bancadas, pero hay diputados que sí han manifestado su apertura a una ley como esta”, dice la periodista.

Ella expresa que ve oportuno que en la Semana de Pascua, después de Semana Santa, los diputados estudien las mociones, lean las recomendaciones que les he hecho el Grupo Promotor y tomen conciencia “de que estas mociones más bien pueden revertir los esfuerzos a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción”.

Chamorro no puede dejar pasar por desapercibida que la resistencia a la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública se da en el contexto de una aplicación de estrategia comunicativa del gobierno sandinista que practica el secretismo como política de Estado.

“Yo pensaba que el nuevo Gobierno venía diferente, pero me da la impresión que mantiene aquella posición de que la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública, es para ellos como cuando le enseñas la cruz al diablo”, expresa.

La directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro dice que le llama la atención que en este Gobierno exista una política de comunicación secretista, que trata de controlar la información que dice tener la verdad y a descalificar al que piensa distinto, y que al mismo tiempo haya esta resistencia a darle paso a esta ley.

LO QUE DIGA LA SECRETARÍA

“Llama la atención el hecho de que el año pasado hubo un esfuerzo grande de las instituciones del Gobierno que trabajaron para facilitar la información desde sus páginas web, pero ahora vemos que las páginas web están desactualizadas y que no hay más información oficial que la se dicta en la Secretaría del FSLN”, detalla Chamorro.

Otro que manifiesta preocupación, pero optimismo al mismo tiempo, es el diputado Adolfo Martínez, miembro de la Comisión de Justicia y diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).

Él dice que “no cree” que el resto de diputados que pertenecen a la Comisión se opongan a que no avance la moción que declara como privada la declaración de probidad de los funcionarios públicos, que es la que mayor descontento ha generado.

“En la ALN consideramos fundamental que las declaraciones de probidad sean públicas para garantizar la transparencia en la función del Estado. Vamos a discutir en la bancada todo lo relacionado con secretismo, que es chocante e inaceptable”, dijo.

Martínez catalogó de “lamentable” la posición del Gobierno en lo relacionado a su política de comunicación y criticó la decisión de despedir a una funcionaria del Estado por emitir públicamente opiniones contrarias a las oficiales, tal y como ocurrió con la ex Directora de Cultura.

“Lamentamos que se den estas circunstancias en el Gobierno. Hay quienes creíamos que el FSLN venía con una política de apertura y no de control”.

“Esto nos hace retroceder y recordar un Frente que no va con la corriente democrática de Centroamérica”, expresó Martínez.

LA PRENSA intentó obtener una versión del tema con la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía, pero en la sede del FSLN repitieron la misma respuesta desde el 10 de enero: “Se les va avisar si la compañera Rosario puede responder”.

Luego no avisaron nada.

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