La Procuraduría General de la República de Costa Rica contempla en su ley orgánica el despido de sus empleados que se casen entre sí, una situación embarazosa ya cuestionada ante el más alto tribunal del país centroamericano, informó ayer el diario La Nación.
La norma establece que, cuando una pareja de funcionarios de esa institución contraiga matrimonio, uno de los cónyuges perderá el empleo.
Así lo sentencia el Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que precisa que “no podrán desempeñar cargos, simultáneamente, personas ligadas entre sí por parentesco de consanguinidad o de afinidad”.
Y agrega que “en caso de matrimonio entre servidores de la Dependencia, uno de ellos deberá ser cesado de su relación de servicio”.
Ese impedimento contraviene el Artículo 192 de la Constitución Política de Costa Rica, que subraya que los trabajadores públicos “sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificada que exprese la legislación de trabajo”, indica la información.
Una pareja de abogados que prevé casarse y que labora en la Procuraduría elevó su caso ante la Sala Cuarta Constitucional, para que se determine si el impedimento violenta la Constitución.
“No hemos cometido ningún delito ni cualquier anomalía para que nos echen, comentó el novio, Ricardo Mora.