En reiteradas ocasiones, la ciudadanía ha expresado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones del actual Presidente de la República, Daniel Ortega. Ha rechazado, por ejemplo, su innecesario alineamiento político con los aventureros e insensatos gobiernos de Irán y Venezuela; su caprichosa negativa a despachar desde Casa Presidencial o desde cualquier otro edificio público; el secretismo y la ley del bozal impuesta a sus ministros y otros funcionarios, so pena de despido inmediato; el peligro de una monodependencia del Alba con detrimento del DR-Cafta; las continuas y continuadas barridas de empleados públicos en clara violación a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; la utilización del cardenal Obando y Bravo en un Consejo de Paz y Reconciliación cuyo verdadero objetivo no está claro; su intención de cambiar el actual sistema de Gobierno; la pretendida reforma constitucional para garantizar —entre otras cosas— su reelección presidencial; el incumplimiento de las promesas de campaña a sectores sociales específicos, etc. Ortega incumple el mandato presidencial de conservar, proteger y desarrollar el sistema democrático y trata de imponer artificial y autocráticamente un modelo económico-político importado de Venezuela y Cuba. Sus mismos aliados en la Convergencia Nacional —que le ayudaron a reconquistar el Poder Ejecutivo— han expresado que el Presidente debe rectificar algunas de sus decisiones.
La intención de los distintos sectores ciudadanos no ha sido ni es molestar a Daniel Ortega o tratar de hacerle la vida imposible sino más bien ayudarlo a que mantenga el país en el rumbo correcto, a que gobierne apegado a Derecho y a que tenga una gestión exitosa, para bien de toda la nación. Además, las críticas, por un lado, dan por sentado que el Presidente de verdad desea contribuir a la paz y la reconciliación de los nicaragüenses, como decía el eslogan de su campaña electoral y, por otro lado, que Ortega tiene algún grado de sensatez y madurez política para escuchar y rectificar sus desviaciones. Lamentablemente, la mayoría de estos señalamientos han caído en saco roto. El Presidente no ha oído con atención y más bien da la impresión de tomar cualquier crítica a su gestión como un ataque personal. Su reacción va desde la burla y la ironía hasta el capricho y la testarudez, pues a veces hace exactamente lo contrario de lo que la gente le pide. Esto es peligroso. Con su reacción, el mandatario nicaragüense está demostrando menosprecio hacia el 62 por ciento de ciudadanos que no votó por él y confirma que, al margen de la opinión pública, va a seguir con su proyecto personal.
En consecuencia, la ciudadanía está cambiando de estrategia y ha comenzado a hacer llegar sus reclamos de otras maneras. Los maestros, por ejemplo —a pesar del boicot de los sindicalistas pro Gobierno— se decidieron a reclamar sus derechos por medio de manifestaciones públicas, incluyendo una huelga de hambre, para exigir al Presidente que les cumpliera su promesa de incremento salarial y lograron, aunque sea en parte. Al principio, Ortega y su Ministro de Educación minimizaron a los educadores diciendo que se trataba sólo de “unos cuantos”. Luego, dijeron que los maestros estaban siendo manipulados políticamente. Pero nada de eso era verdad. Los trabajadores simplemente se cansaron de hablar y exigieron al Presidente que se dejara ya de discursos demagogos y que diera soluciones concretas a su problemática. ¿Cómo puede Ortega hablar de “pueblo presidente” y de “democracia directa” cuando se negó a hablar con la delegación de maestros que llegó a su residencia? Probablemente, en su mente, el “pueblo presidente” es sólo el 38 por ciento que votó por él.
El hecho es, pues, que la ciudadanía ha comenzado a demostrar que no se va a quedar con las manos cruzadas mientras se gesta una nueva dictadura que atropella la institucionalidad y el Derecho. Los años 80 quedaron atrás. Por lo tanto, el Presidente haría bien en cambiar de actitud y manejar la cosa pública desde la perspectiva de un estadista y no en calidad de secretario del Frente Sandinista. La paz y reconciliación pasan necesariamente por el respeto a los ciudadanos, a las leyes, a la democracia, a la libertad de prensa y al no alineamiento político internacional. Sin estas cosas no puede haber el clima necesario para el desarrollo.