- La ley deja en manos del Estado, decidir si una investigación periodística tiene fuentes acertadas o no
[/doap_box]
El polémico artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública se convirtió en una verdadera trampa para los periodistas, al regular por un lado el periodismo y, por otro, al hacer creer que, en general, los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes, de acuerdo al comunicólogo Guillermo Rothschuh Villanueva.
Los diputados estipularon en el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública que “el ejercicio de este derecho de acceso se realizará de manera responsable, proveyendo información de interés público a la colectividad de carácter completo, veraz, adecuadamente investigada y contrastada con las fuentes que sean convenientes y oportunas”.
Analistas en el tema han dicho que esa regulación al periodismo está fuera de lugar en una Ley de Acceso Ciudadano a la Información.
LAS FUENTES SON EL ESTADO
“No cabía dentro de una Ley de Acceso a la Información. La convierte en un híbrido y la pone a cabalgar a medio camino entre una Ley de Acceso a la Información y una ley que pretende regular el ejercicio del periodismo”, manifestó Rothschuh.
Los diputados defienden el artículo al manifestar que no existe ninguna disposición coercitiva, pero Rothschuh insistió en que la normativa está fuera de lugar.
“La contrastación de fuentes es un contrasentido, porque las fuentes tuyas en este caso son las fuentes oficiales (de Gobierno)”, añadió Rothschuh.
OTRO ENGAÑO
Además, el ex decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Centroamericana dijo que la disposición de no revelar las fuentes también es otro engaño.
“Quien ejerza labores periodísticas no está obligado a revelar sus fuentes de información ni el origen de sus noticias, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por sus informaciones”, dice el tercer párrafo del artículo 46.
Rothschuh indicó que la protección de las fuentes a las que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública es únicamente a las de esta iniciativa, es decir a los funcionarios de Gobierno que están supuestos a facilitar de oficio los datos a cualquier ciudadano.
Diferentes organismos que han promovido esta ley, consideran que la misma es un avance significativo contra el secretismo estatal, pero al mismo tiempo reconocen que los legisladores se extralimitaron al pasar a regular el ejercicio periodístico en el polémico artículo 46.