¿Cuál es exactamente la relación entre los Consejos del Poder Ciudadano orteguistas, el combate a la pobreza y el desarrollo de la democracia? Ninguna. Hugo Chávez dice —y Ortega lo repite— que “si queremos acabar con la pobreza hay que darles poder a los pobres”. Pero ¿qué significa eso en términos prácticos? Prácticamente nada. Es pura retórica. Los pobres en Nicaragua son los maestros que hacen huelga, los obreros que demandan trabajo, los hasta el momento ocho mil jefes de familia echados por razones políticas de la Presidencia, de la Asamblea Nacional y de los ministerios tanto en Managua como en los departamentos. ¿De qué empoderamiento popular estamos, pues, hablando?
Por otro lado, ¿cuál es la necesidad objetiva de crear una nueva estructura de participación ciudadana? ¿Qué tienen de malo las ya existentes? Sobre todo, considerando que, como informó LA PRENSA en su edición del 22 de mayo, estos Consejos del Poder Ciudadano están dirigidos por los secretarios políticos del partido Frente Sandinista, los cuales responden a los intereses de Daniel Ortega. Ahora bien, Hugo Chávez dice que el Estado y la sociedad no deben ser conceptos separados y, en un sentido, tiene razón. Pero en una democracia hay que distinguir entre el partido de gobierno, el Estado y la sociedad, sobre todo, entre estos dos últimos y el primero. De lo contrario, lo que hay es una dictadura partidaria.
El concepto de “poder popular” no es nuevo. En América Latina se puso de moda a finales de los años cincuenta del siglo pasado, con el triunfo de la revolución cubana y dos décadas después con el triunfo de la revolución sandinista. Este concepto desapareció —por razones obvias— a finales del siglo XX pero ha resurgido en el presente en la forma de una izquierda obtusa representada por Hugo Chávez y Evo Morales. Sin embargo, se trata de un muerto resucitado que está condenado a volver a morir por la falta de consistencia y de sinceridad de sus líderes.
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “poder” significa tener la expedita facultad o potencia de hacer algo. En una democracia, la Constitución Política otorga amplias e irrestrictas libertades a la ciudadanía para que se organice como quiera y haciendo uso de su poder soberano, influya en las decisiones del Gobierno. Los nicaragüenses ya ejercen ese poder desde hace 16 años sin necesidad de los tales Consejos del Poder Ciudadano. Es precisamente porque en Nicaragua triunfó la democracia que Ortega pudo ganar la Presidencia sin que nadie haya amenazado al nuevo gobierno con “bañar el país de sangre”, como lo hicieron ellos cuando ganó doña Violeta Barrios de Chamorro en 1990. Pero los gobiernos dictatoriales crean estructuras que limiten esa libertad como, por ejemplo, el sistema único de participación ciudadana que impulsa Ortega con sus consejos.
Libertad significa que el pueblo no tiene que informar al Estado de sus iniciativas ni pedirle permiso para organizarse o manifestarse por medio de agrupaciones de distinta naturaleza. Quiere decir, además, que el Estado no ejerce controles verticales sobre la ciudadanía, que no interfiere con ella sino que le permite el espacio para decidir lo que quiera hacer dentro del marco institucional establecido por la Constitución y las leyes. El Estado democrático no le dice al pueblo cómo debe organizarse; no le impone “consejos comunales” ni “consejos populares” ni “comités de defensa partidaria” —que al fin y al cabo vienen a ser la misma cosa— en los cuales debe necesariamente expresarse.
Como decía Thomas Mann, en boca de su Adrian Leverkühn, “la democracia de los países occidentales, esencialmente situada en la línea del progreso humano y del perfeccionamiento social, es capaz, por su propia naturaleza, de renovarse, de rejuvenecerse, de adaptarse a una mayor justicia social” (“Doktor Faustus”, II, 122). Así que estas improvisaciones populistas no constituyen un progreso sino más bien un retroceso en el desarrollo democrático al que aspira el mundo moderno. La insistencia de Daniel Ortega de impulsar sus Consejos de Poder Ciudadano es un claro indicio de su tendencia al control totalitario. Sin embargo, la mayoría de nicaragüenses despertó hace mucho de la embriaguez ideológica y no volverá a tropezar con la misma piedra.