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Costa Rica y Nicaragua buscan acuerdo migratorio

CORRESPONSAL / COSTA RICA Costa Rica busca acuerdos migratorios con autoridades de Nicaragua, con el interés de regular el flujo de inmigrantes nicaragüenses hacia este país. El Ministerio de Seguridad Pública, informó que el titular de esta cartera, Fernando Berrocal, se reunió en San Carlos con instituciones de Costa Rica y Nicaragua, junto con el […]

CORRESPONSAL / COSTA RICA

Costa Rica busca acuerdos migratorios con autoridades de Nicaragua, con el interés de regular el flujo de inmigrantes nicaragüenses hacia este país.

El Ministerio de Seguridad Pública, informó que el titular de esta cartera, Fernando Berrocal, se reunió en San Carlos con instituciones de Costa Rica y Nicaragua, junto con el Monseñor Ángel San Casimiro, para analizar la situación migratoria que vive actualmente la zona norte del país.

El Cantón de San Carlos, ubicado al norte de la capital, es una de las zonas de mayor recepción de inmigrantes nicaragüenses, sobre todo los que desean emplearse en labores agrícolas como corte de caña, cultivo de piña y tubérculos.

El diálogo sostenido en la reunión, desembocó al final en un mayor respaldo a las reformas migratorias que se encuentran en el congreso costarricense y la cuales permiten humanizar la legislación vigente, que impide la contratación de extranjeros indocumentados y otorga mayores facultades a la policía migratoria para hacer deportaciones.

Aunque Berrocal se comprometió a seguirlas impulsando, las reformas planteadas por el ejecutivo, prácticamente se encuentran estancadas porque en el congreso existen leyes de mayor prioridad de los diputados que tienen entrabada la agenda, como las que complementarán la aplicación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

El nuevo proyecto de reformas incluye el cobro a los extranjeros de una tasa de 25 dólares para financiar servicios en salud y educación.

El director de Migración, Mario Zamora, detalló que la propuesta plantea 25 dólares anuales para los extranjeros residentes y cinco dólares al año para las otras condiciones migratorias.

Unas 400 mil personas estarían en capacidad para pagar el primero y unas 200 mil personas el segundo, según Zamora. «Nos quedarían alrededor de 300 mil que están en condición ilegal pero que se buscará incorporarlas al sistema, apuntó».

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