En la celebración del 19 de julio pasado, la señora Rosario Murillo informó a los presidentes Daniel Ortega y Hugo Chávez del progreso de la organización de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Según la señora Murillo, hasta esa fecha habían 6,634 CPC en los cuales están inscritas 500,288 personas. La proyección para el 14 de septiembre de este año es que haya 16,957 CPC con una afiliación de 938,523 miembros.
Ahora bien, la creación de estos consejos no puede verse como algo separado o independiente del Alba sino más bien como su consecuencia directa. El Alba más que un tratado comercial es una alianza política entre gobernantes neototalitarios que están comprometidos a terminar con el sistema de gobierno republicano y democrático representativo que ha prevalecido en América Latina desde el fin de la colonia española e instaurar en su lugar una forma de gobierno que denominan “democracia directa”. En Venezuela los CPC se llaman Consejos Comunales (CC) y fueron creados en marzo del 2006 por la Ley Especial de los Consejos Comunales.
Desde luego que la participación ciudadana es positiva y necesaria en cualquier sociedad democrática, pues los ciudadanos reivindican sus derechos, hacen sugerencias, toman iniciativas encaminadas a mejorar sus comunidades y la calidad de los servicios públicos y, en general, ayudan a que las autoridades constituidas hagan un mejor trabajo. Pero el poder de decisión permanece en las autoridades, es decir, en los alcaldes, ministros, legisladores, Policía, etc. Cuando los Consejos Ciudadanos van más allá de eso, se crea artificialmente un poder paralelo y se produce un choque inevitable de autoridades que —como bien dice el alcalde de Managua, Dionisio Marenco— puede a la postre producir caos.
Un marxista comunero venezolano llamado Carlos Betancourt, aboga precisamente porque los CC venezolanos se conviertan en un poder totalmente independiente del Estado. En un artículo que circula en el internet, Betancourt dice que los Consejos Comunales deben estar en capacidad de (1) crear sus propias instituciones revolucionarias, (2) no aceptar por encima suyo a ningún otro poder, (3) construir su propia Asamblea Popular Permanente (parroquiales, municipales, regionales, nacionales), (4) ser organismos deliberantes y hacedores de sus propias leyes y reglamentaciones, (5) ser organismos ejecutivos que lleven a cabo sus propios proyectos, (6) ser organismos judiciales, que establezcan penalidades y sanciones a quienes infrinjan las normas establecidas, (7) construir sus propios mecanismos y redes de seguridad, y (8) ser autónomos ante el aparato del Estado, ante los partidos políticos, ante los sindicatos y ante la jerarquía eclesiástica. Betancourt concluye: “Los Consejos Comunales deben ser el embrión del poder revolucionario socialista y los futuros sustitutos del papel que hoy le está reservado a alcaldes, gobernadores y al Estado.”
Sin embargo, hay una diferencia entre esta visión de los CC de Betancourt y la visión de Chávez. El presidente venezolano quiere Consejos Ciudadanos con poderes extraordinarios pero no independientes sino bajo su estricto control. En Nicaragua, la diferencia sería que Rosario Murillo coordinaría los Consejos del Poder Ciudadano. La idea es que los CPC sean una extensión y complemento del Presidente y que como tales, le ayuden a mantenerse en el poder de forma indefinida y le permitan intervenir en los distintos ámbitos de la vida nacional. Los CPC podrían hacer esto en calidad de fuerzas de choque —lo cual ha quedado ilustrado con las amenazas del diputado Gustavo Porras de sacar a las calles turbas compuestas, obviamente, por los miembros de los CPC, si los diputados “se atreven” a revertir las reformas a la Ley 290 que ellos mismos aprobaron— o como medios de presión hacia los otros Poderes del Estado, alcaldías, sociedad civil, etc.
Daniel Ortega y Rosario Murillo necesitan los CPC no sólo porque es el modelo diseñado para el proyecto neototalitario del Socialismo del Siglo XXI sino también para compartir conyugalmente el poder y porque debido a su minoría parlamentaria no pueden imponer libremente sus condiciones a la Asamblea Nacional. Max Weber decía que “el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia”. Eso es lo que el matrimonio Ortega-Murillo quiere hacer por medio de sus CPC.