Es obvio que el Frente Sandinista pidió la cabeza de Alejandro Bolaños Davis. Pero ¿de quién dependía la decisión de destituirlo de su diputación? ¿Podían los magistrados danielistas del Consejo Supremo Electoral (CSE) hacerlo sin la complicidad de los magistrados arnoldistas? Claro que no. Arnoldo Alemán dio la orden para que el CSE violara la Constitución, se arrogara una función que no les correspondía y votara a favor de su destitución.
Siendo esto así, no cabía esperar que los diputados arnoldistas de la Asamblea Nacional actuaran contra los magistrados arnoldistas del CSE; ni que los magistrados arnoldistas de la Corte Suprema de Justicia —viejos y nuevos— fueran contra los diputados arnoldistas de la Asamblea Nacional. Todo es parte de una misma cadena y trama. Los Poderes del Estado están, sin excepción, divididos en dos bancadas que hacen lo que quieren con la Constitución y las leyes. El Pacto produce sus perversas consecuencias día tras día. Lo ocurrido era, pues, de esperarse. Lo triste es que aquellos que se supone deben velar por el respeto a la ley, sean sus principales violadores y ¿quién los juzga a ellos por este delito?
En realidad la destitución de Bolaños Davis no se hizo de manera automática por la oposición de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y algunos liberales que conservan cierto pudor. Así que el debate sobre la destitución de Bolaños Davis sólo se estancó brevemente en la Asamblea Nacional, un terreno que se ha vuelto movedizo para los caudillos pactistas. En el foro legislativo había una buena cantidad de votos a favor de que Bolaños Davis conservara su escaño. Ortega y Alemán lo sabían y por eso se pusieron de acuerdo para que el plenario no votara sobre el asunto.
La estrategia de Arnoldo Alemán fue hacer creer que estaba a favor de Bolaños Davis. El PLC publicó, incluso, una resolución en este sentido. Pero en el último momento, los directivos arnoldistas de la Asamblea Nacional sacaron de la manga de la camisa la carta —o más bien la daga— escondida. Propusieron un recurso innominado sin que se cumplieran los requisitos legales para su existencia y ALN mordió el anzuelo. Básicamente, Alemán —a través de sus delegados en la junta directiva— estaba sacando temporalmente de la Asamblea Nacional el debate sobre Bolaños Davis y mandándolo a un terreno más firme, o sea a la Corte Suprema de Justicia, donde como en el CSE sus órdenes no se discuten. Y la Corte, por supuesto, confirmó la decisión del Consejo Supremo Electoral y sentó un precedente temerario. Ahora el CSE ha adquirido el poder de destituir diputados electos y en posesión de su cargo. Con esta movida, Arnoldo Alemán pretende recuperar el control de sus diputados “insubordinados”, so pena de destituirlos.
Ahora bien, más allá de la destitución del diputado Bolaños Davis hay que preguntarse qué se repartieron Daniel Ortega y Arnoldo Alemán como resultado de este acuerdo. Lo más probable es que a cambio de la cabeza de Bolaños Davis ruede también, próximamente, la de Eduardo Montealegre. Y a cambio de este podría rodar después la de Enrique Quiñónez o Maximino Rodríguez, y así sucesivamente. Aparte de la recuperación del control de la Asamblea Nacional, los pactistas tienen sobre la mesa otros temas como los Consejos de Poder Ciudadano, los fondos de la venta del petróleo venezolano, la Ley Marco y, como han comenzado a hablar algunos, la recomposición de la Asamblea Nacional. En consecuencia, los diputados cuyo interés es la conservación de la democracia y del Estado de Derecho, deben despertar del letargo, perder el miedo y aprender de los errores. Fue un error dejar pasar el recurso innominado, porque el resultado de todas maneras hubiera sido el mismo, con la diferencia de que la traición del PLC al acuerdo de apoyar a Bolaños Davis habría quedado en evidencia.
El diputado Wilfredo Navarro justificó el recurso innominado diciendo: “Existe planteado un conflicto entre los dos poderes y atrincherarnos en nuestras posiciones significaría un enfrentamiento entre poderes del Estado, que no cabe si queremos seguir el proceso democrático”. Pero ¿de qué proceso democrático habla Navarro? ¿Qué cosa peor le puede ocurrir a una democracia que permanece cautiva del caudillismo, el autoritarismo y la corrupción?