Corresponsal/Matagalpa
Al menos 20 personas forman parte de una red dedicada a la falsificación de documentos, para traficar bienes muebles e inmuebles en el departamento de Matagalpa, actividad por la cual incurren en diferentes delitos que han sido denunciados ante las autoridades policiales por particulares afectados.
La red de falsificadores ha provocado un caos jurídico sobre el derecho de propiedad, pero las averiguaciones policiales y la documentación de los casos avanzan con lentitud.
“Son delitos complejos y hay que documentar bien todo para demostrar plenamente la comisión de esos delitos”, aseguró recientemente el ahora segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional y anterior jefe departamental de la misma especialidad en Matagalpa, comisionado Cruz Alonso Sevilla Midence.
Mientras tanto, la red delictiva ha simulado transacciones con fincas en varios municipios del departamento, al menos una casa en pleno centro de la ciudad de Matagalpa y más reciente las ventas de por lo menos media docena de vehículos, según documentación en poder de LA PRENSA.
En las fraudulentas transacciones, los integrantes de la red han falsificado firmas y sellos de notarios y registradores de la propiedad, avalúos catastrales, recibos fiscales, solvencias municipales, minutas y recibos de depósito bancario, entre otros, incurriendo en los delitos de asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos y privados, estelionato, estafa, usurpación de identidad, entre otros ilícitos tipificados en el Código Penal de Nicaragua.
De acuerdo con el jefe departamental de la Policía en Matagalpa, comisionado mayor Marlon Montano Mendoza, agentes de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional en conjunto con sus homólogos en Matagalpa, además de investigadores de la DAJ, continúan documentando todos los casos que han sido denunciados.
Indicó que las denuncias incluyen presuntas anomalías detectadas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Matagalpa, y la alteración de escrituras para transacciones con vehículos.
“Estamos seleccionando todos esos casos y vamos a hacer el debido proceso, sobre todo a los abogados que proceden a hacer ese tipo de cosas”, dijo el mando policial.
Hasta el 11 de julio de este año, la DAJ de la Policía en Matagalpa y la delegación regional de la Procuraduría General de la República tenían documentados 22 casos de propiedades estatales que habían sido objeto de transacciones ilegales, a partir de la falsificación de documentos, confirmó en esa fecha el Procurador Regional de Justicia para el Norte, Gonzalo Arauz Hernández.
“Es una red bien organizada y la tenemos detectada. De todas maneras vamos a actuar en su debido momento, cuando tengamos las evidencias precisas que es lo que nos cuesta un poco (encontrarlas), porque si esto es organizado, si es preparado con anticipación, no dejan muchos resquicios (aberturas) por dónde rebuscar, no dejan evidencias, entonces allí están las técnicas nuestras para poder resolver estos casos”, manifestó Montano.