El jurista Gabriel Álvarez dijo ayer que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ratificó la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE), de quitarle la diputación a Alejandro Bolaños Davis “es una ostentación de violaciones a la ley” que raya con el prevaricato.
“En el fondo se trata de una resolución que va contra texto expreso de la ley, además de sacarse de un sombrero de mago una técnica jurídica que no tiene cabida en este caso, y de ocultar su negligencia y su irresponsabilidad, habría que ver si esa actuación no constituye prevaricato”, señaló el jurista, quien participó en un foro sobre las competencias, límites y controles del CSE, organizado por el Movimiento por Nicaragua (MPN).
TEORÍA SIN CABIDA
Según Álvarez, “los argumentos jurídicos esgrimidos en dicha sentencia se basan en la famosa inelegibilidad sobrevenida”, que no es más que una teoría jurídica que se aplicó en el contexto de los años de posguerra en Alemania, y que se deriva de la “inconstitucionalidad devenida”, que no es más que el nacimiento legal de una norma, pero puede convertirse en ilegal cuando la Constitución se modifica.
“Ese fue un fenómeno que ocurrió en Europa, pero en este caso esa teoría no tiene sentido ni pies ni cabeza. Eso sólo fue la utilización de un recurso seudo-técnico para hacer un despojo político. ¿Por qué razón? porque no ha habido ningún cambio normativo que permita valorar, ahora, como ilegal, un hecho que antes fue valorado como legal”, aseguró.
EL TEMA DE LA NACIONALIDAD
Álvarez también es de la opinión que Bolaños Davis no debía renunciar a ninguna nacionalidad puesto que siendo él hijo de nicaragüenses en el extranjero, nuestra Constitución lo reconoce como nicaragüense a él y además la ley habla de renuncia de una nacionalidad adquirida y no de una nacionalidad originaria, puesto que él nació en Missouri, pero es hijo de dos nicaragüenses.
El inciso tres del artículo 16 de la Constitución señala que son nicaragüenses “los nacidos en el extranjero, de padre o madre que originalmente fueron nicaragüenses…”
“Esa sentencia es una verdadera farsa, una patraña decir que hay una ilegalidad sobrevenida por motivos desconocidos en su momento”, agregó Álvarez.
MOVIMIENTO POR NICARAGUA: GOLPE A LA ASAMBLEA
Mientras tanto la directora ejecutiva del MPN, Violeta Granera, expresó que tanto la resolución del CSE como la sentencia de la CSJ “es un caso de instrumentalización de la institucionalidad con fines políticos que se origina en una denuncia particular de actos de corrupción, pero que sienta un gravísimo precedente para la institucionalidad y el Estado de Derecho”.
Según Granera, ese gravísimo precedente se expresa en la autoridad que se ha dado al CSE para tomar decisiones que van más allá de sus competencias constitucionales, lo que puede llegar a constituirse en un verdadero golpe de Estado a la Asamblea Nacional.
El jurista Juan Ramón Avilés pidió al diputado Enrique Sáenz, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que presenten una moción en la Asamblea Nacional para abrir un expediente contra los magistrados del CSE y buscar la destitución de éstos por la decisión que tomaron.