Se le llama dictadura institucional al gobierno que es elegido por medio del voto popular, pero usa las instituciones democráticas de manera arbitraria, retuerce la ley y la aplica caprichosamente, de acuerdo con sus particulares intereses, o dicta leyes excepcionales que lo habilitan para ejercer el poder autoritariamente, sin respetar el consenso político y social básico que es indispensable para el funcionamiento del sistema democrático.
Una dictadura institucional es precisamente la que ha impuesto el teniente coronel Hugo Chávez en Venezuela, así como la que el presidente Daniel Ortega está tratando de imponer en Nicaragua. Y una acción típica de dictadura institucional es la que se ha tomado contra la empresa privada Esso Standard Oil, que es la más reciente pero no la primera y seguramente tampoco es la última de una serie de disposiciones autoritarias que atentan contra la seguridad jurídica, atropellan el Estado de Derecho, ahuyentan las inversiones nacionales y extranjeras y afectan negativamente las posibilidades de desarrollo económico y progreso social.
En realidad, desde el 10 de enero de este año el presidente Ortega y el FSLN han venido imponiendo una dictadura institucional, que dicta y ejecuta decisiones en forma autoritaria, manipula las instituciones y atropella la legalidad. Tales han sido, sin dudas de ninguna clase, los casos siguientes:
1. La toma del Centro de Convenciones Olof Palme —que es propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y por lo tanto patrimonio de sus asegurados— supuestamente para instalar allí la oficina presidencial, lo que finalmente ni siquiera se hizo; 2. La instalación de la oficina presidencial en la residencia familiar del presidente Ortega, que es al mismo tiempo la sede de su partido FSLN; 3. El despido masivo de funcionarios y empleados públicos competentes y experimentados, para sustituirlos con miembros y simpatizantes del partido oficialista, inexpertos e ineficaces en su gran mayoría; 4. La destrucción al estilo nazi-estalinista de la fuente musical de la Plaza de la República; 5. La manipulación del caso de los Cenis para chantajear a adversarios políticos; 6. La utilización de los poderes del Estado para despojar de su diputación a Alejandro Bolaños Davis, como castigo porque denunció públicamente que prominentes miembros del FSLN intentaron extorsionar a empresarios turísticos, y 7. El uso de las instituciones estatales como armas para ajustar cuentas políticas y personales con el ex presidente Enrique Bolaños.
Desde que se estableció la democracia y comenzó a funcionar —aunque precariamente— el Estado de Derecho en Nicaragua, hace 16 años y medio, la seguridad jurídica y económica no había sido atropellada tanto como ahora. En estas circunstancias, igual que la Esso cualquier empresa, nacional o extranjera, puede ser acusada por la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) u otra entidad gubernamental, de evadir el pago de impuestos o violar alguna reglamentación, para justificar embargos confiscatorios y someterlas al chantaje gubernamental.
La situación es muy preocupante. Pero todavía se puede impedir que se consolide esta dictadura institucional y continúen sus desmanes. Esto depende de que los diputados democráticos de la Asamblea Nacional se unan y aprueben las leyes necesarias para la protección de la democracia, como la reforma a la Ley 290 para quitarle a los Consejos sandinistas del Poder Ciudadano sus pretendidos atributos totalitarios, la Ley de Defensa de la Libertad de Expresión y de Prensa, y otras que prohíban cualquier política gubernamental que atente contra la vigencia efectiva de las libertades y los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses.
Como hemos dicho en otras ocasiones, sólo el poder frena al poder. El poder dictatorial del Gobierno debe ser contenido por el poder democrático de la Asamblea Nacional, pero también por el poder de la resistencia popular.
La defensa de la libertad y la democracia no se puede confiar sólo a los diputados, sobre todo considerando que algunos o muchos de ellos tienen con los caudillos pactistas, corruptos y autoritarios, compromisos que son más fuertes que su juramento de servir al pueblo y defender las instituciones democráticas de la República.
La libertad y la democracia deben ser defendidas con las instituciones y las leyes, pero también en la calle, con movilizaciones cívicas como la que ha convocado el Movimiento por Nicaragua para el 9 de septiembre próximo en Masaya.